lunes, 24 de marzo de 2014

Gracias Sr. Suárez

Cuando el Sr. Suarez inició su carrera política yo no había nacido y era un niño de EGB cuando tras la muerte de Franco y el efímero gobierno de Arias Navarro, el Rey, que por aquélla época reinaba y gobernaba,  lo eligió Presidente del Gobierno.

En mi memoria de adolescente guardo las imágenes de los guardias civiles entrando en el Congreso metralleta y pistola en mano, el recuerdo de lo que estaba haciendo cuando me enteré del asalto, el testimonio de la firmeza y dignidad de un Presidente del Gobierno consciente de su responsabilidad en tan grave situación y las tensas horas, radio en mano hasta que el golpe se resolvió de nuestro lado. También guardo la imagen de un político honrado que practicó el sano ejercicio de la dimisión cuando se hizo evidente que ya no contaban con él y que, en consecuencia, corría el riesgo de convertirse en un problema en vez de en una solución.  

Ayer, 23 de marzo de 2014, el Presidente Suarez falleció en Madrid a los 81 años de edad y, en tan sólo un día, son muchas las cosas que se han dicho de la persona y del político por quienes le conocieron personal o profesionalmente. Todos los comentaristas han hablado sobre su ambición, sobre su personalidad y su capacidad de convencer, sobre su dignidad como político que le llevó a hacer frente a los golpistas o a dimitir cuando se vio abandonado por los suyos y atacado por todos los flancos. No se ha dejado de hablar sobre su capacidad de trabajo y sobre su valentía al llevar adelante su proyecto de concordia entre los españoles y de democracia para España. Se ha resaltado su vocación de servicio a España y a los españoles y se ha ponderado su patriotismo. Otro tanto se ha hablado sobre su amistad con el Rey, su relación con Torcuato Fernández Miranda,otro gran protagonista de esta parte de la historia de España,  o con su mentor en los primeros momentos de su carrera política Fernando Herrero Tejedor. También se ha hablado sobre el abandono que sufrió al final de su carrera política, sobre las traiciones y deslealtades que padeció al mismo ritmo que la democracia se abría paso en nuestro país. Sin olvidar a los españoles que seguíamos queriéndole pero, desagradecidos y de flaca memoria, le dimos la espalda a partir del 82 en su nueva aventura política lo que le llevó a decir aquéllo de "queredme menos y votadme más".

Y también muchos han sido los testimonios y comentarios sobre su vida personal y familiar. Una familia que está dando un gran ejemplo de responsabilidad, de respeto y de amor a la figura de su padre, abuelo, suegro etc... con su presencia permanente en la capilla ardiente del Congreso en lo que para ellos son unos durísimos momentos. Y se ha hablado sobre las vicisitudes personales y familiares que ha tenido que afrontar durante su vida, de su sacrificio en pos de la tarea que tenía encomendada y, finalmente, de su enfermedad que le ha tenido ausente y sin recuerdos los últimos once años de su vida.  

No obstante, todas las cosas que se han dicho del Presidente Suarez se pueden resumir en un documento que, para mi, constituye su legado para todos nosotros: la ley para la reforma política. Una sencilla ley que es el origen del profundo cambio que sufrió nuestro país a finales de los años 70 y principios de los 80 pasando, de forma pacífica, de una dictadura a una democracia. Un proceso que es imposible de llevar a cabo sin la intervención de ese factor humano que fue Suarez en ese momento. Un político que mira a largo plazo y que es capaz de comprender que las decisiones importantes, las duraderas, son responsabilidad de todos y que todos debemos participar en su  adopción.

Una ley para la reforma política que llama la atención por su simplicidad y brevedad, que contrasta con algunos textos legales actuales y demuestra que cuando se sabe lo que se quiere no hace falta dar muchos rodeos,  pero que encierra en si misma casi una Constitución democrática. En su articulado aparecen definidos conceptos como la soberanía nacional, el respeto  a los derechos fundamentales por parte del poder político, el sufragio libre y directo, el papel secundario de la Corona que empieza a dejar de gobernar para sólo reinar, la división de poderes reforzando el carácter legislativo de las cámaras etc... Sin olvidar, la cláusula de cierre que garantizaba la irreversibilidad política del cambio que se encuentra en el párrafo segundo del artículo quinto cuando se impide a las Cortes ir en contra de la voluntad de los españoles expresada en referendum so pena de disolución. 

La lectura de ese texto legal, obra de D. Torcuato Fernández Miranda, y el análisis del contexto en el que se produjo todo este cambio político con un entramado jurídico e institucional franquista dan cuenta de la dificultad de la empresa que se estaba afrontando, de la altura de miras de los protagonistas de ese cambio y de la dificultad que debió entrañar la negociación para sacar adelante el texto final de la ley. Defensa en la que la personalidad y el empuje del Presidente Suarez fue, sin duda, determinante.

Una personalidad y un empuje que se manifiestan en el texto del discurso de defensa del proyecto de ley para la reforma política y en la forma tan efectiva que tuvo y que tenía el Presidente, para transmitir el mensaje.

Un discurso que terminó con unos versos "de un autor español". Nada más y nada menos que D. Antonio Machado, uno de tantos españoles que murieron en el exilio. Una cita que es muy ilustrativa de lo que  el Presidente, el Rey y D. Torcuato Fernández Miranda tenían preparado para después pero que también podría aplicarse a los duros momentos que nos está tocando vivir.

¡Qué importa un día!. Está el ayer alerta
al mañana, mañana al infinito,
hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana -ni el ayer- escrito.

Gracias, Sr. Suarez
D.E.P.




Ahora resulta que los funcionarios españoles son los más competentes

Me remite por correo electrónico mi compañero y amigo Jose María Aguilera* una noticia del diario lainformacion.es que lleva este interesantes titular: el informe Pisa de adultos derriba un mito: los funcionarios son los más competentes. 

Al parecer los funcionarios españoles demuestran una mayor capacidad en comprensión lectora y matemáticas que los empleados de la empresa privada que, a su vez, superan a sus propios empleadores. 

Los resultados de este estudio echan por tierra los más bajos lugares comunes sobre la función pública que se han asentado en la sociedad española y son la clara demostración de que el problema de los servicios públicos se resuelve gestionando mejor, aprovechando la formación y el potencial de los recursos humanos de los que se dispone y no privatizando servicios en favor de determinados colectivos o lobbys. 

Este estudio no hace sino avalar el sistema de acceso a la función pública que se encuentra recogido en el artículo 103.1 de la Constitución para que la Administración Pública sirva " con objetividad los intereses generales" y actúe "de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley ya al Derecho".

Y para ello, es necesario que la ley regule (art. 103.3 CE): " el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades  y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones"

De todos modos, siendo importante este reconocimiento,  tampoco es que podamos darnos por satisfecho porque ese mismo informe deja a España y a los españoles adultos en general en niveles muy bajos respecto de los otros 23 países de la OCDE analizados. 
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* Jose María Aguilera es autor de dos estupendos blogs de oposiciones en Justicia y de empleo público en general cuyos enlaces puedes encontrar entre mis blogs de interés. 

miércoles, 12 de marzo de 2014

El dia después a la ruptura de las negociaciones sobre el Registro civil

El día ha estado movido. La noticia dada ayer por el diario Expansión sobre la ruptura de las negociaciones entre Ministerio y Registradores se ha visto refrendada hoy en varios medios como el diario El País o el diario de noticias jurídicas la ley

Pero la cosa no quedaba en una ruptura sin más. El diario el Economista apunta a otro tipo de desavenencias entre los Registradores y el Ministerio de Justicia. Amenazas de expedientes y anuncios de demandas tras una reunión tensa, muy tensa en el Ministerio de Justicia que presagiaba la ruptura. Y tampoco parecen que los Registradores sean un cuerpo monolítico. Ya ha habido manifestaciones a favor del proyecto del ministerio dentro de los colegiados aunque sean minoría tal y como se demostró el año pasado en Zaragoza.

Aun así, el Ministerio de Justicia sigue buscando fuera de casa la "solución" al Registro civil en vez de aprovechar lo que tiene más cerca: sus funcionarios de Justicia. Por este motivo, el sindicato CSIF ha emitido una nota de prensa en la que vuelve a reivindicar a los funcionarios de Justicia como única alternativa válida para implantar un servicio público de Registro civil moderno y eficaz. Lo mismo han hecho alguna asociación de Secretarios y CCOO aunque estos últimos, curiosamente, no han emitido nota alguna. 

No obstante, a última hora de la tarde el Ministro Gallardón, de visita en Barcelona, se ha mostrado enigmático sobre quienes se harán cargo del Registro civil diciendo que serán funcionarios públicos pero, de ningún modo los Jueces.


Una vuelta de tuerca más a esta historia que, en todo caso, tendrá un desenlace antes del próximo 22 de julio fecha en la que tendría que entrar en vigor la ley de 2011. Caben varias opciones pero se resumen en dos: una ampliación de la vacatio legis para seguir buscando o una ampliación de la vacatio legis para realizar la adaptación del registro civil una vez que se ha tomado una decisión final. Si esto fuera la televisión, estaríamos ante un final de temporada o un final de la serie. Más madera....

martes, 11 de marzo de 2014

Nuevo registro concursal

A propósito del artículo anterior sobre las nuevas tecnologías, ayer el Colegio de Registradores anunciaba la puesta en marcha del Registro concursal y del portal web por el que se accederá a la información en él contenida, todo ello de conformidad con el RD 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público concursal.

No se porqué pero creo que, a partir de ahora, todos los registros van  a incluir la coletilla de público como si el hábito hiciera al monje. También dice que su acceso será gratuito y libre salvo en el caso de las inhabilitaciones contenidas en las sentencias de calificación no firmes a las que sólo accederá el órgano judicial previamente acreditado electrónicamente. 

En relación con la Administración de Justicia en este Registro concursal (público claro está) se insertarán todas las decisiones judiciales correspondientes al proceso concursal cuya publicidad esté prevista en la Ley concursal y aquéllas resoluciones acordadas por Tribunales de Estados miembros de la Unión Europea. La forma de remisión según el artículos 8 y 9 del RD 892/2013  será electrónica a cargo del personal del Juzgado bajo la dirección del Secretario Judicial y a través de la aplicación que el Registro pondrá a disposición del Juzgado.

La pregunta surge de forma inmediata, ¿esta aplicación cumple con el test de compatibilidad?. ¿Estará integrada en el aplicativo de gestión procesal que tengan los Juzgados o habrá que salirse e introducir los datos a mano en el programa del Registro?. ¿Se ha previsto la existencia de ocho programas de gestión procesal en la Administración de Justicia en España?. ¿Por qué el Ministerio de Justicia renuncia una vez más a ejercer sus competencias y establecer la aplicación informática que deberá utilizarse y a velar porque esté plenamente integrada dentro del sistema de gestión procesal del Juzgado. Y siguiendo el razonamiento del Secretario General del Ministerio (ver artículo anterior), ¿hay alguna empresa detrás que esté ganando dinero con este nuevo programa?, porque alguien pagará todo ésto. 

Por otro lado, para el caso que no sea posible el traslado electrónico de resoluciones judiciales se entregarán al procurador del solicitante que de inmediato los remitirá al Registro Público Concursal y la pregunta desde el punto de vista de la economía procesal y personal del solicitante es si el Juzgado por alguna razón que desconozcamos no puede comunicar con mayor premura y sin intermediarios, la citada resolución al Registro, bien sea por correo; bien sea a través del personal funcionario que tiene encomendada dicha función por la LOPJ. 

pd.- como dato curioso adjunto un enlace al único TSJ que hasta la fecha daba información cumplida sobre los procesos concursales que se estaban tramitando en la comunidad autónoma de su jurisdicción. Una buena iniciativa dentro de la Administración de Justicia que el propio Ministerio de Justicia no ha considerado explorar. 

domingo, 9 de marzo de 2014

Sobre las nuevas tecnologías y la Administración de Justicia

Rescato unas manifestaciones del Secretario General del Ministerio de Justicia en julio de 2012 en la que denunciaba el caos informático en la Administración de Justicia acusando a las empresas de vender programas incorrectos y además añadía que debía ser el Ministerio de Justicia quien liderara y supervisara lo que estas empresas vendían. 

Pues bien, el problema no es de las empresas sino del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades autónomas que los compran sin exigir esa compatibilidad por desconocimiento o incluso por conveniencia..

En su día, hace muchos años, alguien decidió traspasar la gestión de los medios personales y materiales a las Comunidades autónomas por aquéllo de los pactos políticos y las cesiones a los nacionalistas con el beneplácito del Tribunal Constitucional.

El caso es que entre esos medios materiales traspasó la competencia sobre los programas de gestión procesal. Hubiera sido mucho más sencillo para todos que, el Estado representado en esta cuestión por el Ministerio de Justicia, hubiera guardado para sí esta competencia sobre los programas de gestión con un argumento bastante sencillo. El Estado tiene competencia exclusiva para dictar normas de contenido procesal; pues bien, los programas de gestión procesal son la cara informática de esas normas procesales y están íntimamente ligados a ellas. No se vio así y el resultado es que, Comunidad autónoma que conseguía los traspasos en materia de Justicia se ponía a contratar una empresa para comprarle un programa de gestión procesal propio y, por supuesto, el mejor de todos los programas de gestión procesal, no faltaba más. 

Así, pasaron los años. Algunas CCAA, las menos decidieron no gastarse el dinero en nuevos programas y siguieron con el del Ministerio hasta llegar a la situación actual de ocho plataformas distintas para hacer una misma cosa. Así, que a la hora de repartir culpas que cada palo aguante su vela. El Ministerio de Justicia perdió la ocasión de oro de liderar la introducción de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia  hace muchos años y, ahora, seguimos pagando ese error.  



martes, 4 de marzo de 2014

Algunos números sobre el negocio del Registro civil

En el Diario Norte de Castilla se publicaron hace unos días los datos del Registro civil de Valladolid durante el año 2013.

ACTIVIDAD DEL REGISTRO CIVIL DE VALLADOLID EN 2013
Inscripciones de nacimiento.5.485.
Matrimonios civiles. 888.
Defunciones 3.640.
Exhortos (de otros juzgados).2.338.
Fe de vida y estado civil.4.873.
Total de certificaciones expedidas.40.000.
Expedientes de nacionalidad: 1.364.
Expedientes de matrimonio. 1.127.
Otros expedientes (rectificaciones, cambios de nombre): 578.
Total de expedientes registrales: 3.183.



Pongamos que, como dijo el Ministro las inscripciones no se van a cobrar aunque sabemos que los Registradores en acuerdo vinculante de la Asamblea general exigieron una financiación ligada a la prestación del servicio. Poniendo la certificación a 20 euros y el expediente a 100 euros lo que sería un cálculo a la baja estaríamos hablando de 1,3 millones de euros para los Registradores de la capital castellana. Si metemos las inscripciones podríamos superar fácilmente el millón y medio. Estamos hablando de Valladolid con unos 350.000 habitantes, pensemos en Madrid, Barcelona que superan los 3 millones o Sevilla o Valencia que superan el millón, y luego sumemos. Hay que reservar ceros para ponerle a la cifra.

Pero atención, que aún hay más. La reforma del Registro civil lleva consigo la obligatoriedad de inscribir el otorgamiento y revocación de poderes y el domicilio. Sólo del primero podemos estar hablando de unos 4 millones otorgados el año pasado previo pago al Notario. Su inscripción a 30 euros el poder da como resultado unos bonitos 120 millones de euros. Del domicilio mejor no hablamos que nos podemos marear teniendo en cuenta que venimos de un boom inmobiliario.

Y nos quedan los seguros de vida, accidentes, y fallecimientos, planes de pensiones; testamentos que hasta ahora se gestiona por el Ministerio de Justicia a través de las Gerencias Territoriales de Justicia en cada Comunidad autónoma sin coste para el ciudadano salvo el del pago de una tasa para solicitar un certificado cuando fallece una persona. Un dinero que, con el proyecto de Gallardón, dejaría de ingresar el Estado para ir a  parar corregido y aumentado en su cuantía al bolsillo del Registrador.  

Y luego algunos dicen que no quieren el Registro civil pero que si el Ministerio quiere.... pues no les queda más remedio que hacerse con él. En fin...

Sobre financiación del Registro civil

Está claro que el modelo de Registro civil público debe garantizar que los retornos económicos y sociales de su prestación permanezcan siendo públicos. Cuando esos retornos económicos se aplican al bolsillo de una parte de esos ciudadanos estamos ante una privatización pura y dura.

No obstante, llama la atención que el Ministro Gallardón defensor de la imposición de tasas abusivas por lo que el llama "abuso" que hacen los ciudadanos de la Administración de Justicia se haya olvidado de esta fórmula para financiar el coste de modernización y funcionamiento de un Registro civil sin necesidad de convertirlo en un negocio privado para beneficio exclusivo de unos 800 ciudadanos Registradores de la Propiedad.

Una tasa moderada por la prestación del servicio y cuyo importe vaya a ingresar las arcas del Estado, es decir, se convierta en dinero de todos para invertirlo, por ejemplo, en el Registro civil. Un dato, en los años que van de 1991 a 2013 la población española ha crecido en unos 7 millones de personas. A nadie se le escapa que el Registro civil, cuyo objeto son las personas, haya incrementado su trabajo exponencialmente. Pues bien la plantilla de los Registros civiles no se ha incrementado en ningún efectivo.

El dinero ya no iría a engrosar el bolsillo de unos ciudadanos sino a mejorar el servicio público de todos los ciudadanos. Un Registro civil de los ciudadanos y para los ciudadanos y no un Registro civil de los ciudadanos y para los Registradores de la Propiedad.

Pero ahondando más en esta cuestión de la financiación un compañero me recuerda unas palabras del Ministro pronunciadas el pasado 3 de febrero delante de los Decanos Presidentes de los Notarios y Registradores. Vino a decir Gallardón que el sistema de arancel no se había creado para el exclusivo beneficio de los Registradores y Notarios. Dice mi compañero y, sin embargo, amigo que si no es así en beneficio de quién si no, ¿o es que destinan estos ingresos a alguna obra social?. Pero, admitiendo que el Ministro tiene razón y que este sistema permite mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, ¿por qué no se implantan el régimen de arancel en favor de los funcionarios que ya prestan sus servicios en los Registros civiles?.

En fin, dejo ahí la pregunta.

domingo, 2 de marzo de 2014

¿Se está negociando un arancel?

Dice el Gobierno que no pero algunos hechos no parecen hacer posible este desmentido. Es cierto que, el Decano en su carta no menciona la palabra arancel o precio pero sí que dice una cosa muy interesante al respecto:

"La Junta de Gobierno en todo momento ha mantenido una postura firme en defensa de los intereses de los Registradores y de su voluntad expresada a través de sus más altas instancias representativas". 

El Decano Presidente del Colegio de Registradores fue elegido tras fracasar el pasado año el proyecto defendido por el anterior Decano de que los Registradores asumieran el Registro civil "con cargo a su cuenta de resultados" tal y como se había comprometido el Ministerio de Justicia. 

Ese rechazo se produjo en Zaragoza y se adoptó en el seno de la Asamblea General de Registradores es el órgano supremo del Colegio en asuntos corporativos siendo sus acuerdos vinculantes para la Junta y para el Decano Presidente. (art. 8 apartados 1 y 4 de los Estatutos del Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles (RD 483/1997 de 14 de abril). Pero es que, además, los Registradores, en esa Asamblea pusieron como condición para asumir el Registro civil que se estableciera una fuente de financiación ligada al servicio (arancel) y que hubiera un gran consenso social. 

Pues bien, de lo anterior cabe concluir dos dos cosas:
  1. El Decano del Colegio de Registradores se está saltando los acuerdos de la Asamblea General a pesar de que está vinculado por los Estatutos a lo que se acuerde por ella. 
  2. El Ministerio no dice la verdad, el Decano está ejerciendo esa defensa de la postura de los registradores para la que fue elegido y se está discutiendo el establecimiento de un arancel en el Registro civil que es lo que acordó la Asamblea General de Registradores.  

Va a ser la segunda. 

Registro civil, ¿captura del regulador, conflicto de intereses?

En el debate sobre el Registro civil hay quien ha utilizado la expresión "captura del regulador" para expresar lo que está detrás del proyecto de entrega de este servicio público a los Registradores.

No obstante, en la normativa vigente existe otra expresión que también pudiera ser utilizada. Dice el artículo 4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado que:

“Artículo 4 Objeto
1. A los efectos de esta ley, hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.

A estas alturas es pública la condición de Registrador de la Propiedad del Presidente del Gobierno y de familiares directos suyos. Al ser una ley, la privatización del Registro civil se deberá aprobar por el Consejo de Ministros que el preside. 

También sabemos la condición de Registradores de algunos familiares del Ministro de Justicia impulsor de este proyecto.  

Por la carta del Decano Presidente del Colegio de Procuradores sabemos que en la mesa de negociación por parte del Ministerio están el Subsecretario, la Secretaria General Técnica y el Director General de Registros y del Notariado, a la sazón Registrador de la propiedad según se dice en la biografía colgada en la web del Ministerio de Justicia. 

Por la misma carta sabemos que se está negociando sobre arancel, la capacidad de auto-organización de los Registradores y la demarcación de los Registros civiles. 

Que cada uno saque sus conclusiones. 

Sobre la ley de transparencia y la privatización del Registro civil

Hace pocos meses el Gobierno presentó y el Parlamento aprobó una ley de transparencia que pretendía ser el enésimo comienzo de la regeneración política en nuestro país. Algún día, después de tanto insistir, igual por casualidad resulta que lo conseguimos pero si dependen de la voluntad de los políticos mal camino llevamos porque a la hora de aplicar estos principios a al práctica cotidiana surgen las excepciones, los matices o directamente, los incumplimientos.

Dice en su preámbulo la ley 13/2013 que:

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”


La privatización del Registro civil es una decisión que sin duda afecta a los ciudadanos y también al manejo de fondos públicos por lo que, si el Sr. Gallardón y el Sr. Rajoy se creyeran lo que aprobaron en Consejo de Ministros, la decisión del Registro civil debería someterse al escrutinio público, analizarse todas las alternativas y no hurtar a la sociedad que es crítica y exigente la posibilidad de participar en los poderes públicos. 

Hasta la fecha sabemos de la existencia de una negociación en toda regla sobre el Registro civil por el reconocimiento expreso del Decano del Colegio de Registradores en una carta a sus compañeros. Existen reuniones donde se está negociando el arancel, la demarcación etc... conocemos quienes son los interlocutores de los Registradores en el lado del Ministerio. 

El Ministerio a fecha de hoy desmiente que  haya tomado una decisión pero no ha desmentido la existencia de una decisión tomada pero en ningún momento ha desmentido esas reuniones. ¿es esta la forma en la que los ciudadanos podemos conocer cómo se toman las decisiones?. ¿Es ésto transparencia?

Es privatizar, no le demos más vueltas

Por mucho que se empeñe el Sr. Gallardón la entrega del Registro civil a los Registradores de la Propiedad es una privatización en toda regla. Decir que los Registradores son funcionarios públicos para rebatir esta idea es decir una verdad a medias por cuanto estos profesionales aun cuando mantengan algunas características de los funcionarios públicos en relación al ingreso o la provisión de plazas, no se encuentran en ninguna plantilla de ninguna Administración pública ni están insertados en la estructura de grupos que caracteriza a los funcionarios, no perciben un salario público sino que perciben un precio (arancel) a cambio de sus servicios, regentan un negocio enteramente privado (pagan impuestos como un empresario, contratan y despiden libremente a su personal, tienen capacidad de auto-organización de su despacho y si cuaja la propuesta de Gallardón incluso van a poder determinar la demarcación o mapa de los Registros), y lo regentan  en régimen de monopolio legal por cuanto el Estado les cede competencias en exclusividad estableciendo unas reglas que impiden la competencia entre ellos. 

Una característica de un servicio público es que sus retornos económicos vuelven a las arcas del Estado. El Registro civil se financia via impuestos directos (Presupuestos Generales del Estado) pero imaginemos que se pusiera una tasa testimonial. Es curioso que Gallardón, habiendo defendido como lo ha hecho la tasa en la actividad jurisdiccional no haya hecho lo propio en el Registro civil donde tendría bastante más sentido siempre y cuando fuera, como he dicho testimonial. Pues bien, el dinero recaudado por la tasa podría reinvertirse en el Registro civil para ayudar a su modernización. Es decir, ese dinero retorna al ciudadano, al servicio público.

En cambio, el arancel (que de testimonial va a tener muy poco) va directamente al bolsillo del Registrador de la Propiedad. Es decir, el retorno económico del ejercicio del servicio deja de tener un destino general para todos los ciudadanos y se aplica a la cuenta de resultados de un particular. Y eso es privatizar.