lunes, 18 de agosto de 2014

Desjudicialización y privatización del Registro civil, una falsedad más

El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie. 


Cuando se insiste en la necesidad de desjudicializar el Registro civil quizás algunos pasan por alto la simbiosis, beneficiosa para el ciudadano, de esa doble función, jurisdiccional y de Registro civil, de los órganos judiciales. Sobre todo, los fines de semana y festivos teniendo en cuenta el carácter hábil de todos los días del año en materia de Registro civil y, también, de algunos trámites cotidianos de enorme trascendencia para el ciudadano. 

Una compañera me comenta lo que le ha sucedido esta semana pasada. Está destinada en un Registro civil de esos que comparten funciones con un Juzgado, mixto a más señas. El viernes por la mañana, festivo, le llama el/la Secretario/a del Juzgado de guardia (no voy a dar más pistas), distinto del de mi compañera, para preguntarle quien y cómo entrega una licencia de enterramiento que le han solicitado. Mi compañera le explica al inexperto/a consultante, no se trata de una calificación peyorativa pues todos hemos sido inexpertos alguna vez y además se trata de un mal que se cura con el tiempo, que normalmente es el Juzgado de guardia el que se encarga de estas cuestiones y que seguro que los compañeros que están en el turno de guardia tienen los documentos necesarios, el papelito azul sobre todo,  para otorgar la licencia de enterramiento. 

La licencia de enterramiento tiene una enorme trascendencia tanto desde el punto de vista de salud pública como legal. Tanto es así que el enterramiento sin licencia constituye, como dirían los técnicos, parte del tipo objetivo del delito de inhumación ilegal. Por este motivo, se exige que se otorgue por determinada persona investida de esa potestad que debe observar un mínimo de cuidado a la hora de valorar las circunstancias de la solicitud y, sobre todo, verificar la aportación de toda la documentación conforme a los requisitos legales.

El hecho de que las funciones de Registro civil urgentes puedan ser asumidas por el Juzgado de guardia es un ejemplo de racionalización de recursos  en beneficio del ciudadano y que sólo se puede llevar a cabo si el Registro civil felizmente coincide con un órgano judicial y se aprovecha de las ventajas del sistema de guardia y la demarcación judicial existente. Es una pena que, para el Ministerio de Justicia la racionalización de recursos sólo sirva para amortizar plazas, privatizar servicios y no para aprovechar al máximo el capital humano que tiene la obligación de gestionar. 

Y es que este suceso me ha hecho volver a reflexionar sobre la desjudicialización y la privatización del Registro civil. El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie por falsa. Es decir, más concretamente, desjudicializar no quiere decir sacar a todos los funcionarios de Justicia del Registro civil sino que puede limitarse su efecto a sacar a los Jueces de este servicio para que se dediquen "a juzgar y a ejecutar lo juzgado".

Pero es que, además, la solución impuesta por el Gobierno plantea no pocas dudas y problemas prácticos, con un Registrador civil y mercantil por provincia, ¿quién va a atender estas actuaciones urgentes en fines de semana y festivos?, ¿el Registrador civil y mercantil de la provincia colindante?. Como encargado que es del Registro es el único legitimado para firmar esas licencias, ¿va a acudir el Registrador civil y mercantil a su oficina de Registro para otorgar la licencia de enterramiento o se va a encargar (delegar) esta función a personal no funcionario?. Y la cosa no queda aquí,  ¿Qué pasará cuando la defunción acaezca en uno de esos maravillosos pueblecitos  repartidos por nuestra geografía donde hasta ahora la licencia la otorgaba el Juez de Paz, tan bellos y pintorescos como alejados de la capital ?. ¿Quién pagará por la gestión de esta licencia?.

Por otro lado, esta simbiosis también se produce entre los órganos judiciales y el Registro civil que se beneficia de la demarcación judicial y de la red de Juzgados de Paz.  En efecto, fuera ya de la guardia, del fin de semana o del festivo, volviendo a lo cotidiano, en el caso de una fe de vida ¿deberá desplazarse el interesado a la sede del Registro civil y mercantil para que el Registrador pueda dar fe de que está "vivito y coleando" y, en consecuencia, puede seguir cobrando su pensión, por ejemplo?. Y no sólo la fe de vida, junto a este caso podríamos citar tantos otros expedientes y trámites de Registro civil que no pueden ser sustituidos por una plataforma digital por excelente que sea ya que exigen la presencia de los interesados o de otras personas (testigos) delante del encargado y para los que una demarcación de Registro civil como la actual facilita mucho su comparecencia en relación con la demarcación provincial que plantean los Registradores mercantiles. 

En fin, lo que el sucedido descrito, a mi juicio, pone en evidencia una vez más el proyecto privatizador del Ministerio de Justicia. No todo lo viejo del Registro civil es malo ni todo lo nuevo que se nos anuncia debe ser bueno por narices o por que lo diga un Real Decreto Ley. Es más, muchas de las cosas que se nos anuncian como ventajas ya podrían implementarse ahora y otras muchas podrían incorporarse si se cumpliera con el compromiso de dotar a los servicios públicos de medios suficientes en vez de ahogarlos para luego aparecer con la solución salvadora, eso sí, privatización mediante. Lejos de ser conceptos ligados por una relación de causalidad, desjudicialización y privatización son las dos caras de la misma moneda falsa que nos quieren vender desde el Ministerio de Justicia.

Por mucho que quieran vestirlo de "decisión política", es decir, por mucho que se quieran esconder en la mayoría y en el derecho a  escoger una opción entre varias posibles, la decisión vía decretazo del pasado 4 de julio, no deja de sustentarse en presupuestos falsos; pues parece evidente que hay mejores opciones de organización de un Registro civil moderno que no suponen la ruptura con el modelo actual al que sólo le hace falta que el político de turno le preste la atención suficiente que precisa desde su creación hace más de 140 años y que nunca le han dado a pesar de formar parte de su juramento o promesa del cargo. 

miércoles, 6 de agosto de 2014

Las cosas del BOE

Repasando los boletines, que no miré durante la primera parte de mis vacaciones, me encontré  con la   Orden JUS 1149/2014 de 31 de julio, en el correspondiente al 2 de agosto, que en su artículo único dice:

"Modificación de la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos.



La Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos, queda modificada como sigue:

Se añade un punto 5 en el apartado decimoctavo queda redactado del siguiente modo:

5. La competencia para realizar encomiendas de gestión en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil y de aquellos otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos." 


Enseguida eché mano de una copia del RDL 8/2014  donde juraría había leído algo parecido un mes antes y voilá:

Disposición Adicional 25ª RDL 8/2014 (BOE del 5 de julio):

La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición (...). No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia: a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos. b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos". 

Alguien me podrá convencer de que es pura técnica legislativa pero a mi, a bote pronto me suena a metedura de pata en el mejor de los casos. Si en realidad, el RDL modificaba la Orden JUS de delegación de competencias, ¿para qué modificar su contenido un mes más tarde?. Y si no era así, ¿porqué no se modificó la Orden JUS antes de aprobar el RDL?. Si de verdad el Gobierno, el Ministerio, el Sr. Gallardón y su equipo de colaboradores están convencidos de que la decisión acertada es la de encomendar el Regsitro civil a los Registradores mercantiles, ¿por qué tanta improvisación y tanta chapuza?.

Por otro lado, esto se parece cada vez más al dicho popular sobre Juan Palomo, el que se comía lo que se guisaba. Habrá que recordar que el Director General de los Registros y del Notariado es Registrador de la propiedad y mercantil además de Notario   que en el equipo de asesores del Ministerio hay varios Registradores, que el Ministerio de Justicia sólo ha negociado su proyecto con los Registradores sin analizar ni debatir alternativa alguna con otros funcionarios públicos como los de Justicia  y que el artículo 4 de la ley 50/2006 define el conflicto de intereses de altos cargos como la intervención "en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas". 

Quizá sea legal pero la transparencia, la estética y la ética brillan por su ausencia en todo este proyecto sobre el Registro civil.


Sobre el tema de las nacionalidades y el "éxito" del plan de Gallardón

Hace unas semanas, un diputado de Entesa en el Senado preguntó a Gallardón sobre una cuestión realmente grave pero que ha pasado inadvertida a pesar de que algunos sindicatos y funcionarios lo denunciaron. Estoy hablando de la denegación de nacionalidades por caducidad de la documentación no imputable al solicitante sino a la lenta tramitación del expediente. Este hecho no es nuevo, el de la caducidad me refiero, y en los Registros civiles se tenía como regla la de evitar la denegación de nacionalidad en estos casos. Pues bien, alguien no se lo dijo a los Registradores y ya tenemos el lío montado. Ahora dice el Ministro que en vía de recurso se resolverá esta cuestión. Es decir, se obliga al ciudadano a reclamar para obtener lo que debería haber obtenido a la primera y, encima, se quedan tan tranquilos en el Ministerio.

Y es que este es uno de los muchos problemas que la "ideica" de Gallardón y su equipo ha creado en el tema de las nacionalidades y que habría tenido mejor solución si en vez de derrochar el dinero a manos llenas, a los políticos de turno les hubiera dado por cumplir con su deber que no es otro que dotar a los funcionarios públicos de los medios suficientes para realizar su trabajo. Un dato: mientras en España la población ha crecido en los últimos veinte años en 7 millones de personas; las plantillas de los Registros civiles no han crecido ni en un sólo efectivo. Así, se explican muchos de los problemas del Registro civil. Bueno, así y la precariedad de medios materiales. 

Ahora bien, lo que contaba el diario digital 20 minutos hace unos días me parece mucho más grave y nos da una pista sobre lo que hay detrás de este proceso de privatización del Registro civil. Titula el diario digital que "El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones de euros a la firma de un asesor de Gallardón". 

Como cada uno ya es mayorcito para leer y extraer conclusiones evitaré hacer comentarios al respecto y que cada cual extraiga sus conclusiones. Solo espero que éste no sea el modelo de adjudicación de la plataforma digital del Registro civil que se prevé en el RDL 8/2014 porque si no vamos apañados. Tan sólo haré un par de aclaraciones que me parecen relevantes y plantearé un par de cuestiones.

En cuanto a las primeras, estos hechos se producen cuando aún no se ha producido la Asamblea General de Registradores de Zaragoza que rechazó la propuesta de Gallardón sobre Registro civil y provocó la caída de la Junta del Colegio afín al Ministerio de Justicia y que defendía el proyecto del Ministro sobre Registro civil. Sólo se apoyaría este proyecto si se garantizaba una fuente estable de financiación ligada a la prestación del servicio (arancel), si se separaban los dos negocios: el tradicional de la propiedad y mercantil y el del Registro civil; si existía un amplio consenso social y político sobre el proyecto. 

En cuanto a las segundas, ahí van las preguntas:

Además de la obvia que se desprende del texto del artículo sobre la ética de quien parece se erige en juez y parte de la concesión y de quien lo permite y patrocina, hay otras que afectan a la esencia del proyecto del Ministerio y que planteo a continuación.

¿No resulta chocante que mientras un funcionario de Justicia no pueda ser administrador de ninguna empresa, un Registrador de la propiedad si pueda serlo?.  

En consecuencia, ¿no estará mejor garantizada la imparcialidad y objetividad en la prestación del servicio público si se realiza a través de un funcionario de Justicia que no puede tener otros intereses sino los propios del Registro civil?. 

El futuro del Registro civil y la dignidad de los funcionarios de Justicia

Hace poco más de un mes conocimos la decisión del Gobierno, vía Real Decreto Ley que parece ser la nueva forma de legislar en este país, sobre el Registro civil que no es otra sino su entrega a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en un Registro mercantil. 

Se diga lo que se diga sobre la gratuidad futura del Registro civil las cuentas no cuadran y nadie ha sido capaz de explicar como unos profesionales (ya sé que son funcionarios públicos pero también sé que no son como los demás funcionarios públicos) que se retribuyen mediante el cobro de un precio (arancel) por cada servicio prestado, renuncian sin más a esta retribución asumiendo más trabajo. Por mucho dinero que tengan o hayan acumulado por su función originaria, la asunción del Registro civil sin cobrar al ciudadano supone una renuncia a una importante cantidad de ingresos a la vez que se asumen un importante nivel de trabajo y, sobre todo, de gasto con lo que no sería aventurado pronosticar dificultades futuras en su actividad. Quizá  sea un mal pensado y en realidad es que estamos ante unos magníficos millonarios filántropos dispuestos al sacrificio en pos del bien común. En fin...

Las dudas no hacen sino crecer sobre el mantenimiento de la promesa de la gratuidad del Registro civil. En primer lugar, porque parte del Registro civil (matrimonios y nacionalidades) será de pago y encomendado a Notarios. En el caso de los matrimonios se habla de entre 90 y 100 euros. En segundo lugar, porque nada se dice de esos nuevos títulos sujetos a inscripción obligatoria (domicilio, poderes etc... tal y como se prevé en la futura ley de jurisdicción voluntaria) . En el caso de los poderes podemos estar hablando de más de 3 millones y medio por año lo que multiplicado por la unidad seguida de un cero nos pone en 45 millones de euros anuales. En tercer lugar, porque si bien se dice que inscripciones y certificaciones serán gratuitas no se establece límite a las segundas pudiendo gravarse por ejemplo la segunda y siguientes que se soliciten sobre una misma inscripción. Tampoco se aclara que ocurrirá con los expedientes y ya hemos visto lo que se está preparando en materia de matrimonios y nacionalidades. En cuarto lugar, porque si bien se dice que será gratuito para los ciudadanos, nada se dice del acceso de terceros, por ejemplo Notarios a la hora de realizar sus escrituras o es que estos profesionales tampoco podrán repercutir este gasto a sus clientes-ciudadanos. En quinto lugar, porque ahora se niega la posibilidad de financiación presupuestaria pero en este país, no será la primera corporación de derecho público que no perciba ayudas públicas para su sostenimiento en caso de estar en peligro su continuidad. En sexto lugar, porque una parte del Registro civil (la guardia y custodia de los libros existentes) se va a realizar con cargo al dinero de todos los españoles vía presupuestos del Ministerio y de las CCAA.

Todo lo anterior y alguna cosa más que se me puede olvidar se cuela entre los textos legales, los borradores de leyes y las medias verdades que se han sucedido durante los últimos dos años y medio respecto del Registro civil. Y uno, que es funcionario de Justicia se pregunta si para este viaje hacen falta tantas alforjas, corporaciones públicas, falta de transparencia, dudas sobre la viabilidad económica y medias verdades. Si no es posible, y mucho más fácil y transparente, aprovechar de una puñetera vez a los funcionarios de Justicia que son los funcionarios expertos en Registro civil desde hace más de 140 años, reconociéndoles un trabajo que efectivamente realizan pero que siempre han cobrado otros y, sobre todo, dotándoles de los medios suficientes para poder realizar su trabajo de forma digna. 

Y es que, ya que los Registradores mercantiles van a pagar de su bolsillo el programa informático y a correr con los gastos de mantenimiento propongo una solución. Que sigan pagando el programa, que lo sigan cediendo al Ministerio y que éste nos lo entregue a nosotros para utilizarlo en beneficio de toda la sociedad. Será la primera vez que los funcionarios de Justicia tenemos los medios materiales adecuados para prestar el servicio público de Registro civil y creo que nos merecemos este apoyo por parte de quienes nos deberían prestarlo en vez de pisotear nuestra profesionalidad, aireando encuestas negativas cuyo origen está en la propia incompetencia, incapacidad, desidia y abandono de la clase política en materia de Registro civil. Claro está que no da votos, ahora parece que será un negocio.