jueves, 9 de octubre de 2014

Lesmes sigue preocupado con la idea de politización del CGPJ e insiste en la concentración de partidos judiciales

Parecen temas diversos pero tienen el mismo denominador se trata de las dos grandes reformas de Gallardón e materia judicial.

Por un lado, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo. A este respecto hace bien el Presidente del Consejo en estar preocupado pues la reforma operada en el sistema de elección de vocales, además de estar en las antípodas de lo que el PP prometió en su programa electoral, no favorece, precisamente, que los ciudadanos tengamos una mejor opinión del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, Lesmes se muestra firme partidario de los Tribunales de Instancia algo que está detrás de esa concentración de partidos. Pero, el problema es que nadie ha argumentado porqué la justicia colegiada es mejor que la unipersonal. Los defensores de esta idea se limitan a decir que sería mejor pero no explican el porqué y un cambio tan radical de la Administración de Justicia en nuestro país exigiría un poco más de pedagogía y debate porque no se trata de imponer una organización judicial sino de ver si es o no apropiado y razonar porqué. Además, el proyecto de Gallardón de Justicia colegiada no es el único que existe. Basta con echar un vistazo a la doble primera instancia del tipo francés que sugirió, en 2011, la comisión de expertos para la reforma de la demarcación y planta.

Por otro lado, la reducción de partidos judiciales siempre ha estado en la mente del CGPJ con independencia de su composición. Recordemos la propuesta del año 2012 que suponía la eliminación de 232 partidos judiciales de un golpe. Una reforma bastante discutible aunque, todo hay que decirlo, estaba bastante más razonada que la que ahora se pretende. 

Además, ¿es sensato tener a la Administración de Justicia en una contínua convulsión reformista?. Reformar es bueno y a la Justicia de nuestro país le hace falta un buen cambio, pero cuando la NOJ y la NOF están como quien dice "en mantillas", cuando el expediente digital es una quimera y cuando los recursos siempre escasos, lo son ahora mucho más, exigen priorizar los objetivos; creo que es hora de ir a paso a paso y por su orden. 

Y una cuestión más, el Sr. Lesmes debería también preocuparse por el cambio en el régimen de imposición de costas en el orden contencioso administrativo que impide a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales tan diezmados en los últimos años, acceder a la Justicia en condiciones de igualdad frente a la Administración pública que, además, cuenta con los privilegios de la presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.

Las disminución de pleitos en este orden jurisdiccional tiene mucho que ver con este lamentable cambio legal y no tanto con la ley de tasas y, alguien tendrá que poner el interés general y el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia sobre el interés estadístico poniendo, entre otras cosas, los medios necesarios y removiendo obstáculos en vez de ponerlos en el camino de los sufridos ciudadanos. 

La CNMC rechaza la queja de los Registradores sobre la licitación del contrato de la plataforma digital del Registro civil

En realidad si unos lee la noticia, lo que ha dicho la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) es que no es competente para resolverla, vamos que se quita de en medio declinando el asunto a los Juzgados de lo contencioso administrativo. 

Veremos qué pasa tras esta decisión, si es que se confirma pues el diario cita fuentes conocedoras de la tramitación de la denuncia, pues la decisión de los Registradores de recurrir judicialmente el decreto del Gobierno o no dependerá de de si el proyecto sigue adelante o no y en qué condiciones. El lunes parece que saldremos de dudas sobre las intenciones del nuevo Ministro al respecto aunque es cierto que el Dictamen del Consejo de Estado no habrá dejado indiferente al Colegio de Registradores que sale reforzado. 

De todos modos, sigue llamando la atención que quienes rechazaron públicamente hacerse cargo del Registro civil en las condiciones impuestas por Gallardón; ahora estén interesados en participar del proyecto. ¿Será que han cambiado las condiciones o que ya se ha visto donde está el dinero?.

Por otro lado, os enlazo una circular del sindicato CSIF que fija posición sobre el Registro civil a la espera de conocer los planes del Ministro Catalá. Esto no ha terminado. 


sábado, 4 de octubre de 2014

Perspectivas sobre el Registro civil: hacia un nuevo modelo


Tras los tres últimos post, algo más largos de lo deseable, creo que se puede tener una visión de conjunto sobre lo que está sucediendo en el Registro civil. El futuro más inmediato del Registro civil pasa por la decisión del nuevo Ministro sobre el proceso posterior al RDL 8/2014 y por el nuevo organigrama que se vaya concretando en la estructura del Ministerio. De momento, uno de los impulsores de la privatización, el subsecretario, ya ha sido sustituido; y es de esperar que a más tardar en una semana se complete la transición. 

Si algo queda claro de este relato es que los ciudadanos se pierden entre disputas, dinero, contratos, empresas e intereses corporativo. Nadie se ha preocupado de explicar en qué iban a mejorar las cosas para el ciudadano en materia de Registro civil. Nadie se ha preocupado de investigar las causas de los problemas en el Registro civil presupuesto básico para poder remediarlos. Nadie se ha preocupado de analizar alternativas. Y todo ello porque la decisión se tomó "a priori" con fundamento a lugares comunes y prejuicios. 

Mi opinión es que debería paralizarse todo y aprovechar la nueva "vacatio legis" para plantear la reforma del Registro civil sobre la base del diálogo y la negociación con la participación de todos aquéllos que están involucrados en el funcionamiento del Registro civil y pueden aportar su experiencia para mejorar el funcionamiento incluidos los Magistrados porque frente a lo que se nos ha querido transmitir, que los jueces no querían el Registro civil, he podido leer un comentario al post de "hay derecho" de un Magistrado en el que queda claro que hay Jueces que no están de acuerdo con la desjudicialización.  

No obstante, creo que el Registro civil estaría perfectamente gestionado por funcionarios de Justicia pero si queremos que se nos escuche y se nos dé voz y voto en este asunto, no podemos negárselo a los demás.

El dato de satisfacción de los ciudadanos sobre el Registro civil, del que me hice eco en un post anterior, refuta las tésis del anterior equipo ministerial sobre el funcionamiento del Registro civil pero no quiere decir que las quejas no existan ni que no se deba reformar el Registro civil en su conjunto.

Bajo la premisa de un Registro, centro de destino de los funcionarios de Justicia y servido por éstos. 

Al Registro civil le hace falta un cambio empezando por su estructura pasando de ser un Registro civil de hechos a uno de personas. Esto ya estaba en la reforma de 2011 y es una de las cosas que me parecían bien de ese proyecto.

Al Registro civil le hacen falta medios personales suficientes y con una formación inicial y continua adecuada. Unas plantillas ordenadas a través de unas relaciones de puestos de trabajo claras que delimiten responsabilidades y reconocimientos.

Al Registro civil le hacen falta medios materiales, sobre todo, medios informáticos. Un Registro civil informatizado y, a la vez interconectado para poder gestionarlo como Registro único electrónico. Otra de las ideas de la ley de 2011 que también son válidas a mi juicio.  

En esta cuestión sería urgente que se habilitara el registro civil electrónico para asegurar la certificación de cualquier inscripción digitalizada con independencia del lugar de inscripción o incluso inscribir fuera de los límites territoriales que ahora existen. Luego sería necesario analizar los costes de adaptación de lo que ya se tiene INFOREG para que pueda utilizarse en un registro personal pues ahora, sigue la estructura de hechos registrales. 

Al Registro civil le hace falta una normativa nueva, adaptada a la realidad social del siglo XXI y coherente, es decir, que recoja toda la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado. Asimismo, es necesario mejorar la comunicación entre la Dirección General y cada Registro (yo diría con cada funcionario) a la hora de transmitir las instrucciones, circulares etc... y que estas se puedan consultar en un reservorio normativo, doctrinal y jurisprudencial gestionado y actualizado por la Dirección General.

Al Registro civil le hace falta un estudio de su demarcación aprovechando la actual y modificando lo que haya que modificar o, porqué no, comarcalizando en algunos casos los Registros civiles pero sin olvidar la necesaria cercanía al ciudadano. En este sentido se debería potenciar la función de Registro civil de los Juzgados y Agrupaciones de Paz servidos por funcionarios de Justicia. 

Al Registro civil le hace falta menos imposiciones y más acuerdo social, politico y profesional-sindical. Un acuerdo necesario en un proyecto a medio y largo plazo que precisa continuidad.

jueves, 2 de octubre de 2014

Registro civil: recapitulemos (III)

Tras la aprobación del RDL 8/2014, un mes más tarde se cambió la norma de delegación de competencias dentro del Ministerio porque por mucho que lo dijera el RDL el Director General de Registros y del Notariado no podía adjudicar el contrato de la plataforma digital ni supervisar la licitación.

Además, dos cuestiones se planteaban sobre el nuevo Registro civil:

1º La legalidad de esa nueva Corporación de Derecho Público y, más aún la intrincada solución para financiar el Registro civil a través de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil.

2º ¿Cómo es posible que unos profesionales que cobran por sus servicios renuncien a parte de sus ingresos y asuman más trabajo?

Sobre la primera cuestión, el Colegio de Registradores ya anunció acciones legales en contra. Sin duda, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio y el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto de 14 de septiembre de 2014 que desarrolla las previsiones de las Disposiciones del RDL en relación con la Corporación de Derecho Público habrán agradado al citado colegio pues suponen la demolición de esa Corporación de Derecho Público. Es cierto que el dictamen no es vinculante y habrá que esperar a ver que hace el nuevo Ministro al respecto pero parece que los argumentos jurídicos están bastante bien asentados como para fundamentar acciones legales y garantizar, dentro de lo que se puede garantizar en un proceso judicial, el éxito de la pretensión del Colegio de defender sus derechos y competencias reconocidas en la Constitución sobre el dominio de las aplicaciones de registro que usan en su trabajo. 

Sobre la financiación recomiendo la lectura de este artículo del blog "Hay derecho" y hay una cosa que me llama la atención ¿porqué el mismo Colegio que rechaza el Registro civil antes del RDL 8/2014 y que incluso lo rechaza en la primera nota de prensa después de conocer la decisión del Gobierno; ahora, quiere estar dentro del concurso y optar al contrato de la plataforma digital. Sólo se me ocurre una respuesta: detrás de esta operación hay dinero

Creo que en este mismo blog ya dejamos sentado el principio de que de algún sitio debía salir el dinero para pagar la fiesta al descartar que los Registradores sean una especie de millonarios altruistas dispuestos a sacrificarse por la sociedad. Y, ojo, que no creo que haya que exigirles este sacrificio porque podremos opinar sobre si cobran mucho o poco pero no que si su sistema retributivo se basa en cobrar por prestar un servicio deban renunciar a ello. De hecho, tal y como se señala en el artículo antes citado, si de verdad la financiación del Registro civil sale de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil tal y como se dice en el RDL 8/2014 y, dejando a un lado, la dificultad legal de que un usuario de un servicio pague otro distinto y teniendo en cuenta que, al menos que sepamos no habrá subida de aranceles, podríamos pensar que estos funcionarios estaban pagados en exceso por sus servicios. 

Desde que llevo analizando este problema he llegado a la conclusión que, en materia de financiación las fuentes podrían ser varias sin perder de vista que, al tratarse de una función pública siempre se podría contar con el colchón de papa Estado al rescate, es decir, de todos nosotros pagando el error de entregar un servicio sin financiación suficiente. Al final, el Registro civil que se pagaba con impuestos acabaría volviendo a ser financiado con los impuestos. Vamos que no necesitábamos estas alforjas para este viaje. 

De entre las otras opciones se me ocurrió la financiación por otros hechos registrales que se inventen y tenemos el ejemplo de la inscripción del domicilio, de los poderes (más de 3 millones anuales) etc... que podrían ser una fuente de financiación estable. O como se sugiere en el artículo de "hay derecho" por crear un nuevo concepto por el uso de la aplicación informática creando además, la obligación de usarla a terceros profesionales antes de realizar cualquier operación mercantil o hipotecaria. Al final éstos terceros acabarían trasladando este coste al ciudadano que requiere sus servicios. Es decir, no pagarían los usuarios del registro mercantil sino además un número cambiante de ciudadanos que realicen estas operaciones con obligación de consulta previa y uso de la aplicación informática. 

El problema como se dice en el mismo artículo es la opacidad. Seguimos sin saber algunos datos que permitirían despejar esta duda. Una opacidad que viene de la mano de la consideración de este contrato como de seguridad nacional. Una exageración a todas luces injustificada salvo porque se quiera utilizar con la finalidad de que el concurso se realice por el procedimiento negociado, con unas empresas invitadas y bien avenidas donde los criterios subjetivos priman sobre los objetivos. Esta opacidad podría estar dirigida a la protección de un polizón o "free rider"  que o bien no asume los riesgos o bien disfruta de unos beneficios que no puede compartir. Y aquí vuelve a aparecer FUTUVER.

Esto explica la sorprendente manifestación del Decano de los Registradores que en carta a sus compañeros les dice que el propio Ministro le recomendó unirse en una UTE con una empresa tecnológica  (¿en concepto de qué recomendó el Ministro esa unión?). Sin esa UTE no se podía participar en el concurso y, probablemente, no se podría participar en los beneficios que se pudieran obtener por la concesión del contrato.Y probablemente, de todo lo expuesto, también se entiende la preocupación del Ministro cuando el Decano le comunica que las tres empresas con capacidad tecnológica para estar en el concurso tenían "compromisos previos" ya que, si el Colegio se hacía con el contrato gran parte de los reparos del Consejo de Estado decaían puesto que el Colegio recuperaba su posición y sus competencias. Era una forma de solucionar el problema sin tener que retroceder. 

Y hasta aquí el relato de lo que ha acontecido en torno al Registro civil. Creo que no omití ningún dato, en todo caso, lo enmendaré en sucesivos post y en cuanto a las opiniones, son todas ellas susceptibles de ser rebatidas por cualquier mejor fundada. 

Sólo una cosa. Creo que todo este asunto ha llegado demasiado lejos. Creo que debería retirarse este proyecto. Creo que la solución del Registro civil pasa por los funcionarios de Justicia por ser la solución más sencilla, transparente y más beneficiosa para el ciudadano. Creo que el nuevo Ministro debería considerar las propuestas que le han lanzado los sindicatos y asociaciones y creo que debería consensuar el nuevo modelo con quienes dentro de un tiempo pueden acceder al Gobierno ya que el Registro civil como la Administración de Justicia necesitan un gran y continuado impulso con la dotación de medios personales y materiales a corto, medio y largo plazo. 


Registro civil: recapitulemos (II)

Tras la derrota de Zaragoza, el Ministerio de Justicia manifestó que renunciaba a su proyecto. La realidad nos ha demostrado que esa renuncia era impostada y que se siguió negociando con los Registradores hasta la abrupta ruptura tras la publicación de una carta del Decano Presidente a sus compañeros en la que se desvelaba que el Ministerio había decidido imponer la llevanza del Registro civil a los Registradores.

Esa ruptura provocó un segundo anuncio de ruptura de las negociaciones por parte del Ministerio y de que se  iba a buscar otras fórmulas que, en todo caso, pasaban por la atribución del Registro civil a varios cuerpos de funcionarios. , el segundo que tampoco fue tal, como anunció un sindicato días después. 

El 22 de julio pendía como espada de damocles sobre el Registro civil y debía tomarse una decisión antes de esa fecha en la que debía entrar en vigor la ley 20/2011. Una ley que estaba claro que no podía entrar en vigor porque encomendaba la función de Registro civil a Comunidades autónomas y Ayuntamientos que ya habían dicho que, con la crisis, no podían hacerse cargo del mismo. 

El Ministerio de Justicia, aparentemente estaba buscando esas alternativas, pero un buen día los funcionarios de los Registros civiles se encontraron con un formulario remitido por El Corte Inglés a quien el Ministerio había encomendado hacer un inventario. La pregunta inmediata era para qué se hacía este inventario y porqué se contenían preguntas como si se contaba con muelle de carga y descarga o cuanto medían los libros del archivo registral.  si como se decía se había renunciado al proyecto de los Registradores y cobraba fuerza la idea, oficiosamente confirmada desde el Ministerio, de una vacatio de dos o tres años. Es decir, como se dice en rugby, una patada a seguir, una huida hacia adelante trasladando la decisión hasta después de las elecciones de 2015. 

Esta posibilidad de la vacatio se fomentó desde el propio Ministerio mientras seguía negociando, esta vez discretamente, con una parte de los Registradores: con los derrotados de Zaragoza donde los Registradores con Registro mercantil a cargo. colegas del Director General de Registros y del Notariado, tenían mucha fuerza. 

Y esta es la vía que, al final triunfó. Hasta el último momento, el Ministerio de Justicia parecía barajar la vacatio legis como la solución ante el atasco que se había producido en la negociación con los Registradores, fundamentalmente por la gratuidad y la presión social y política creciente. Pero el 4 de julio (día de la Independencia en los USA) se publicó la decisión de entregar el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y mercantiles a cargo de oficinas de Registro mercantil que pasarían a denominarse Registradores civiles y mercantiles.

Además este RDL, el número 82 de la legislatura, creaba una Corporación de Derecho Público en la que se incluirían a todos los Registradores civiles y mercantiles cuyas cuotas serían las que financiarían el Registro civil (plataforma informática, oficinas salvo los archivos centrales a cargo del Ministerio y las CCAA y personal). Por último, el Registro civil sería gratuito para todos los ciudadanos.

Hasta aquí la segunda parte de este relato comentado sobre el proceso de lo que se ha venido en llamar privatización del Registro civil. Pero antes de terminar quisiera decir que, bajo mi punto de vista, el Ministerio de Justicia siempre tuvo clara su decisión y nunca barajó alternativa alguna. Este hecho llama la atención sobre todo por como se van a forzar las cosas a partir de la publicación del Real Decreto Ley y, porque entiendo que un responsable sea de una empresa o de una administración tiene la obligación de analizar las alternativas aunque sólo sea para justificar su decisión.

La decisión estaba tomada porque:

1º Se justificó inicialmente en una verdad a medias, es decir, una mentira, manipulando las quejas de los ciudadanos y poniendo a los pies de los caballos a los funcionarios de Justicia.
2º Se siguió manipulando cuando se identificaba la desjudicialización con la salida del Registro civil de la esfera de la Administración de Justicia habiendo otras alternativas.
3º Y es que siempre se ha negociado con una parte de esta historia, con unos funcionarios públicos , los Registradores primero a través del Colegio y luego, con algunos de ellos, despreciando las propuestas y el derecho a opinar y a participar de otros funcionarios públicos como son los de Justicia.
4º Aunque en público se anunciaron dos renuncias al proyecto, la realidad ha demostrado que se siguió negociando.
5º Por lo que veremos en la tercera parte de este relato se forzó la legalidad para conseguir el objetivo. 

Registro civil: recapitulemos (i)

En los últimos días han surgido varias noticias y artículos sobre la cesión del Registro civil a los Registradores mercantiles que confirman lo que algunos sospechábamos desde el principio: hay gato encerrado y además tiene la bolsa llena de dinero. 

Uno tiene la sensación de que las piezas empiezan a encajar y más si hacemos un ejercicio de memoria de como comenzó esta historia. 

Hace poco más de dos años el Sr. Ruiz Gallardón anunció la posibilidad de que el Gobierno de encomendara el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. De entre todos los argumentos, uno de ellos aparecía repetido como un mantra: el Registro civil funciona mal y las quejas de los ciudadanos demuestran que hace falta cambiar. Para justificar esa impresión acudían a los informes del Defensor del Pueblo y otros parecidos pero el escenario estrella fueron las nacionalidades. 

Desde el principio muchos rebatimos la manipulación de los datos que ofrecía el Ministerio porque no se podía generalizar. Las quejas se referían a la nacionalidad casi en exclusiva y aquí entraban en acción otros factores como la falta secular y grave de medios ,materiales y personales, responsabilidad exclusiva de los sucesivos Gobiernos, unido al crecimiento de la población española sobre todo de inmigrantes que con el paso del tiempo solicitaban la nacionalidad española lo que no sólo afecta a la cantidad de expedientes sino también a su complejidad. Estos factores, ajenos al servicio y a quienes lo prestan, son la causa directa de los males del Registro y un gobierno diligente y defensor de los derechos de los ciudadanos lo hubiera solventado. 

Hace unos días, sin embargo, leí un informe de AEVAL fechado el año 2013 (la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos dependiente del Ministerio del todopoderoso Montoro) que desmentía claramente al Ministerio dejándolo al aire en su manipulación. El informe en sus páginas 11 y 67 decía que el 84% de los ciudadanos estaban o satisfechos o muy satisfechos con el Registro civil. Este porcentaje situaba al Registro civil como el mejor valorado de entre los servicios administrativos analizados. Es decir, que el argumento de las quejas del ciudadano no sirve salvo que se manipule para un fin concreto como así ha sido. 

El Ministerio de Justicia, con la decisión tomada desde el principio de ceder a los Registradores el Registro civil por mucho que se esforzaran en desmentirlo, para reforzar su mantra, en connivencia, con el entonces afín, Decano de los Registradores pergeñaron un plan de digitalización de nacionalidades en el que también participaron los Notarios para el que se creó una Comisión en el seno de la Dirección General de Registros y del Notariado (cuyo titular es un Registrador mercantil) presidida por un Registrador que recomendó al Colegio de Registradores la adquisición de un programa a FUTUVER, una empresa muy ligada al mundo del Registro de la Propiedad como dice en su web corporativaUn programa que costó algo más de cinco millones de euros y que una auditoría posterior determinó que se trataba de un precio 10 veces superior al de mercado. 

Paralelamente, el Gobierno ante la presión de la sociedad se compromete a que el Registro civil seguiría siendo gratuito para los ciudadanos pero sin concretar cómo lo iba a hacer. Así, la tensión dentro del Colegio de Registradores iba creciendo entre quienes defendían la tésis del Ministerio y dominaban la Junta del Colegio y quienes no veían clara la sostenibilidad de la propuesta y como se dice en este post del blog "Hay derecho"lo consideraban un caramelo envenenado que podía llevarse por delante a todo el cuerpo de Registradores. 

Así se llegó a la Asamblea General de Zaragoza en abril de 2013. Una Asamblea histórica porque hacía muchos años que no se reunía este órgano superior en materia corporativa cuyas decisiones son vinculantes para la Junta y porque la Junta rectora recibió un duro correctivo al ver rechazada su moción de apoyo al proyecto del Ministerio por un 60% de los asistentes. La consecuencia fue la dimisión de la Junta derrotada en Zaragoza  y su sustitución por otra que se comprometió a respetar el mandato de sus compañeros, en unas elecciones que evidenciaron las tensiones y la división en el Cuerpo de Registradores que le vino bien al Gobierno en su estrategia como veremos más adelante.  



miércoles, 1 de octubre de 2014

Una mentira más o al menos una media verdad que viene a ser lo mismo

Uno de los datos que el Ministerio, el saliente que de este sólo sabemos que quiere modernizar el Registro civil, siempre agitaba para justificar la privatización era que el Registro civil era el que más quejas recibía de toda la Administración de Justicia. Ya he dicho en este blog que ni el dato se podía generalizar a todo el Registro civil y que tampoco se podía citar aislado, fuera del contexto, penoso contexto de la precariedad de medios con la que siempre nos han obsequiado nuestros políticos. Por otro lado, lanzar ese dato y repetirlo como mantra sólo tenía una consecuencia: poner a los funcionarios públicos al pie de los caballos de la opinión pública. 

Pues bien, ha caído en mis manos un informe de AEVAL (la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios públicos) dependiente del todopoderoso Ministro de Hacienda que parece contradecir ese "dato".

Según este informe de 2013, (págs. 11 y 67)  el Registro civil es el servicio administrativo del que los ciudadanos se sienten más satisfechos muy por encima de la media con un 84% de ellos que lo están muy satisfechos o satisfechos. Muy mal no lo harán los miles de funcionarios de Justicia que abren los Registros civiles de toda España. 

Por eso me voy a permitir romper una lanza por mis compañeros del Registro civil y denunciar, una vez más, el maltrato recibido por un Gobierno que se lanza a privatizar sin contar antes con el excepcional capital humano con el que cuenta. Una vergüenza. 

El nuevo Ministro mencionó el Registro civil de pasada, habló de modernizarlo sin concretar como hacerlo. Haría bien, muy bien, en tomar buena nota de este informe y confiar en sus funcionarios de Justicia como expertos que son en Registro civil retirando el proyecto de privatización que como comentaré más adelante, cada día huele peor.