domingo, 23 de noviembre de 2014

Catalá se queda sin argumentos para defender al privatización del Registro civil

Después de leer el resultado de la mesa informativa del pasado 4 de noviembre entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector, ésta parece ser la conclusión más acertada. Cuando se recurre al argumento de autoridad es que no se tiene ningún otro y, en materia de Registro civil ha quedado acreditado que a este servicio público no le hacen falta intereses particulares de unos profesionales liberales como son los Registradores. 

Y digo que son profesionales liberales porque el Ministro Catalá sigue empeñado en agarrarse a la definición de la ley hipotecaria sin atender a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE determinó que los Registradores no son funcionarios públicos sino otra profesionales que tienen atribuida una función residual de gestión de impuestos. 


Pues bien, para el Sr. Ministro que parece que tiene flaca memoria o que, como estaba en la empresa privada, no se enteró del asunto:

1.- Desconozco si hubo o no hubo reacción pero no es lo mismo que una enmienda así la defienda un partido local como ERC a que la defienda un partido de Gobierno como ocurre ahora.

2.- De todos modos, la enmienda de ERC no decía exactamente lo que el Ministro manifiesta con tanta alegría. Por cierto, copiando lo peor de su antecesor que también utilizó este argumento.  

ERC presentó la enmienda número 39 al Proyecto de Ley de Registro Civil, en la proponía que se añadiera a la Ley una nueva Disposición Adicional Novena, con el siguiente texto «Cuando las necesidades del servicio lo exigieren podrán demarcarse oficinas del Registro Civil a cargo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España anexas a los respectivos registros y en las localidades que se determinare en régimen de comisión de servicios o por Real Decreto en que se establecerá el contenido y régimen jurídico de la encomienda de gestión.». 

Lo que no decía Gallardón y ahora no dice Catalá es que la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley del Registro Civil, integrada entre representantes de todos los Grupos parlamentarios incluidos el PP y ERC propuso el rechazo de dicha enmienda (BOCG de 03.05.2011), y que ni siquiera se sometió a debate o votación en la Comisión de Justicia del Congreso, en que se ratificó la ponencia (Diario del Congreso de los Diputados de 4 de mayo de 2011). 

2.- Esa enmienda fue rechazada por los dos partidos que, entonces, se turnaban en el poder. Rechazada pues tanto por PP como por PSOE porque la ley de Registro civil de 2011 fue aprobada con los votos de los dos partidos. Por cierto, una ley que al menos dejaba el Registro civil en manos de una Administración pública en el concepto que el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado y que no contó con la unanimidad sindical que se pretende.  

3.-  Lo que sorprende de verdad es que el PP, pensando lo que piensa ahora, no se apuntara a la enmienda de ERC y votara a favor de la ley del PSOE. ¿Es a esto a lo que se le llama coherencia ideológica o quizá que en ese momento no convenía pues no se podía controlar el proyecto en la línea deseada?. 

4.- Respecto a que se  ha retomado la negociación con el Colegio de Registradores no nos engañemos y nos haga trampas. ¡Como si eso fuera una novedad!. La realidad es que este Gobierno nunca ha dejado de negociar con los Registradores y siempre lo ha hecho como ahora, en secreto, de forma opaca y sin considerar ni querer negociar alternativas reales que ya podrían estar en funcionamiento. Porque al Registro civil no le hacen falta los Registradores sino más bien al contrario y ese es el problema fundamental: los intereses de casta de un lobby profesional. 

El Registro civil funciona a satisfacción del ciudadano (ver informe AEVAL 2012) y podría hacerlo mucho mejor sin necesidad de privatizarlo si de verdad se velara por el interés general y se aprobaran las reformas legislativas necesarias, por ejemplo, en cualquiera de los casi 90 Reales Decretos Leyes que este gobierno ha aprobado en esta legislatura. 

4.- Que, lo que llama la atención y mucho es que, para justificar y defender lo indefendible, el Ministro de Justicia tenga que traer a colación una enmienda de un partido político independentista como ERC y que ese sea su principal argumento para defender la privatización.

Pues llevando la argumentación a otro terreno, ERC también propone la independencia de Cataluña y el Gobierno se opone a ella... al menos de momento porque visto lo visto, y de como cambia de opinión igual hay más sintonía de la que parece.  En ERC deben estar ojipláticos y esperanzados a la vez porque sus deseos igual están más cerca que nunca. 

jueves, 9 de octubre de 2014

Lesmes sigue preocupado con la idea de politización del CGPJ e insiste en la concentración de partidos judiciales

Parecen temas diversos pero tienen el mismo denominador se trata de las dos grandes reformas de Gallardón e materia judicial.

Por un lado, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo. A este respecto hace bien el Presidente del Consejo en estar preocupado pues la reforma operada en el sistema de elección de vocales, además de estar en las antípodas de lo que el PP prometió en su programa electoral, no favorece, precisamente, que los ciudadanos tengamos una mejor opinión del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, Lesmes se muestra firme partidario de los Tribunales de Instancia algo que está detrás de esa concentración de partidos. Pero, el problema es que nadie ha argumentado porqué la justicia colegiada es mejor que la unipersonal. Los defensores de esta idea se limitan a decir que sería mejor pero no explican el porqué y un cambio tan radical de la Administración de Justicia en nuestro país exigiría un poco más de pedagogía y debate porque no se trata de imponer una organización judicial sino de ver si es o no apropiado y razonar porqué. Además, el proyecto de Gallardón de Justicia colegiada no es el único que existe. Basta con echar un vistazo a la doble primera instancia del tipo francés que sugirió, en 2011, la comisión de expertos para la reforma de la demarcación y planta.

Por otro lado, la reducción de partidos judiciales siempre ha estado en la mente del CGPJ con independencia de su composición. Recordemos la propuesta del año 2012 que suponía la eliminación de 232 partidos judiciales de un golpe. Una reforma bastante discutible aunque, todo hay que decirlo, estaba bastante más razonada que la que ahora se pretende. 

Además, ¿es sensato tener a la Administración de Justicia en una contínua convulsión reformista?. Reformar es bueno y a la Justicia de nuestro país le hace falta un buen cambio, pero cuando la NOJ y la NOF están como quien dice "en mantillas", cuando el expediente digital es una quimera y cuando los recursos siempre escasos, lo son ahora mucho más, exigen priorizar los objetivos; creo que es hora de ir a paso a paso y por su orden. 

Y una cuestión más, el Sr. Lesmes debería también preocuparse por el cambio en el régimen de imposición de costas en el orden contencioso administrativo que impide a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales tan diezmados en los últimos años, acceder a la Justicia en condiciones de igualdad frente a la Administración pública que, además, cuenta con los privilegios de la presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.

Las disminución de pleitos en este orden jurisdiccional tiene mucho que ver con este lamentable cambio legal y no tanto con la ley de tasas y, alguien tendrá que poner el interés general y el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia sobre el interés estadístico poniendo, entre otras cosas, los medios necesarios y removiendo obstáculos en vez de ponerlos en el camino de los sufridos ciudadanos. 

La CNMC rechaza la queja de los Registradores sobre la licitación del contrato de la plataforma digital del Registro civil

En realidad si unos lee la noticia, lo que ha dicho la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) es que no es competente para resolverla, vamos que se quita de en medio declinando el asunto a los Juzgados de lo contencioso administrativo. 

Veremos qué pasa tras esta decisión, si es que se confirma pues el diario cita fuentes conocedoras de la tramitación de la denuncia, pues la decisión de los Registradores de recurrir judicialmente el decreto del Gobierno o no dependerá de de si el proyecto sigue adelante o no y en qué condiciones. El lunes parece que saldremos de dudas sobre las intenciones del nuevo Ministro al respecto aunque es cierto que el Dictamen del Consejo de Estado no habrá dejado indiferente al Colegio de Registradores que sale reforzado. 

De todos modos, sigue llamando la atención que quienes rechazaron públicamente hacerse cargo del Registro civil en las condiciones impuestas por Gallardón; ahora estén interesados en participar del proyecto. ¿Será que han cambiado las condiciones o que ya se ha visto donde está el dinero?.

Por otro lado, os enlazo una circular del sindicato CSIF que fija posición sobre el Registro civil a la espera de conocer los planes del Ministro Catalá. Esto no ha terminado. 


sábado, 4 de octubre de 2014

Perspectivas sobre el Registro civil: hacia un nuevo modelo


Tras los tres últimos post, algo más largos de lo deseable, creo que se puede tener una visión de conjunto sobre lo que está sucediendo en el Registro civil. El futuro más inmediato del Registro civil pasa por la decisión del nuevo Ministro sobre el proceso posterior al RDL 8/2014 y por el nuevo organigrama que se vaya concretando en la estructura del Ministerio. De momento, uno de los impulsores de la privatización, el subsecretario, ya ha sido sustituido; y es de esperar que a más tardar en una semana se complete la transición. 

Si algo queda claro de este relato es que los ciudadanos se pierden entre disputas, dinero, contratos, empresas e intereses corporativo. Nadie se ha preocupado de explicar en qué iban a mejorar las cosas para el ciudadano en materia de Registro civil. Nadie se ha preocupado de investigar las causas de los problemas en el Registro civil presupuesto básico para poder remediarlos. Nadie se ha preocupado de analizar alternativas. Y todo ello porque la decisión se tomó "a priori" con fundamento a lugares comunes y prejuicios. 

Mi opinión es que debería paralizarse todo y aprovechar la nueva "vacatio legis" para plantear la reforma del Registro civil sobre la base del diálogo y la negociación con la participación de todos aquéllos que están involucrados en el funcionamiento del Registro civil y pueden aportar su experiencia para mejorar el funcionamiento incluidos los Magistrados porque frente a lo que se nos ha querido transmitir, que los jueces no querían el Registro civil, he podido leer un comentario al post de "hay derecho" de un Magistrado en el que queda claro que hay Jueces que no están de acuerdo con la desjudicialización.  

No obstante, creo que el Registro civil estaría perfectamente gestionado por funcionarios de Justicia pero si queremos que se nos escuche y se nos dé voz y voto en este asunto, no podemos negárselo a los demás.

El dato de satisfacción de los ciudadanos sobre el Registro civil, del que me hice eco en un post anterior, refuta las tésis del anterior equipo ministerial sobre el funcionamiento del Registro civil pero no quiere decir que las quejas no existan ni que no se deba reformar el Registro civil en su conjunto.

Bajo la premisa de un Registro, centro de destino de los funcionarios de Justicia y servido por éstos. 

Al Registro civil le hace falta un cambio empezando por su estructura pasando de ser un Registro civil de hechos a uno de personas. Esto ya estaba en la reforma de 2011 y es una de las cosas que me parecían bien de ese proyecto.

Al Registro civil le hacen falta medios personales suficientes y con una formación inicial y continua adecuada. Unas plantillas ordenadas a través de unas relaciones de puestos de trabajo claras que delimiten responsabilidades y reconocimientos.

Al Registro civil le hacen falta medios materiales, sobre todo, medios informáticos. Un Registro civil informatizado y, a la vez interconectado para poder gestionarlo como Registro único electrónico. Otra de las ideas de la ley de 2011 que también son válidas a mi juicio.  

En esta cuestión sería urgente que se habilitara el registro civil electrónico para asegurar la certificación de cualquier inscripción digitalizada con independencia del lugar de inscripción o incluso inscribir fuera de los límites territoriales que ahora existen. Luego sería necesario analizar los costes de adaptación de lo que ya se tiene INFOREG para que pueda utilizarse en un registro personal pues ahora, sigue la estructura de hechos registrales. 

Al Registro civil le hace falta una normativa nueva, adaptada a la realidad social del siglo XXI y coherente, es decir, que recoja toda la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado. Asimismo, es necesario mejorar la comunicación entre la Dirección General y cada Registro (yo diría con cada funcionario) a la hora de transmitir las instrucciones, circulares etc... y que estas se puedan consultar en un reservorio normativo, doctrinal y jurisprudencial gestionado y actualizado por la Dirección General.

Al Registro civil le hace falta un estudio de su demarcación aprovechando la actual y modificando lo que haya que modificar o, porqué no, comarcalizando en algunos casos los Registros civiles pero sin olvidar la necesaria cercanía al ciudadano. En este sentido se debería potenciar la función de Registro civil de los Juzgados y Agrupaciones de Paz servidos por funcionarios de Justicia. 

Al Registro civil le hace falta menos imposiciones y más acuerdo social, politico y profesional-sindical. Un acuerdo necesario en un proyecto a medio y largo plazo que precisa continuidad.

jueves, 2 de octubre de 2014

Registro civil: recapitulemos (III)

Tras la aprobación del RDL 8/2014, un mes más tarde se cambió la norma de delegación de competencias dentro del Ministerio porque por mucho que lo dijera el RDL el Director General de Registros y del Notariado no podía adjudicar el contrato de la plataforma digital ni supervisar la licitación.

Además, dos cuestiones se planteaban sobre el nuevo Registro civil:

1º La legalidad de esa nueva Corporación de Derecho Público y, más aún la intrincada solución para financiar el Registro civil a través de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil.

2º ¿Cómo es posible que unos profesionales que cobran por sus servicios renuncien a parte de sus ingresos y asuman más trabajo?

Sobre la primera cuestión, el Colegio de Registradores ya anunció acciones legales en contra. Sin duda, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio y el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto de 14 de septiembre de 2014 que desarrolla las previsiones de las Disposiciones del RDL en relación con la Corporación de Derecho Público habrán agradado al citado colegio pues suponen la demolición de esa Corporación de Derecho Público. Es cierto que el dictamen no es vinculante y habrá que esperar a ver que hace el nuevo Ministro al respecto pero parece que los argumentos jurídicos están bastante bien asentados como para fundamentar acciones legales y garantizar, dentro de lo que se puede garantizar en un proceso judicial, el éxito de la pretensión del Colegio de defender sus derechos y competencias reconocidas en la Constitución sobre el dominio de las aplicaciones de registro que usan en su trabajo. 

Sobre la financiación recomiendo la lectura de este artículo del blog "Hay derecho" y hay una cosa que me llama la atención ¿porqué el mismo Colegio que rechaza el Registro civil antes del RDL 8/2014 y que incluso lo rechaza en la primera nota de prensa después de conocer la decisión del Gobierno; ahora, quiere estar dentro del concurso y optar al contrato de la plataforma digital. Sólo se me ocurre una respuesta: detrás de esta operación hay dinero

Creo que en este mismo blog ya dejamos sentado el principio de que de algún sitio debía salir el dinero para pagar la fiesta al descartar que los Registradores sean una especie de millonarios altruistas dispuestos a sacrificarse por la sociedad. Y, ojo, que no creo que haya que exigirles este sacrificio porque podremos opinar sobre si cobran mucho o poco pero no que si su sistema retributivo se basa en cobrar por prestar un servicio deban renunciar a ello. De hecho, tal y como se señala en el artículo antes citado, si de verdad la financiación del Registro civil sale de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil tal y como se dice en el RDL 8/2014 y, dejando a un lado, la dificultad legal de que un usuario de un servicio pague otro distinto y teniendo en cuenta que, al menos que sepamos no habrá subida de aranceles, podríamos pensar que estos funcionarios estaban pagados en exceso por sus servicios. 

Desde que llevo analizando este problema he llegado a la conclusión que, en materia de financiación las fuentes podrían ser varias sin perder de vista que, al tratarse de una función pública siempre se podría contar con el colchón de papa Estado al rescate, es decir, de todos nosotros pagando el error de entregar un servicio sin financiación suficiente. Al final, el Registro civil que se pagaba con impuestos acabaría volviendo a ser financiado con los impuestos. Vamos que no necesitábamos estas alforjas para este viaje. 

De entre las otras opciones se me ocurrió la financiación por otros hechos registrales que se inventen y tenemos el ejemplo de la inscripción del domicilio, de los poderes (más de 3 millones anuales) etc... que podrían ser una fuente de financiación estable. O como se sugiere en el artículo de "hay derecho" por crear un nuevo concepto por el uso de la aplicación informática creando además, la obligación de usarla a terceros profesionales antes de realizar cualquier operación mercantil o hipotecaria. Al final éstos terceros acabarían trasladando este coste al ciudadano que requiere sus servicios. Es decir, no pagarían los usuarios del registro mercantil sino además un número cambiante de ciudadanos que realicen estas operaciones con obligación de consulta previa y uso de la aplicación informática. 

El problema como se dice en el mismo artículo es la opacidad. Seguimos sin saber algunos datos que permitirían despejar esta duda. Una opacidad que viene de la mano de la consideración de este contrato como de seguridad nacional. Una exageración a todas luces injustificada salvo porque se quiera utilizar con la finalidad de que el concurso se realice por el procedimiento negociado, con unas empresas invitadas y bien avenidas donde los criterios subjetivos priman sobre los objetivos. Esta opacidad podría estar dirigida a la protección de un polizón o "free rider"  que o bien no asume los riesgos o bien disfruta de unos beneficios que no puede compartir. Y aquí vuelve a aparecer FUTUVER.

Esto explica la sorprendente manifestación del Decano de los Registradores que en carta a sus compañeros les dice que el propio Ministro le recomendó unirse en una UTE con una empresa tecnológica  (¿en concepto de qué recomendó el Ministro esa unión?). Sin esa UTE no se podía participar en el concurso y, probablemente, no se podría participar en los beneficios que se pudieran obtener por la concesión del contrato.Y probablemente, de todo lo expuesto, también se entiende la preocupación del Ministro cuando el Decano le comunica que las tres empresas con capacidad tecnológica para estar en el concurso tenían "compromisos previos" ya que, si el Colegio se hacía con el contrato gran parte de los reparos del Consejo de Estado decaían puesto que el Colegio recuperaba su posición y sus competencias. Era una forma de solucionar el problema sin tener que retroceder. 

Y hasta aquí el relato de lo que ha acontecido en torno al Registro civil. Creo que no omití ningún dato, en todo caso, lo enmendaré en sucesivos post y en cuanto a las opiniones, son todas ellas susceptibles de ser rebatidas por cualquier mejor fundada. 

Sólo una cosa. Creo que todo este asunto ha llegado demasiado lejos. Creo que debería retirarse este proyecto. Creo que la solución del Registro civil pasa por los funcionarios de Justicia por ser la solución más sencilla, transparente y más beneficiosa para el ciudadano. Creo que el nuevo Ministro debería considerar las propuestas que le han lanzado los sindicatos y asociaciones y creo que debería consensuar el nuevo modelo con quienes dentro de un tiempo pueden acceder al Gobierno ya que el Registro civil como la Administración de Justicia necesitan un gran y continuado impulso con la dotación de medios personales y materiales a corto, medio y largo plazo. 


Registro civil: recapitulemos (II)

Tras la derrota de Zaragoza, el Ministerio de Justicia manifestó que renunciaba a su proyecto. La realidad nos ha demostrado que esa renuncia era impostada y que se siguió negociando con los Registradores hasta la abrupta ruptura tras la publicación de una carta del Decano Presidente a sus compañeros en la que se desvelaba que el Ministerio había decidido imponer la llevanza del Registro civil a los Registradores.

Esa ruptura provocó un segundo anuncio de ruptura de las negociaciones por parte del Ministerio y de que se  iba a buscar otras fórmulas que, en todo caso, pasaban por la atribución del Registro civil a varios cuerpos de funcionarios. , el segundo que tampoco fue tal, como anunció un sindicato días después. 

El 22 de julio pendía como espada de damocles sobre el Registro civil y debía tomarse una decisión antes de esa fecha en la que debía entrar en vigor la ley 20/2011. Una ley que estaba claro que no podía entrar en vigor porque encomendaba la función de Registro civil a Comunidades autónomas y Ayuntamientos que ya habían dicho que, con la crisis, no podían hacerse cargo del mismo. 

El Ministerio de Justicia, aparentemente estaba buscando esas alternativas, pero un buen día los funcionarios de los Registros civiles se encontraron con un formulario remitido por El Corte Inglés a quien el Ministerio había encomendado hacer un inventario. La pregunta inmediata era para qué se hacía este inventario y porqué se contenían preguntas como si se contaba con muelle de carga y descarga o cuanto medían los libros del archivo registral.  si como se decía se había renunciado al proyecto de los Registradores y cobraba fuerza la idea, oficiosamente confirmada desde el Ministerio, de una vacatio de dos o tres años. Es decir, como se dice en rugby, una patada a seguir, una huida hacia adelante trasladando la decisión hasta después de las elecciones de 2015. 

Esta posibilidad de la vacatio se fomentó desde el propio Ministerio mientras seguía negociando, esta vez discretamente, con una parte de los Registradores: con los derrotados de Zaragoza donde los Registradores con Registro mercantil a cargo. colegas del Director General de Registros y del Notariado, tenían mucha fuerza. 

Y esta es la vía que, al final triunfó. Hasta el último momento, el Ministerio de Justicia parecía barajar la vacatio legis como la solución ante el atasco que se había producido en la negociación con los Registradores, fundamentalmente por la gratuidad y la presión social y política creciente. Pero el 4 de julio (día de la Independencia en los USA) se publicó la decisión de entregar el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y mercantiles a cargo de oficinas de Registro mercantil que pasarían a denominarse Registradores civiles y mercantiles.

Además este RDL, el número 82 de la legislatura, creaba una Corporación de Derecho Público en la que se incluirían a todos los Registradores civiles y mercantiles cuyas cuotas serían las que financiarían el Registro civil (plataforma informática, oficinas salvo los archivos centrales a cargo del Ministerio y las CCAA y personal). Por último, el Registro civil sería gratuito para todos los ciudadanos.

Hasta aquí la segunda parte de este relato comentado sobre el proceso de lo que se ha venido en llamar privatización del Registro civil. Pero antes de terminar quisiera decir que, bajo mi punto de vista, el Ministerio de Justicia siempre tuvo clara su decisión y nunca barajó alternativa alguna. Este hecho llama la atención sobre todo por como se van a forzar las cosas a partir de la publicación del Real Decreto Ley y, porque entiendo que un responsable sea de una empresa o de una administración tiene la obligación de analizar las alternativas aunque sólo sea para justificar su decisión.

La decisión estaba tomada porque:

1º Se justificó inicialmente en una verdad a medias, es decir, una mentira, manipulando las quejas de los ciudadanos y poniendo a los pies de los caballos a los funcionarios de Justicia.
2º Se siguió manipulando cuando se identificaba la desjudicialización con la salida del Registro civil de la esfera de la Administración de Justicia habiendo otras alternativas.
3º Y es que siempre se ha negociado con una parte de esta historia, con unos funcionarios públicos , los Registradores primero a través del Colegio y luego, con algunos de ellos, despreciando las propuestas y el derecho a opinar y a participar de otros funcionarios públicos como son los de Justicia.
4º Aunque en público se anunciaron dos renuncias al proyecto, la realidad ha demostrado que se siguió negociando.
5º Por lo que veremos en la tercera parte de este relato se forzó la legalidad para conseguir el objetivo. 

Registro civil: recapitulemos (i)

En los últimos días han surgido varias noticias y artículos sobre la cesión del Registro civil a los Registradores mercantiles que confirman lo que algunos sospechábamos desde el principio: hay gato encerrado y además tiene la bolsa llena de dinero. 

Uno tiene la sensación de que las piezas empiezan a encajar y más si hacemos un ejercicio de memoria de como comenzó esta historia. 

Hace poco más de dos años el Sr. Ruiz Gallardón anunció la posibilidad de que el Gobierno de encomendara el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. De entre todos los argumentos, uno de ellos aparecía repetido como un mantra: el Registro civil funciona mal y las quejas de los ciudadanos demuestran que hace falta cambiar. Para justificar esa impresión acudían a los informes del Defensor del Pueblo y otros parecidos pero el escenario estrella fueron las nacionalidades. 

Desde el principio muchos rebatimos la manipulación de los datos que ofrecía el Ministerio porque no se podía generalizar. Las quejas se referían a la nacionalidad casi en exclusiva y aquí entraban en acción otros factores como la falta secular y grave de medios ,materiales y personales, responsabilidad exclusiva de los sucesivos Gobiernos, unido al crecimiento de la población española sobre todo de inmigrantes que con el paso del tiempo solicitaban la nacionalidad española lo que no sólo afecta a la cantidad de expedientes sino también a su complejidad. Estos factores, ajenos al servicio y a quienes lo prestan, son la causa directa de los males del Registro y un gobierno diligente y defensor de los derechos de los ciudadanos lo hubiera solventado. 

Hace unos días, sin embargo, leí un informe de AEVAL fechado el año 2013 (la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos dependiente del Ministerio del todopoderoso Montoro) que desmentía claramente al Ministerio dejándolo al aire en su manipulación. El informe en sus páginas 11 y 67 decía que el 84% de los ciudadanos estaban o satisfechos o muy satisfechos con el Registro civil. Este porcentaje situaba al Registro civil como el mejor valorado de entre los servicios administrativos analizados. Es decir, que el argumento de las quejas del ciudadano no sirve salvo que se manipule para un fin concreto como así ha sido. 

El Ministerio de Justicia, con la decisión tomada desde el principio de ceder a los Registradores el Registro civil por mucho que se esforzaran en desmentirlo, para reforzar su mantra, en connivencia, con el entonces afín, Decano de los Registradores pergeñaron un plan de digitalización de nacionalidades en el que también participaron los Notarios para el que se creó una Comisión en el seno de la Dirección General de Registros y del Notariado (cuyo titular es un Registrador mercantil) presidida por un Registrador que recomendó al Colegio de Registradores la adquisición de un programa a FUTUVER, una empresa muy ligada al mundo del Registro de la Propiedad como dice en su web corporativaUn programa que costó algo más de cinco millones de euros y que una auditoría posterior determinó que se trataba de un precio 10 veces superior al de mercado. 

Paralelamente, el Gobierno ante la presión de la sociedad se compromete a que el Registro civil seguiría siendo gratuito para los ciudadanos pero sin concretar cómo lo iba a hacer. Así, la tensión dentro del Colegio de Registradores iba creciendo entre quienes defendían la tésis del Ministerio y dominaban la Junta del Colegio y quienes no veían clara la sostenibilidad de la propuesta y como se dice en este post del blog "Hay derecho"lo consideraban un caramelo envenenado que podía llevarse por delante a todo el cuerpo de Registradores. 

Así se llegó a la Asamblea General de Zaragoza en abril de 2013. Una Asamblea histórica porque hacía muchos años que no se reunía este órgano superior en materia corporativa cuyas decisiones son vinculantes para la Junta y porque la Junta rectora recibió un duro correctivo al ver rechazada su moción de apoyo al proyecto del Ministerio por un 60% de los asistentes. La consecuencia fue la dimisión de la Junta derrotada en Zaragoza  y su sustitución por otra que se comprometió a respetar el mandato de sus compañeros, en unas elecciones que evidenciaron las tensiones y la división en el Cuerpo de Registradores que le vino bien al Gobierno en su estrategia como veremos más adelante.  



miércoles, 1 de octubre de 2014

Una mentira más o al menos una media verdad que viene a ser lo mismo

Uno de los datos que el Ministerio, el saliente que de este sólo sabemos que quiere modernizar el Registro civil, siempre agitaba para justificar la privatización era que el Registro civil era el que más quejas recibía de toda la Administración de Justicia. Ya he dicho en este blog que ni el dato se podía generalizar a todo el Registro civil y que tampoco se podía citar aislado, fuera del contexto, penoso contexto de la precariedad de medios con la que siempre nos han obsequiado nuestros políticos. Por otro lado, lanzar ese dato y repetirlo como mantra sólo tenía una consecuencia: poner a los funcionarios públicos al pie de los caballos de la opinión pública. 

Pues bien, ha caído en mis manos un informe de AEVAL (la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios públicos) dependiente del todopoderoso Ministro de Hacienda que parece contradecir ese "dato".

Según este informe de 2013, (págs. 11 y 67)  el Registro civil es el servicio administrativo del que los ciudadanos se sienten más satisfechos muy por encima de la media con un 84% de ellos que lo están muy satisfechos o satisfechos. Muy mal no lo harán los miles de funcionarios de Justicia que abren los Registros civiles de toda España. 

Por eso me voy a permitir romper una lanza por mis compañeros del Registro civil y denunciar, una vez más, el maltrato recibido por un Gobierno que se lanza a privatizar sin contar antes con el excepcional capital humano con el que cuenta. Una vergüenza. 

El nuevo Ministro mencionó el Registro civil de pasada, habló de modernizarlo sin concretar como hacerlo. Haría bien, muy bien, en tomar buena nota de este informe y confiar en sus funcionarios de Justicia como expertos que son en Registro civil retirando el proyecto de privatización que como comentaré más adelante, cada día huele peor. 

lunes, 18 de agosto de 2014

Desjudicialización y privatización del Registro civil, una falsedad más

El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie. 


Cuando se insiste en la necesidad de desjudicializar el Registro civil quizás algunos pasan por alto la simbiosis, beneficiosa para el ciudadano, de esa doble función, jurisdiccional y de Registro civil, de los órganos judiciales. Sobre todo, los fines de semana y festivos teniendo en cuenta el carácter hábil de todos los días del año en materia de Registro civil y, también, de algunos trámites cotidianos de enorme trascendencia para el ciudadano. 

Una compañera me comenta lo que le ha sucedido esta semana pasada. Está destinada en un Registro civil de esos que comparten funciones con un Juzgado, mixto a más señas. El viernes por la mañana, festivo, le llama el/la Secretario/a del Juzgado de guardia (no voy a dar más pistas), distinto del de mi compañera, para preguntarle quien y cómo entrega una licencia de enterramiento que le han solicitado. Mi compañera le explica al inexperto/a consultante, no se trata de una calificación peyorativa pues todos hemos sido inexpertos alguna vez y además se trata de un mal que se cura con el tiempo, que normalmente es el Juzgado de guardia el que se encarga de estas cuestiones y que seguro que los compañeros que están en el turno de guardia tienen los documentos necesarios, el papelito azul sobre todo,  para otorgar la licencia de enterramiento. 

La licencia de enterramiento tiene una enorme trascendencia tanto desde el punto de vista de salud pública como legal. Tanto es así que el enterramiento sin licencia constituye, como dirían los técnicos, parte del tipo objetivo del delito de inhumación ilegal. Por este motivo, se exige que se otorgue por determinada persona investida de esa potestad que debe observar un mínimo de cuidado a la hora de valorar las circunstancias de la solicitud y, sobre todo, verificar la aportación de toda la documentación conforme a los requisitos legales.

El hecho de que las funciones de Registro civil urgentes puedan ser asumidas por el Juzgado de guardia es un ejemplo de racionalización de recursos  en beneficio del ciudadano y que sólo se puede llevar a cabo si el Registro civil felizmente coincide con un órgano judicial y se aprovecha de las ventajas del sistema de guardia y la demarcación judicial existente. Es una pena que, para el Ministerio de Justicia la racionalización de recursos sólo sirva para amortizar plazas, privatizar servicios y no para aprovechar al máximo el capital humano que tiene la obligación de gestionar. 

Y es que este suceso me ha hecho volver a reflexionar sobre la desjudicialización y la privatización del Registro civil. El Ministerio de Justicia pretende intencionadamente ligar ambos conceptos para justificar su proyecto como si la primera condujera irremediablemente a la segunda; proposición que no dura ni cinco segundos en pie por falsa. Es decir, más concretamente, desjudicializar no quiere decir sacar a todos los funcionarios de Justicia del Registro civil sino que puede limitarse su efecto a sacar a los Jueces de este servicio para que se dediquen "a juzgar y a ejecutar lo juzgado".

Pero es que, además, la solución impuesta por el Gobierno plantea no pocas dudas y problemas prácticos, con un Registrador civil y mercantil por provincia, ¿quién va a atender estas actuaciones urgentes en fines de semana y festivos?, ¿el Registrador civil y mercantil de la provincia colindante?. Como encargado que es del Registro es el único legitimado para firmar esas licencias, ¿va a acudir el Registrador civil y mercantil a su oficina de Registro para otorgar la licencia de enterramiento o se va a encargar (delegar) esta función a personal no funcionario?. Y la cosa no queda aquí,  ¿Qué pasará cuando la defunción acaezca en uno de esos maravillosos pueblecitos  repartidos por nuestra geografía donde hasta ahora la licencia la otorgaba el Juez de Paz, tan bellos y pintorescos como alejados de la capital ?. ¿Quién pagará por la gestión de esta licencia?.

Por otro lado, esta simbiosis también se produce entre los órganos judiciales y el Registro civil que se beneficia de la demarcación judicial y de la red de Juzgados de Paz.  En efecto, fuera ya de la guardia, del fin de semana o del festivo, volviendo a lo cotidiano, en el caso de una fe de vida ¿deberá desplazarse el interesado a la sede del Registro civil y mercantil para que el Registrador pueda dar fe de que está "vivito y coleando" y, en consecuencia, puede seguir cobrando su pensión, por ejemplo?. Y no sólo la fe de vida, junto a este caso podríamos citar tantos otros expedientes y trámites de Registro civil que no pueden ser sustituidos por una plataforma digital por excelente que sea ya que exigen la presencia de los interesados o de otras personas (testigos) delante del encargado y para los que una demarcación de Registro civil como la actual facilita mucho su comparecencia en relación con la demarcación provincial que plantean los Registradores mercantiles. 

En fin, lo que el sucedido descrito, a mi juicio, pone en evidencia una vez más el proyecto privatizador del Ministerio de Justicia. No todo lo viejo del Registro civil es malo ni todo lo nuevo que se nos anuncia debe ser bueno por narices o por que lo diga un Real Decreto Ley. Es más, muchas de las cosas que se nos anuncian como ventajas ya podrían implementarse ahora y otras muchas podrían incorporarse si se cumpliera con el compromiso de dotar a los servicios públicos de medios suficientes en vez de ahogarlos para luego aparecer con la solución salvadora, eso sí, privatización mediante. Lejos de ser conceptos ligados por una relación de causalidad, desjudicialización y privatización son las dos caras de la misma moneda falsa que nos quieren vender desde el Ministerio de Justicia.

Por mucho que quieran vestirlo de "decisión política", es decir, por mucho que se quieran esconder en la mayoría y en el derecho a  escoger una opción entre varias posibles, la decisión vía decretazo del pasado 4 de julio, no deja de sustentarse en presupuestos falsos; pues parece evidente que hay mejores opciones de organización de un Registro civil moderno que no suponen la ruptura con el modelo actual al que sólo le hace falta que el político de turno le preste la atención suficiente que precisa desde su creación hace más de 140 años y que nunca le han dado a pesar de formar parte de su juramento o promesa del cargo. 

miércoles, 6 de agosto de 2014

Las cosas del BOE

Repasando los boletines, que no miré durante la primera parte de mis vacaciones, me encontré  con la   Orden JUS 1149/2014 de 31 de julio, en el correspondiente al 2 de agosto, que en su artículo único dice:

"Modificación de la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos.



La Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos, queda modificada como sigue:

Se añade un punto 5 en el apartado decimoctavo queda redactado del siguiente modo:

5. La competencia para realizar encomiendas de gestión en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil y de aquellos otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sin perjuicio de las competencias delegadas en otros órganos." 


Enseguida eché mano de una copia del RDL 8/2014  donde juraría había leído algo parecido un mes antes y voilá:

Disposición Adicional 25ª RDL 8/2014 (BOE del 5 de julio):

La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición (...). No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia: a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos. b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos". 

Alguien me podrá convencer de que es pura técnica legislativa pero a mi, a bote pronto me suena a metedura de pata en el mejor de los casos. Si en realidad, el RDL modificaba la Orden JUS de delegación de competencias, ¿para qué modificar su contenido un mes más tarde?. Y si no era así, ¿porqué no se modificó la Orden JUS antes de aprobar el RDL?. Si de verdad el Gobierno, el Ministerio, el Sr. Gallardón y su equipo de colaboradores están convencidos de que la decisión acertada es la de encomendar el Regsitro civil a los Registradores mercantiles, ¿por qué tanta improvisación y tanta chapuza?.

Por otro lado, esto se parece cada vez más al dicho popular sobre Juan Palomo, el que se comía lo que se guisaba. Habrá que recordar que el Director General de los Registros y del Notariado es Registrador de la propiedad y mercantil además de Notario   que en el equipo de asesores del Ministerio hay varios Registradores, que el Ministerio de Justicia sólo ha negociado su proyecto con los Registradores sin analizar ni debatir alternativa alguna con otros funcionarios públicos como los de Justicia  y que el artículo 4 de la ley 50/2006 define el conflicto de intereses de altos cargos como la intervención "en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas". 

Quizá sea legal pero la transparencia, la estética y la ética brillan por su ausencia en todo este proyecto sobre el Registro civil.


Sobre el tema de las nacionalidades y el "éxito" del plan de Gallardón

Hace unas semanas, un diputado de Entesa en el Senado preguntó a Gallardón sobre una cuestión realmente grave pero que ha pasado inadvertida a pesar de que algunos sindicatos y funcionarios lo denunciaron. Estoy hablando de la denegación de nacionalidades por caducidad de la documentación no imputable al solicitante sino a la lenta tramitación del expediente. Este hecho no es nuevo, el de la caducidad me refiero, y en los Registros civiles se tenía como regla la de evitar la denegación de nacionalidad en estos casos. Pues bien, alguien no se lo dijo a los Registradores y ya tenemos el lío montado. Ahora dice el Ministro que en vía de recurso se resolverá esta cuestión. Es decir, se obliga al ciudadano a reclamar para obtener lo que debería haber obtenido a la primera y, encima, se quedan tan tranquilos en el Ministerio.

Y es que este es uno de los muchos problemas que la "ideica" de Gallardón y su equipo ha creado en el tema de las nacionalidades y que habría tenido mejor solución si en vez de derrochar el dinero a manos llenas, a los políticos de turno les hubiera dado por cumplir con su deber que no es otro que dotar a los funcionarios públicos de los medios suficientes para realizar su trabajo. Un dato: mientras en España la población ha crecido en los últimos veinte años en 7 millones de personas; las plantillas de los Registros civiles no han crecido ni en un sólo efectivo. Así, se explican muchos de los problemas del Registro civil. Bueno, así y la precariedad de medios materiales. 

Ahora bien, lo que contaba el diario digital 20 minutos hace unos días me parece mucho más grave y nos da una pista sobre lo que hay detrás de este proceso de privatización del Registro civil. Titula el diario digital que "El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones de euros a la firma de un asesor de Gallardón". 

Como cada uno ya es mayorcito para leer y extraer conclusiones evitaré hacer comentarios al respecto y que cada cual extraiga sus conclusiones. Solo espero que éste no sea el modelo de adjudicación de la plataforma digital del Registro civil que se prevé en el RDL 8/2014 porque si no vamos apañados. Tan sólo haré un par de aclaraciones que me parecen relevantes y plantearé un par de cuestiones.

En cuanto a las primeras, estos hechos se producen cuando aún no se ha producido la Asamblea General de Registradores de Zaragoza que rechazó la propuesta de Gallardón sobre Registro civil y provocó la caída de la Junta del Colegio afín al Ministerio de Justicia y que defendía el proyecto del Ministro sobre Registro civil. Sólo se apoyaría este proyecto si se garantizaba una fuente estable de financiación ligada a la prestación del servicio (arancel), si se separaban los dos negocios: el tradicional de la propiedad y mercantil y el del Registro civil; si existía un amplio consenso social y político sobre el proyecto. 

En cuanto a las segundas, ahí van las preguntas:

Además de la obvia que se desprende del texto del artículo sobre la ética de quien parece se erige en juez y parte de la concesión y de quien lo permite y patrocina, hay otras que afectan a la esencia del proyecto del Ministerio y que planteo a continuación.

¿No resulta chocante que mientras un funcionario de Justicia no pueda ser administrador de ninguna empresa, un Registrador de la propiedad si pueda serlo?.  

En consecuencia, ¿no estará mejor garantizada la imparcialidad y objetividad en la prestación del servicio público si se realiza a través de un funcionario de Justicia que no puede tener otros intereses sino los propios del Registro civil?. 

El futuro del Registro civil y la dignidad de los funcionarios de Justicia

Hace poco más de un mes conocimos la decisión del Gobierno, vía Real Decreto Ley que parece ser la nueva forma de legislar en este país, sobre el Registro civil que no es otra sino su entrega a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en un Registro mercantil. 

Se diga lo que se diga sobre la gratuidad futura del Registro civil las cuentas no cuadran y nadie ha sido capaz de explicar como unos profesionales (ya sé que son funcionarios públicos pero también sé que no son como los demás funcionarios públicos) que se retribuyen mediante el cobro de un precio (arancel) por cada servicio prestado, renuncian sin más a esta retribución asumiendo más trabajo. Por mucho dinero que tengan o hayan acumulado por su función originaria, la asunción del Registro civil sin cobrar al ciudadano supone una renuncia a una importante cantidad de ingresos a la vez que se asumen un importante nivel de trabajo y, sobre todo, de gasto con lo que no sería aventurado pronosticar dificultades futuras en su actividad. Quizá  sea un mal pensado y en realidad es que estamos ante unos magníficos millonarios filántropos dispuestos al sacrificio en pos del bien común. En fin...

Las dudas no hacen sino crecer sobre el mantenimiento de la promesa de la gratuidad del Registro civil. En primer lugar, porque parte del Registro civil (matrimonios y nacionalidades) será de pago y encomendado a Notarios. En el caso de los matrimonios se habla de entre 90 y 100 euros. En segundo lugar, porque nada se dice de esos nuevos títulos sujetos a inscripción obligatoria (domicilio, poderes etc... tal y como se prevé en la futura ley de jurisdicción voluntaria) . En el caso de los poderes podemos estar hablando de más de 3 millones y medio por año lo que multiplicado por la unidad seguida de un cero nos pone en 45 millones de euros anuales. En tercer lugar, porque si bien se dice que inscripciones y certificaciones serán gratuitas no se establece límite a las segundas pudiendo gravarse por ejemplo la segunda y siguientes que se soliciten sobre una misma inscripción. Tampoco se aclara que ocurrirá con los expedientes y ya hemos visto lo que se está preparando en materia de matrimonios y nacionalidades. En cuarto lugar, porque si bien se dice que será gratuito para los ciudadanos, nada se dice del acceso de terceros, por ejemplo Notarios a la hora de realizar sus escrituras o es que estos profesionales tampoco podrán repercutir este gasto a sus clientes-ciudadanos. En quinto lugar, porque ahora se niega la posibilidad de financiación presupuestaria pero en este país, no será la primera corporación de derecho público que no perciba ayudas públicas para su sostenimiento en caso de estar en peligro su continuidad. En sexto lugar, porque una parte del Registro civil (la guardia y custodia de los libros existentes) se va a realizar con cargo al dinero de todos los españoles vía presupuestos del Ministerio y de las CCAA.

Todo lo anterior y alguna cosa más que se me puede olvidar se cuela entre los textos legales, los borradores de leyes y las medias verdades que se han sucedido durante los últimos dos años y medio respecto del Registro civil. Y uno, que es funcionario de Justicia se pregunta si para este viaje hacen falta tantas alforjas, corporaciones públicas, falta de transparencia, dudas sobre la viabilidad económica y medias verdades. Si no es posible, y mucho más fácil y transparente, aprovechar de una puñetera vez a los funcionarios de Justicia que son los funcionarios expertos en Registro civil desde hace más de 140 años, reconociéndoles un trabajo que efectivamente realizan pero que siempre han cobrado otros y, sobre todo, dotándoles de los medios suficientes para poder realizar su trabajo de forma digna. 

Y es que, ya que los Registradores mercantiles van a pagar de su bolsillo el programa informático y a correr con los gastos de mantenimiento propongo una solución. Que sigan pagando el programa, que lo sigan cediendo al Ministerio y que éste nos lo entregue a nosotros para utilizarlo en beneficio de toda la sociedad. Será la primera vez que los funcionarios de Justicia tenemos los medios materiales adecuados para prestar el servicio público de Registro civil y creo que nos merecemos este apoyo por parte de quienes nos deberían prestarlo en vez de pisotear nuestra profesionalidad, aireando encuestas negativas cuyo origen está en la propia incompetencia, incapacidad, desidia y abandono de la clase política en materia de Registro civil. Claro está que no da votos, ahora parece que será un negocio. 

domingo, 15 de junio de 2014

Sobre el anteproyecto de LOPJ (I)

Acaba de salir el informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Gallardón y, una vez más, no sale bien parado. Antes fueron el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Jueces decanos, las asociaciones de jueces, las asociaciones de Secretarios, las organizaciones sindicales, los presidentes de TSJ que tienen como denominador común su descontento y desconfianza sobre las ideas que recoge para la Justicia este anteproyecto. Sólo falta el relevante informe del Consejo General del Poder Judicial que se prevé su debate en el pleno del día 26 de junio. Ante este panorama quizá lo más prudente sería replantear la reforma de la LOPJ con más calma y no continuar con la tramitación del texto propuesto por el Ministerio de Justicia.

En general nos se acaba de ver aspectos tan novedosos como polémicos como la jurisprudencia vinculante que va en contra del sistema de fuentes del Derecho español que se contiene en el Código civil y que considera a la jurisprudencia como complemento del ordenamiento jurídico a través de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Tampoco se acaba de ver muy claro eso de la instrucción colegiada.

Tampoco se acaba de ver el especial interés que se pone en amordazar a los Jueces mientras los políticos padecen en su mayoría de incontinencia verbal e incluso de inviolabilidad por sus opiniones.

En cambio el tema del aforamiento está desenfocado. El problema no es que aforemos a la famlia real restringida sino que, en España, hay 10.000 personas aforadas. Vamos ni en la Edad Media de donde viene esta institución y otras muy singulares, había tanto aforado.

Nadie ve que esa instrucción por tres magistrados vaya a favorecer la celeridad en la terminación de la fase de preparación del juicio e investigación sino todo lo contrario y ni mucho menos que sea la solución para los "jueces estrella" que es el argumento utilizado por el Ministro en la rueda de prensa del pasado 4 de junio en Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de ley. El problema de la instrucción penal, de algunos procedimientos que no de todos, es la complejidad y sofistificación creciente del mundo del delito que cuenta con muchos más medios que la Justicia para realizar su función. Es decir, a la Justicia le faltan medios personales y materiales (sigue pendiente el galimatías informático o la vergüenza de replicar ocho veces la infraestructura informática y que esos ocho programas no se entiendan entre sí). En cuanto a los "jueces estrella" si algunos responsables políticos evitaran meter la mano donde no deben, y me refiero tanto a la caja como a la creciente manipulación del Poder Judicial,  quizá no habría tanto juez estrella y todo se desarrollaría con la normalidad de una sociedad democrácticamente madura y desarrollada.

Pero es que tampoco se ve claro eso de la justicia colegiada y los Tribunales Provinciales de Instancia. Primero porque si se lee la ley la justicia no se colegia sino que se colectiviza pues los jueces van a poder seguir actuando de forma individual y de forma colectiva, más o menos como ahora. En definitiva, se va a replicar el sistema de juzgados y audiencia provincial (en materia de primera instancia) solo que en el seno de un Tribunal de Instancia de demarcación provincial.

Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. La implantación de los Tribunales de Instancia provinciales necesita dinero, mucho dinero y a este anteproyecto de ley no le acompaña una memoria económica que sería lo propio si hubiera una decisión firme. Las CCAA ya se han apresurado a decir que no hay dinero ni medios ni los habrá en el corto y medio plazo, para albergar todos los órganos judiciales en la capital de la provincia. En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Once años después de aprobar la NOJ en la LOPJ de 2003 seguimos, a salvo del País Vasco, con experiencias piloto y el plazo de 6 meses que se daba en la primera redacción de ese año 2003 pronto se vio superado y eliminado por el concepto más laxo e impreciso pero, a la vez, más conveniente de las posibilidades técnicas y presupuestarias.

Por si fuera poco, esta demarcación judicial no termina de encajar con el diseño inacabado de la NOJ. En la nueva redacción las diferencias entre las UAD, a las que se le suprime su carácter de procesal cuando es ese el sentido principal de su existencia, y los servicios comunes; y entre éstos últimos entre sí. Esta circunstancia deja a la NOJ en una indefinición preocupante tanto para el buen funcionamiento de la Justicia como para la situación laboral de miles de funcionarios que no merecen ser tratados como muebles.

Y, sin olvidar que entre los planes de futuro está poner en manos del cuerpo jerarquizado de fiscales, la instrucción penal, lo que, sin duda afectará notablemente a la demarcación (en algún sitio habrá que colocar los fiscales instructores) y a la organización interna de la oficina. Muchos experimentos para algo tan sensible como es el servicio público esencial de la Administración de Justicia.

A la justicia en España le hace falta estabilidad. Los ciudadanos y quienes trabajamos en la Justicia no podemos estar a la espera de la idea feliz o más o menos ingeniosa que supone la "transformación de la Administración de Justicia para hacerla entrar en el siglo XXI". Expresión que por manida está empezando a ser ridícula al confrontarse con la precaria realidad. La NOJ tiene como virtud la racionalización de los recursos, permite desarrollar la idea de carrera profesional y el trabajo en equipo.

¿No sería más conveniente esperar a que se implante definitivamente la NOJ y concentrar todos los esfuerzos y recursos a esta tarea antes que distraer la atención con más experimentos?. ¿No sería mejor concentrar los esfuerzos en luchar contra la corrupción dotando de medios personales y materiales a los órganos judiciales antes que exportar figuras ajenas a nuestro sistema jurídico?.

Bajo mi punto de vista la clave de la transformación de la Administración de Justicia sólo se puede hacer desde la implantación de un sistema informático y telemático único o, al menos, realmente interconectado y de la penetración de las TIC en la sociedad; pues de esta circunstancia depende en gran medida las opciones que podamos tomar para organizar internamente las oficinas judiciales y la demarcación judicial. Antes de los TPI aplíquemonos en las TIC.






sábado, 24 de mayo de 2014

Algunas ideas para la Justicia de Paz

Vista de Albarracín (Teruel) sede de una Agrupación de Paz
que da servicio a 28 municipios y cerca de 7000 ciudadanos
La provincia de Teruel tiene 140.000 habitantes
y una extensión de casi 15.000 kilómetros cuadrados
3 veces Cantabria que tiene  cuatro veces la población de
Teruel
Uno de los damnificados por el anteproyecto de ley de LOPJ es la justicia de Paz. En la Disposición Transitoria décimo segunda  se establece la transferencia de sus competencias judiciales a los Juzgados de Primera instancia e instrucción según se trate y la continuación de sus funciones como Registro civil hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio (o ley que la sustituya o lo que quiera que esté preparando el Ministerio y sobre la que ya tuvimos ocasión de reflexionar en un post anterior). 

En cuanto a los funcionarios de Justicia destinados en estos Juzgados de paz y Agrupaciones pasan a estar adscritos al Servicio Común de Notificaciones y Embargos con sede en la que hasta la entrada en vigor de este anteproyecto de LOPJ fuera la cabecera de partido pudiéndose crear una unidad desplazada de este servicio común en la localidad sede del Juzgado de Paz previa decisión de la Administración competente. Es decir, el Juzgado de paz con sede en una población determinada dentro de la demarcación judicial pasa a ser una unidad del SCNE que mantendrá la sede si la Administración quiere. 

Una vez más, este Ministerio de Justicia opta por la decisión fácil, la de la tijera, en vez de aprovechar la infraestructura y el potencial del personal que sirve en estos órganos judiciales. Podemos estar de acuerdo en que, en los tiempos que corren la justicia debe profesionalizarse o, dicho de otro modo, si queremos que la Justicia mejore su eficiencia y su eficacia debe profesionalizarse y especializarse. Este planteamiento puede ser igualmente aplicable a la Justicia de Paz que puede transformarse en beneficio de los ciudadanos potenciando las funciones para las que fue creada. Ya no habría Juzgados de Paz pues no habría jueces pero se podrían denominar oficinas judiciales de paz. 

Presente en la organización judicial española desde la Constitución de Cádiz de 1812 en cuyo artículo 282 se establecía que "El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que  demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto", la Justicia de Paz en estos 200 años de existencia  ha pasado por algunas reformas como la de la Ley de enjuiciamiento civil de 1855 que separó la figura del Juez de Paz de la del Alcalde o la de la Ley orgánica de la Justicia 1870 que creó la distinción entre los Juzgados comarcales y los de Paz o la de Justicia municipal de 1944 que refundió ambos para crear los Juzgados de distrito o la de 1984 que los eliminó volviendo a dar protagonismo a los Juzgados de Paz y creando la figura de las Agrupaciones de Secretarías cuyo desarrollo ha sido bastante irregular en función de la voluntad de las CCAA. 

Por mucho que hayan mejorado las comunicaciones, en un territorio tan extenso como el español, con densidades de población tan bajas en algunas zonas la presencia de la Administración de Justicia no puede eliminarse de un plumazo como hace este anteproyecto de ley. La presencia de servicios en determinadas zonas es un factor de asentamiento de población necesario para el equilibrio territorial y para el sostenimiento del medio ambiente. Además, es un error muy grave desde el punto de vista político esconder la Administración de Justicia que sirve al tercer poder del Estado de la vida cotidiana de los ciudadanos de las poblaciones menos pobladas. Todo ello son razones que justifican la presencia de los Juzgados de Paz, o como queramos llamarles en el futuro, reforzados en sus funciones al servicio de los ciudadanos. 

Como siempre existe alguna alternativa que lamentablemente, parece que no se han planteado en la calle San Bernardo. Como ya he señalado, bajo mi punto de vista, esa alternativa pasan por volver a los orígenes de la Justicia de paz potenciando su función de mediación- conciliación. Resulta paradójico que siendo un concepto tan en boga, el de la mediación, incluso dentro del propio Ministerio de Justicia, se prescinda de él aplicado a la Justicia de paz cuando, como hemos visto, en su origen la Justicia de Paz nació con esta función mediadora o conciliadora. 

También se podría potenciar la Justicia de paz como oficinas de información al ciudadano, presentación y registro de documentos. Las nuevas tecnologías permiten el acceso y la presentación desde cualquier punto y al menos mientras la tasa de penetración de las mismas no mejoren los Juzgados de paz se podrían convertir en puntos de acceso a la red de la justicia en beneficio del ciudadano en trámites como comparecencias para conferir poderes o de otro tipo, presentación de demandas o solicitudes que no precisen Procurador y/o Abogado o incluso para favorecer el trabajo de estos profesionales...

Incluso se podrían realizar diligencias judiciales con los ciudadanos y comparecencias como por ejemplo los apoderamientos apud-acta y alguno más que si buscamos un poco en la ley seguro que salen a la luz más ejemplos. 

Otra función esencial para la Administración de Justicia que se presta y se puede prestar desde las Agrupaciones de paz es la de auxilio judicial como servicio común de notificaciones y embargos o incluso para la práctica de algunas diligencias que eviten al ciudadano traslados innecesarios. 

Por último, el Registro civil. Si, el Registro civil también. La digitalización del Registro civil y el programa INFOREG permiten ya acceder a cualquier inscripción digitalizada desde cualquier Registro civil conectado. Hay que profundizar en este proceso de modernización tecnológica del Registro civil y de los Juzgados de Paz con la colaboración de las tres administraciones implicadas: Ayuntamientos, CCAA y Estado porque al final el beneficiado es el ciudadano al que dicen servir. 

¿Y para llevar todo esto qué o quién?. Pues la solución vuelve a pasar por los funcionarios de Justicia de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. Como ocurre con el Registro civil hay que aprovechar no sólo su formación y experiencia sino también su potencial para dar valor añadido al servicio público de la Administración de Justicia sin perder de vista como es natural el consiguiente reconocimiento retributivo y laboral que todo profesional merece. 

En este sentido, quizá habría que replantearse tanto la demarcación como las plantillas de estas oficinas judiciales de Paz.  Una idea sería comarcalizar su presencia homogeneizando su demarcación en toda España. Es un error grave de este anteproyecto la cesión que el Estado hace, al menos así lo establecía en el único borrador de ley de demarcación que conocemos, de la competencia de fijar la demarcación judicial por la vía de ceder a las CCAA la decisión de establecer o no sedes desplazadas de los Tribunales de Instancia o unidades de los servicios comunes tal y como hemos visto en la Disp. Transitoria 12ª del anteproyecto. Si la Administración de Justicia ha de ser homogénea, si la oficina judicial también debe serlo porque sirven a un poder único del Estado, mucho más debería ser la demarcación y la organización interna de los órganos judiciales incluidas las sedes desplazadas.  

Una revisión de la demarcación que conlleva una revisión de las plantillas de forma que desde una oficina judicial de Paz  servido por funcionarios de los tres cuerpos se prestara servicio a varios municipios bajo la supervisión del Juzgado o Tribunal cabecera de partido (en caso de que aún estemos a tiempo de evitar la barbaridad de los Tribunales de Instancia tal y como están planteados o de estos mismos si todo sigue como se plantea en el anteproyecto. 

Para terminar, solo me queda decir que estas ideas no son originales. El concepto de Justicia de proximidad se encuentra en el Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001 suscrito por PP y PSOE dentro del nuevo mapa judicial que se debía realizar para agilizar y acercar la Justicia al ciudadano ajustando la organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional. 

Por otro lado, en lo esencial de este artículo me he limitado a recoger las sugerencias y propuestas de la Comisión de Expertos para la nueva demarcación judicial que emitió un informe en el año 2009 a petición del Gobierno anterior. Esta comisión de expertos, que seguro saben bastante más que yo,  recomendaban de la creación de oficinas delegadas de registro, mediación y auxilio judicial con el argumento de que "la imprescindible superación del partido judicial no tiene por qué implicar la completa desaparición del servicio público de la Administración de Justicia" y su creación puede ser una oportunidad para ofrecer una sede institucional idónea para los instrumentos de mediación... permitiendo la genuina misión que los Juzgados de paz siempre han desempeñado.  

A este informe volveré cuando comente la "revolución" del mapa judicial que anuncia este anteproyecto que, a mi juicio, es una barbaridad  y sobre el que existen alternativas que respetando la idea de colegiación o, más bien, colectivización de la Justicia que es lo que se plantea en el anteproyecto de la LOPJ, no implican un alejamiento absoluto de la Justicia del ciudadano. 



jueves, 1 de mayo de 2014

Rumore, rumore sobre los Registros civiles

El Registro civil corre el riesgo de marearse de tantas vueltas que le está dando Gallardón. Acabará abriendo la puerta del coche en marcha y echando hasta la primera papilla sobre el sufrido ciudadano. En materia de Registro civil, una vez más, se ha perdido una legislatura y el mismo cálculo electoral que hay detrás del último retraso de la decisión ¿final? da muestras de que lo único que le importa a Gallardón es la política, su estatus y el de su partido, el servicio público se la trae al pairo. 

En vez de impulsar una profunda renovación del Registro civil aprovechando y confiando en el personal a su servicio; en vez de gestionar correctamente el servicio público, este Gobierno ha dedicado la legislatura, lo que va de ella, a arruinar y asfixiar al Registro civil (también a la Administración de Justicia) negándole los medios que precisa para luego, justificar su venta y privatización sobre un presunto mal funcionamiento. Es decir, el Ministro ha desistido de su responsabilidad y funciones en materia de Registro civil que asumió a la hora de jurar o prometer el cargo. 

Si el Registro civil no funciona es porque nadie se ha preocupado de actualizar sus plantillas, porque nadie se ha preocupado de establecer una organización moderna aprovechando el potencial del capital humano que trabaja en él y que distribuya las funciones y responsabilidades y las reconozca laboral y retributivamente. Porque nadie se ha preocupado de la formación específica de este personal más cuando su trabajo depende de la interpretación que la Dirección General de Registros y Notariado da a la ley y Reglamento del Registro civil que datan de mediados del siglo pasado. Porque nadie se ha preocupado de reformar en profundidad su normativa (salvo la ley de zapatero de 2011 que tenía algunas virtudes y que hasta el PP votó favorablemente) ni tampoco nadie se ha preocupado de ordenar, actualizar y sistematizar la actividad normativa de la Dirección General de Registros y del Notariado a través de la resolución de consultas y recursos o de la emisión de circulares e instrucciones que interpretan la vieja ley de 1957 y la adaptan a nuestro tiempo o de las sentencias judiciales en esta materia. No digamos de comunicar periódicamente estos cambios a los Registros civiles que deben aplicarlas. Existe esta información, sí pero no es completa, no está actualizada y sobre todo no llega a quien tiene que llegar, a los funcionarios del Registro civil. Otro ejemplo, en ningún momento se han normalizado las preguntas cuestionarios o pruebas que se formulan a los peticionarios de nacionalidad lo que facilitaría mucho el trabajo de los Registros civiles y de los Fiscales. Otro tanto ocurre con los expedientes matrimoniales. Como se puede observar estas tres cosas son fáciles de aplicar... si hay voluntad. 

Nadie se ha preocupado de informatizar el Registro civil (salvo los últimos años de zapatero con el INFOREG y la digitalización del las inscripciones desde el año 1950 por importe cercano a los 180 millones de euros de todos los españoles). Y no era muy complicado. Doy un dato: con la digitalización de los Registros civiles realizada en los últimos años y el programa INFOREG que está instalado en muchos Registros civiles, desde cualquier Registro civil de España se puede consultar una inscripción que conste en otro Registro civil. Se puede ver en pantalla la inscripción y se puede imprimir.... pero no sirve para nada pues la ley no permite que se pueda certificar desde ese Registro civil. En consecuencia, el ciudadano, si quiere obtener el documento público, debe acudir al Registro civil de origen de la inscripción. Todo cambiaría con una simple reforma legal que, por supuesto, ni Gallardón ni su equipo privatizador se han planteado... o sí que lo han hecho y se han callado porque, entonces, se les cae todo el tenderete privatizador. Como dijo Trillo,¡¡¡ manda huevos!!!.

Ojo, y nadie se ha preocupado no ahora, cuando no hay un euro sino cuando se gastaba a manos llenas en aeropuertos sin pasajeros, autopistas sin coches, teatros sin programación y que se caen a trozos, eventos mundiales varios etc...

Por eso, causa estupor por no decir indignación observar como el Ministerio saca pecho con su plan de nacionalidades, eso sí, sin contar los problemas que han surgido en materia de coordinación, compatibilidad informática e incluso de aplicación de criterios a la hora de conceder o no la nacionalidad. Y es vergonzoso porque el Ministerio de Justicia ha puesto más interés en que este plan funcione con los Registradores que de preocuparse de cómo podría funcionar con sus propios medios o de qué hacer para gestionar mejor el Registro civil y que funcione. Pero claro, esta medida es el pilar de su campaña de promoción de su proyecto de privatización. 

Un buen amigo me cuenta que el Ministerio de Justicia baraja entregar las nacionalidades a los notarios a cambio de un arancel de 90 euros y entregar el Registro civil a los Registradores imponiendo su gratuidad... por haber sido malos durante la negociación. No es la primera vez que el Ministerio dice que renuncia a los Registradores para luego volver a su idea inicial. Ya lo hizo tras la Asamblea de Zaragoza. Lo que choca es que en esta última ruptura se anunciara que el Registro civil iba estar en manos de varios cuerpos de funcionarios y que estaban explorando otras vías porque la renuncia a los Registradores no significaba que el Registro civil se quedara con funcionarios judiciales (una vez más, gracias Ministro por la confianza y el apoyo a sus funcionarios-  modo irónico on)

¿Puede hacerlo?. Pues, claro que sí. Al fin y al cabo los Registradores deben su existencia a la concesión de un monopolio legal sobre el ejercicio de una función pública y, en este sentido, están en manos del Gobierno de turno. Otra cosa es la fuerza que este colectivo ha demostrado en varias ocasiones y la influencia que, de hecho, ejercen en dentro de la Administración y que convertiría en inédita esta decisión. 

Y es que, si se confirma el desastre, habrá que estar muy atentos a la letra pequeña. El dinero aparecerá y lo hará más tarde o más temprano o de una forma directa (aranceles) o de una forma indirecta a traves de subvenciones a los colegios, pago por prestación de servicios nuevos (venta o cesión de los programas), pago por nuevos hechos registrales obligatorios o no obligatorios (domicilio, poderes etc... que ya están en la agenda) o nuevos negocios como la venta de datos registrales. 

Y un último dato, detrás de todo ésto también está la célebre Directiva de servicios de la UE que no permite este sistema de doble fe pública que existe en España y que, entre sus excepciones (en las que se permite el monopolio de una función) sólo están los Notarios. Esta directiva, entre otras cosas, lleva a convertir a estos funcionarios arancelarios en funcionarios con sueldo como han hecho otros países "de nuestro entorno" pero ésto no gusta nada y el Registro civil, aunque no guste, es la vía de escape.  

El gran engaño de la privatización del Registro civil  se consuma cuando asumimos sin más que con los Registradores todo funcionará mejor cuando el problema es que nada se ha hecho para que funcionen mejor los Registros civiles aprovechando el potencial de los empleados públicos que vienen sosteniendo el servicio desde hace décadas y lo hacen razonablemente bien teniendo en cuenta el desprecio que los sucesivos gobiernos han venido dispensando al Registro civil. 

Lo podrán privatizar pero no nos engañan. Al menos a mi, no. 


miércoles, 16 de abril de 2014

El decoro y la Administración de Justicia

Dice el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el 4 de abril en Consejo de Ministros que los funcionarios de Justicia de Secretarios a los Auxilios Judiciales "deben vestir y comportarse con el decoro adecuado a la función que desempeñan". De los Jueces y Fiscales nada dice pues el decoro como el valor en el soldado, se les supone. 

Ciertamente lo más grave de este anteproyecto de ley no es el asunto del decoro como tampoco lo es el otro asunto estrella en los medios de comunicación: el aforamiento. ¡Como si en España el aforamiento o de los privilegios procesales fuera noticia!. Pero con su recurrente aparición como tema de conversación en tertulias y debates varios parece como si todos nos hubiéramos empeñado en no querer ver la gravedad de este proyecto de reforma. Un proyecto que profundiza en la manipulación de la Justicia por parte del poder político, incrementando, a la vez, su impunidad. Un proyecto que impulsa la creación de una justicia censitaria en función de los ingresos de cada ciudadano, vaciando de competencias a los funcionarios de Justicia, privando de medios materiales a los Juzgados para luego, una vez ahogados utilizar la lentitud de la Justicia, la crisis y las quejas de los ciudadanos para privatizarla por partes en favor de unos pocos privilegiados que se niegan a perder su estatus privilegiado cuando a los demás se nos han arrancado los derechos laborales y retributivos a mordiscos. Un proyecto que no disimula la clara intención de alejar la Justicia del ciudadano cuando es del pueblo del que emana el Poder Judicial según la Constitución y los derechos humanos y civiles más elementales. 

Pero siguiendo con el tema del decoro, y tomándolo como lo que es, una boutade del Ministerio, a Gallardón como a Feliciano López le va lo "retro". A Feliciano, ese buen tenista español con porte de modelo de alta costura, le gusta Wimbledon porque "allí aún exigen pantalón corto y camiseta blanca", como antes. Lo he leído hoy mismo en un suplemento del Diario El País sobre moda mientras esperaba mi cita con el oculista. Quizá Gallardón ha pensado que, a los juzgados y tribunales españoles, debían volver las levitas, las corbatas, los trajes oscuros y la gomina; o mejor aún, el uniforme gris de funcionario decimonónico de Larra como si el hábito hiciera al monje, como si vestir de una determinada manera fuera garantía de profesionalidad, de preparación y de experiencia. Porque hablando de decoro o más bien de falta del mismo, basta con echar una mirada al estado lamentable de muchas sedes judiciales que piden a gritos una mejora o al fenomenal lío informático que atenaza a la Administración de Justicia de nuestro país o al falta de medios materiales y personales con que nuestros "decorosos" políticos tratan al tercer poder del Estado.  

Es cierto, estoy yendo más allá de lo que la LOPJ dice, pero es que el problema fundamental que se plantea y que convierte esta medida en una broma es determinar dónde está el decoro y quien determina si el vestir y el comportamiento es decoroso o no. ¿Dónde está el estándar?. ¿Se prevé la creación de una Comisión nacional, otra comisión más, para homogeneizar el decoro en la Administración de Justicia?.  Porque, claro, la broma se torna en pesada cuando al Secretario Judicial le pueden caer 600 euros de multa o al resto de funcionarios le puede suponer la suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso porque en materia de sanciones la LOPJ también separa en clases dentro de la oficina judicial. 

Por favor, a ver si somos capaces de ver más allá de las tonterías que se cuelan en los textos legales o de las cuestiones accesorias y nos fijamos en el núcleo esencial de la reforma que impulsa Gallardón. Estoy seguro que a Feliciano como a todos los españoles nos importa mucho más que en Wimbledon jueguen los mejores y jueguen bien y que la Justicia sea, de verdad, independiente y que sirva con objetividad los intereses generales. Mucho me temo que con la LOPJ no será así sino, más bien, al contrario.