jueves, 2 de octubre de 2014

Registro civil: recapitulemos (i)

En los últimos días han surgido varias noticias y artículos sobre la cesión del Registro civil a los Registradores mercantiles que confirman lo que algunos sospechábamos desde el principio: hay gato encerrado y además tiene la bolsa llena de dinero. 

Uno tiene la sensación de que las piezas empiezan a encajar y más si hacemos un ejercicio de memoria de como comenzó esta historia. 

Hace poco más de dos años el Sr. Ruiz Gallardón anunció la posibilidad de que el Gobierno de encomendara el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. De entre todos los argumentos, uno de ellos aparecía repetido como un mantra: el Registro civil funciona mal y las quejas de los ciudadanos demuestran que hace falta cambiar. Para justificar esa impresión acudían a los informes del Defensor del Pueblo y otros parecidos pero el escenario estrella fueron las nacionalidades. 

Desde el principio muchos rebatimos la manipulación de los datos que ofrecía el Ministerio porque no se podía generalizar. Las quejas se referían a la nacionalidad casi en exclusiva y aquí entraban en acción otros factores como la falta secular y grave de medios ,materiales y personales, responsabilidad exclusiva de los sucesivos Gobiernos, unido al crecimiento de la población española sobre todo de inmigrantes que con el paso del tiempo solicitaban la nacionalidad española lo que no sólo afecta a la cantidad de expedientes sino también a su complejidad. Estos factores, ajenos al servicio y a quienes lo prestan, son la causa directa de los males del Registro y un gobierno diligente y defensor de los derechos de los ciudadanos lo hubiera solventado. 

Hace unos días, sin embargo, leí un informe de AEVAL fechado el año 2013 (la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos dependiente del Ministerio del todopoderoso Montoro) que desmentía claramente al Ministerio dejándolo al aire en su manipulación. El informe en sus páginas 11 y 67 decía que el 84% de los ciudadanos estaban o satisfechos o muy satisfechos con el Registro civil. Este porcentaje situaba al Registro civil como el mejor valorado de entre los servicios administrativos analizados. Es decir, que el argumento de las quejas del ciudadano no sirve salvo que se manipule para un fin concreto como así ha sido. 

El Ministerio de Justicia, con la decisión tomada desde el principio de ceder a los Registradores el Registro civil por mucho que se esforzaran en desmentirlo, para reforzar su mantra, en connivencia, con el entonces afín, Decano de los Registradores pergeñaron un plan de digitalización de nacionalidades en el que también participaron los Notarios para el que se creó una Comisión en el seno de la Dirección General de Registros y del Notariado (cuyo titular es un Registrador mercantil) presidida por un Registrador que recomendó al Colegio de Registradores la adquisición de un programa a FUTUVER, una empresa muy ligada al mundo del Registro de la Propiedad como dice en su web corporativaUn programa que costó algo más de cinco millones de euros y que una auditoría posterior determinó que se trataba de un precio 10 veces superior al de mercado. 

Paralelamente, el Gobierno ante la presión de la sociedad se compromete a que el Registro civil seguiría siendo gratuito para los ciudadanos pero sin concretar cómo lo iba a hacer. Así, la tensión dentro del Colegio de Registradores iba creciendo entre quienes defendían la tésis del Ministerio y dominaban la Junta del Colegio y quienes no veían clara la sostenibilidad de la propuesta y como se dice en este post del blog "Hay derecho"lo consideraban un caramelo envenenado que podía llevarse por delante a todo el cuerpo de Registradores. 

Así se llegó a la Asamblea General de Zaragoza en abril de 2013. Una Asamblea histórica porque hacía muchos años que no se reunía este órgano superior en materia corporativa cuyas decisiones son vinculantes para la Junta y porque la Junta rectora recibió un duro correctivo al ver rechazada su moción de apoyo al proyecto del Ministerio por un 60% de los asistentes. La consecuencia fue la dimisión de la Junta derrotada en Zaragoza  y su sustitución por otra que se comprometió a respetar el mandato de sus compañeros, en unas elecciones que evidenciaron las tensiones y la división en el Cuerpo de Registradores que le vino bien al Gobierno en su estrategia como veremos más adelante.  



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