Reflexiones sobre el acceso al empleo público en la administración de Justicia. Aplicación de la Directiva 99/70.

Dada la trascendencia de este asunto, las dudas que se están generando, el gran número de consultas que se han trasladado a CSIF y la utilización interesada que se pretende hacer de ello por determinados colectivos y algún sindicato o asociación de nuevo cuño que promete la consolidación al personal interino, quisiera aclarar lo siguiente:

La Directiva 99/70 CE incorpora al Derecho de la Unión un acuerdo que ha servido de base para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores temporales en todos los sectores de actividad.

En el sector público, CSIF ha recurrido a ella para conseguir en los tribunales el reconocimiento de trienios o de la carrera profesional entre otras cuestiones al personal interino.No obstante, en el propio acuerdo se reconoce la importancia de la existencia de contratos temporales ya que “responden a necesidades de los propios empresarios y trabajadores bajo determinadas circunstancias”. Es decir, no toda situación de temporalidad puede calificarse de abusiva, a la luz de esta directiva, por el mero hecho de tener una duración determinada.

Bajo estos principios, la Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español, entre otras leyes en el RD Ley 2/2015 TRET, RD Ley 5/2015 TREBEP, Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario y, más recientemente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ha establecido medidas para evitar y sancionar el abuso en la contratación temporal a través de medidas distintas proporcionadas a los distintos regímenes jurídicos laborales (social o administrativo).

A pesar de todo lo que se ha dicho al calor de las conocidas resoluciones del 14 de septiembre de 2016, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la resolución de las cuestiones prejudiciales (consultas) que le plantean los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sobre la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, éstas no otorgan derechos individuales a ningún ciudadano europeo en particular.  

Catalá felicita a Jueces, Fiscales y Letrados por la revisión de las causas penales... ¿y al resto de la oficina?

Aunque no haya cifras oficiales y se manejen estimaciones del año 2014, a pesar de la polémica suscitada en los últimos días con peticiones de dimisión incluidas entre el Ministerio y la Fiscalía con asociaciones profesionales de ariete, ahora lo importante es cerrar filas y calmar los ánimos. Así, que enhorabuena a todos por el "magnífico" trabajo. 

Un momento, ¿a todos?.... No, a todos no. A los funcionarios de los Cuerpos generales que han intervenido en la recuperación, clasificación y remisión de estos expedientes a esos no. Una vez más sale a relucir uno de los principales handicaps de la modernización de la Justicia: el de no reconocer que el trabajo en las oficinas judiciales sale adelante con el esfuerzo y el trabajo de toda la oficina judicial. Esa idea de trabajo en equipo que está en el espíritu y en la letra de la NOJ-NOF y que se pierde en una idea corporativa de Justicia más propia del siglo XIX que del XXI. 

Y no sólo eso, es preciso reordenar las funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de todos sus componentes, haciendo legal lo que ya es una realidad y es que no pocas veces los actos procesales se realizan de facto por personal que no tiene esa competencia reservándose tan solo la ficción de la firma lo que ralentiza sobremanera la tramitación de expedientes. Una reordenación de funciones unida a una reforma legal coherente que agilizaría la tramitación de los procedimientos y que permitiría mantener en la esfera de lo público todo el servicio de la Administración de Justicia en beneficio del ciudadano y de los propios funcionarios que verían reconocido su trabajo.   

La CNMC rechaza la queja de los Registradores sobre la licitación del contrato de la plataforma digital del Registro civil

En realidad si unos lee la noticia, lo que ha dicho la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) es que no es competente para resolverla, vamos que se quita de en medio declinando el asunto a los Juzgados de lo contencioso administrativo. 

Veremos qué pasa tras esta decisión, si es que se confirma pues el diario cita fuentes conocedoras de la tramitación de la denuncia, pues la decisión de los Registradores de recurrir judicialmente el decreto del Gobierno o no dependerá de de si el proyecto sigue adelante o no y en qué condiciones. El lunes parece que saldremos de dudas sobre las intenciones del nuevo Ministro al respecto aunque es cierto que el Dictamen del Consejo de Estado no habrá dejado indiferente al Colegio de Registradores que sale reforzado. 

De todos modos, sigue llamando la atención que quienes rechazaron públicamente hacerse cargo del Registro civil en las condiciones impuestas por Gallardón; ahora estén interesados en participar del proyecto. ¿Será que han cambiado las condiciones o que ya se ha visto donde está el dinero?.

Por otro lado, os enlazo una circular del sindicato CSIF que fija posición sobre el Registro civil a la espera de conocer los planes del Ministro Catalá. Esto no ha terminado. 

Sobre el anteproyecto de LOPJ (I)

Acaba de salir el informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Gallardón y, una vez más, no sale bien parado. Antes fueron el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Jueces decanos, las asociaciones de jueces, las asociaciones de Secretarios, las organizaciones sindicales, los presidentes de TSJ que tienen como denominador común su descontento y desconfianza sobre las ideas que recoge para la Justicia este anteproyecto. Sólo falta el relevante informe del Consejo General del Poder Judicial que se prevé su debate en el pleno del día 26 de junio. Ante este panorama quizá lo más prudente sería replantear la reforma de la LOPJ con más calma y no continuar con la tramitación del texto propuesto por el Ministerio de Justicia.

En general nos se acaba de ver aspectos tan novedosos como polémicos como la jurisprudencia vinculante que va en contra del sistema de fuentes del Derecho español que se contiene en el Código civil y que considera a la jurisprudencia como complemento del ordenamiento jurídico a través de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Tampoco se acaba de ver muy claro eso de la instrucción colegiada.

Tampoco se acaba de ver el especial interés que se pone en amordazar a los Jueces mientras los políticos padecen en su mayoría de incontinencia verbal e incluso de inviolabilidad por sus opiniones.

En cambio el tema del aforamiento está desenfocado. El problema no es que aforemos a la famlia real restringida sino que, en España, hay 10.000 personas aforadas. Vamos ni en la Edad Media de donde viene esta institución y otras muy singulares, había tanto aforado.

Nadie ve que esa instrucción por tres magistrados vaya a favorecer la celeridad en la terminación de la fase de preparación del juicio e investigación sino todo lo contrario y ni mucho menos que sea la solución para los "jueces estrella" que es el argumento utilizado por el Ministro en la rueda de prensa del pasado 4 de junio en Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de ley. El problema de la instrucción penal, de algunos procedimientos que no de todos, es la complejidad y sofistificación creciente del mundo del delito que cuenta con muchos más medios que la Justicia para realizar su función. Es decir, a la Justicia le faltan medios personales y materiales (sigue pendiente el galimatías informático o la vergüenza de replicar ocho veces la infraestructura informática y que esos ocho programas no se entiendan entre sí). En cuanto a los "jueces estrella" si algunos responsables políticos evitaran meter la mano donde no deben, y me refiero tanto a la caja como a la creciente manipulación del Poder Judicial,  quizá no habría tanto juez estrella y todo se desarrollaría con la normalidad de una sociedad democrácticamente madura y desarrollada.

Pero es que tampoco se ve claro eso de la justicia colegiada y los Tribunales Provinciales de Instancia. Primero porque si se lee la ley la justicia no se colegia sino que se colectiviza pues los jueces van a poder seguir actuando de forma individual y de forma colectiva, más o menos como ahora. En definitiva, se va a replicar el sistema de juzgados y audiencia provincial (en materia de primera instancia) solo que en el seno de un Tribunal de Instancia de demarcación provincial.

Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. La implantación de los Tribunales de Instancia provinciales necesita dinero, mucho dinero y a este anteproyecto de ley no le acompaña una memoria económica que sería lo propio si hubiera una decisión firme. Las CCAA ya se han apresurado a decir que no hay dinero ni medios ni los habrá en el corto y medio plazo, para albergar todos los órganos judiciales en la capital de la provincia. En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Once años después de aprobar la NOJ en la LOPJ de 2003 seguimos, a salvo del País Vasco, con experiencias piloto y el plazo de 6 meses que se daba en la primera redacción de ese año 2003 pronto se vio superado y eliminado por el concepto más laxo e impreciso pero, a la vez, más conveniente de las posibilidades técnicas y presupuestarias.

Por si fuera poco, esta demarcación judicial no termina de encajar con el diseño inacabado de la NOJ. En la nueva redacción las diferencias entre las UAD, a las que se le suprime su carácter de procesal cuando es ese el sentido principal de su existencia, y los servicios comunes; y entre éstos últimos entre sí. Esta circunstancia deja a la NOJ en una indefinición preocupante tanto para el buen funcionamiento de la Justicia como para la situación laboral de miles de funcionarios que no merecen ser tratados como muebles.

Y, sin olvidar que entre los planes de futuro está poner en manos del cuerpo jerarquizado de fiscales, la instrucción penal, lo que, sin duda afectará notablemente a la demarcación (en algún sitio habrá que colocar los fiscales instructores) y a la organización interna de la oficina. Muchos experimentos para algo tan sensible como es el servicio público esencial de la Administración de Justicia.

A la justicia en España le hace falta estabilidad. Los ciudadanos y quienes trabajamos en la Justicia no podemos estar a la espera de la idea feliz o más o menos ingeniosa que supone la "transformación de la Administración de Justicia para hacerla entrar en el siglo XXI". Expresión que por manida está empezando a ser ridícula al confrontarse con la precaria realidad. La NOJ tiene como virtud la racionalización de los recursos, permite desarrollar la idea de carrera profesional y el trabajo en equipo.

¿No sería más conveniente esperar a que se implante definitivamente la NOJ y concentrar todos los esfuerzos y recursos a esta tarea antes que distraer la atención con más experimentos?. ¿No sería mejor concentrar los esfuerzos en luchar contra la corrupción dotando de medios personales y materiales a los órganos judiciales antes que exportar figuras ajenas a nuestro sistema jurídico?.

Bajo mi punto de vista la clave de la transformación de la Administración de Justicia sólo se puede hacer desde la implantación de un sistema informático y telemático único o, al menos, realmente interconectado y de la penetración de las TIC en la sociedad; pues de esta circunstancia depende en gran medida las opciones que podamos tomar para organizar internamente las oficinas judiciales y la demarcación judicial. Antes de los TPI aplíquemonos en las TIC.

El decoro y la Administración de Justicia

Dice el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el 4 de abril en Consejo de Ministros que los funcionarios de Justicia de Secretarios a los Auxilios Judiciales "deben vestir y comportarse con el decoro adecuado a la función que desempeñan". De los Jueces y Fiscales nada dice pues el decoro como el valor en el soldado, se les supone. 

Ciertamente lo más grave de este anteproyecto de ley no es el asunto del decoro como tampoco lo es el otro asunto estrella en los medios de comunicación: el aforamiento. ¡Como si en España el aforamiento o de los privilegios procesales fuera noticia!. Pero con su recurrente aparición como tema de conversación en tertulias y debates varios parece como si todos nos hubiéramos empeñado en no querer ver la gravedad de este proyecto de reforma. Un proyecto que profundiza en la manipulación de la Justicia por parte del poder político, incrementando, a la vez, su impunidad. Un proyecto que impulsa la creación de una justicia censitaria en función de los ingresos de cada ciudadano, vaciando de competencias a los funcionarios de Justicia, privando de medios materiales a los Juzgados para luego, una vez ahogados utilizar la lentitud de la Justicia, la crisis y las quejas de los ciudadanos para privatizarla por partes en favor de unos pocos privilegiados que se niegan a perder su estatus privilegiado cuando a los demás se nos han arrancado los derechos laborales y retributivos a mordiscos. Un proyecto que no disimula la clara intención de alejar la Justicia del ciudadano cuando es del pueblo del que emana el Poder Judicial según la Constitución y los derechos humanos y civiles más elementales. 

Pero siguiendo con el tema del decoro, y tomándolo como lo que es, una boutade del Ministerio, a Gallardón como a Feliciano López le va lo "retro". A Feliciano, ese buen tenista español con porte de modelo de alta costura, le gusta Wimbledon porque "allí aún exigen pantalón corto y camiseta blanca", como antes. Lo he leído hoy mismo en un suplemento del Diario El País sobre moda mientras esperaba mi cita con el oculista. Quizá Gallardón ha pensado que, a los juzgados y tribunales españoles, debían volver las levitas, las corbatas, los trajes oscuros y la gomina; o mejor aún, el uniforme gris de funcionario decimonónico de Larra como si el hábito hiciera al monje, como si vestir de una determinada manera fuera garantía de profesionalidad, de preparación y de experiencia. Porque hablando de decoro o más bien de falta del mismo, basta con echar una mirada al estado lamentable de muchas sedes judiciales que piden a gritos una mejora o al fenomenal lío informático que atenaza a la Administración de Justicia de nuestro país o al falta de medios materiales y personales con que nuestros "decorosos" políticos tratan al tercer poder del Estado.  

Es cierto, estoy yendo más allá de lo que la LOPJ dice, pero es que el problema fundamental que se plantea y que convierte esta medida en una broma es determinar dónde está el decoro y quien determina si el vestir y el comportamiento es decoroso o no. ¿Dónde está el estándar?. ¿Se prevé la creación de una Comisión nacional, otra comisión más, para homogeneizar el decoro en la Administración de Justicia?.  Porque, claro, la broma se torna en pesada cuando al Secretario Judicial le pueden caer 600 euros de multa o al resto de funcionarios le puede suponer la suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso porque en materia de sanciones la LOPJ también separa en clases dentro de la oficina judicial. 

Por favor, a ver si somos capaces de ver más allá de las tonterías que se cuelan en los textos legales o de las cuestiones accesorias y nos fijamos en el núcleo esencial de la reforma que impulsa Gallardón. Estoy seguro que a Feliciano como a todos los españoles nos importa mucho más que en Wimbledon jueguen los mejores y jueguen bien y que la Justicia sea, de verdad, independiente y que sirva con objetividad los intereses generales. Mucho me temo que con la LOPJ no será así sino, más bien, al contrario.

Gracias Sr. Suárez

Cuando el Sr. Suarez inició su carrera política yo no había nacido y era un niño de EGB cuando tras la muerte de Franco y el efímero gobierno de Arias Navarro, el Rey, que por aquélla época reinaba y gobernaba,  lo eligió Presidente del Gobierno.

En mi memoria de adolescente guardo las imágenes de los guardias civiles entrando en el Congreso metralleta y pistola en mano, el recuerdo de lo que estaba haciendo cuando me enteré del asalto, el testimonio de la firmeza y dignidad de un Presidente del Gobierno consciente de su responsabilidad en tan grave situación y las tensas horas, radio en mano hasta que el golpe se resolvió de nuestro lado. También guardo la imagen de un político honrado que practicó el sano ejercicio de la dimisión cuando se hizo evidente que ya no contaban con él y que, en consecuencia, corría el riesgo de convertirse en un problema en vez de en una solución.  

Ayer, 23 de marzo de 2014, el Presidente Suarez falleció en Madrid a los 81 años de edad y, en tan sólo un día, son muchas las cosas que se han dicho de la persona y del político por quienes le conocieron personal o profesionalmente. Todos los comentaristas han hablado sobre su ambición, sobre su personalidad y su capacidad de convencer, sobre su dignidad como político que le llevó a hacer frente a los golpistas o a dimitir cuando se vio abandonado por los suyos y atacado por todos los flancos. No se ha dejado de hablar sobre su capacidad de trabajo y sobre su valentía al llevar adelante su proyecto de concordia entre los españoles y de democracia para España. Se ha resaltado su vocación de servicio a España y a los españoles y se ha ponderado su patriotismo. Otro tanto se ha hablado sobre su amistad con el Rey, su relación con Torcuato Fernández Miranda,otro gran protagonista de esta parte de la historia de España,  o con su mentor en los primeros momentos de su carrera política Fernando Herrero Tejedor. También se ha hablado sobre el abandono que sufrió al final de su carrera política, sobre las traiciones y deslealtades que padeció al mismo ritmo que la democracia se abría paso en nuestro país. Sin olvidar a los españoles que seguíamos queriéndole pero, desagradecidos y de flaca memoria, le dimos la espalda a partir del 82 en su nueva aventura política lo que le llevó a decir aquéllo de "queredme menos y votadme más".

Y también muchos han sido los testimonios y comentarios sobre su vida personal y familiar. Una familia que está dando un gran ejemplo de responsabilidad, de respeto y de amor a la figura de su padre, abuelo, suegro etc... con su presencia permanente en la capilla ardiente del Congreso en lo que para ellos son unos durísimos momentos. Y se ha hablado sobre las vicisitudes personales y familiares que ha tenido que afrontar durante su vida, de su sacrificio en pos de la tarea que tenía encomendada y, finalmente, de su enfermedad que le ha tenido ausente y sin recuerdos los últimos once años de su vida.  

No obstante, todas las cosas que se han dicho del Presidente Suarez se pueden resumir en un documento que, para mi, constituye su legado para todos nosotros: la ley para la reforma política. Una sencilla ley que es el origen del profundo cambio que sufrió nuestro país a finales de los años 70 y principios de los 80 pasando, de forma pacífica, de una dictadura a una democracia. Un proceso que es imposible de llevar a cabo sin la intervención de ese factor humano que fue Suarez en ese momento. Un político que mira a largo plazo y que es capaz de comprender que las decisiones importantes, las duraderas, son responsabilidad de todos y que todos debemos participar en su  adopción.

Una ley para la reforma política que llama la atención por su simplicidad y brevedad, que contrasta con algunos textos legales actuales y demuestra que cuando se sabe lo que se quiere no hace falta dar muchos rodeos,  pero que encierra en si misma casi una Constitución democrática. En su articulado aparecen definidos conceptos como la soberanía nacional, el respeto  a los derechos fundamentales por parte del poder político, el sufragio libre y directo, el papel secundario de la Corona que empieza a dejar de gobernar para sólo reinar, la división de poderes reforzando el carácter legislativo de las cámaras etc... Sin olvidar, la cláusula de cierre que garantizaba la irreversibilidad política del cambio que se encuentra en el párrafo segundo del artículo quinto cuando se impide a las Cortes ir en contra de la voluntad de los españoles expresada en referendum so pena de disolución. 

La lectura de ese texto legal, obra de D. Torcuato Fernández Miranda, y el análisis del contexto en el que se produjo todo este cambio político con un entramado jurídico e institucional franquista dan cuenta de la dificultad de la empresa que se estaba afrontando, de la altura de miras de los protagonistas de ese cambio y de la dificultad que debió entrañar la negociación para sacar adelante el texto final de la ley. Defensa en la que la personalidad y el empuje del Presidente Suarez fue, sin duda, determinante.

Una personalidad y un empuje que se manifiestan en el texto del discurso de defensa del proyecto de ley para la reforma política y en la forma tan efectiva que tuvo y que tenía el Presidente, para transmitir el mensaje.

Un discurso que terminó con unos versos "de un autor español". Nada más y nada menos que D. Antonio Machado, uno de tantos españoles que murieron en el exilio. Una cita que es muy ilustrativa de lo que  el Presidente, el Rey y D. Torcuato Fernández Miranda tenían preparado para después pero que también podría aplicarse a los duros momentos que nos está tocando vivir.

¡Qué importa un día!. Está el ayer alerta

al mañana, mañana al infinito,

hombres de España, ni el pasado ha muerto,

ni está el mañana -ni el ayer- escrito.

Gracias, Sr. Suarez

D.E.P.

Nuevo registro concursal

A propósito del artículo anterior sobre las nuevas tecnologías, ayer el Colegio de Registradores anunciaba la puesta en marcha del Registro concursal y del portal web por el que se accederá a la información en él contenida, todo ello de conformidad con el RD 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público concursal.

No se porqué pero creo que, a partir de ahora, todos los registros van  a incluir la coletilla de público como si el hábito hiciera al monje. También dice que su acceso será gratuito y libre salvo en el caso de las inhabilitaciones contenidas en las sentencias de calificación no firmes a las que sólo accederá el órgano judicial previamente acreditado electrónicamente. 

En relación con la Administración de Justicia en este Registro concursal (público claro está) se insertarán todas las decisiones judiciales correspondientes al proceso concursal cuya publicidad esté prevista en la Ley concursal y aquéllas resoluciones acordadas por Tribunales de Estados miembros de la Unión Europea. La forma de remisión según el artículos 8 y 9 del RD 892/2013  será electrónica a cargo del personal del Juzgado bajo la dirección del Secretario Judicial y a través de la aplicación que el Registro pondrá a disposición del Juzgado.

La pregunta surge de forma inmediata, ¿esta aplicación cumple con el test de compatibilidad?. ¿Estará integrada en el aplicativo de gestión procesal que tengan los Juzgados o habrá que salirse e introducir los datos a mano en el programa del Registro?. ¿Se ha previsto la existencia de ocho programas de gestión procesal en la Administración de Justicia en España?. ¿Por qué el Ministerio de Justicia renuncia una vez más a ejercer sus competencias y establecer la aplicación informática que deberá utilizarse y a velar porque esté plenamente integrada dentro del sistema de gestión procesal del Juzgado. Y siguiendo el razonamiento del Secretario General del Ministerio (ver artículo anterior), ¿hay alguna empresa detrás que esté ganando dinero con este nuevo programa?, porque alguien pagará todo ésto. 

Por otro lado, para el caso que no sea posible el traslado electrónico de resoluciones judiciales se entregarán al procurador del solicitante que de inmediato los remitirá al Registro Público Concursal y la pregunta desde el punto de vista de la economía procesal y personal del solicitante es si el Juzgado por alguna razón que desconozcamos no puede comunicar con mayor premura y sin intermediarios, la citada resolución al Registro, bien sea por correo; bien sea a través del personal funcionario que tiene encomendada dicha función por la LOPJ. 

pd.- como dato curioso adjunto un enlace al único TSJ que hasta la fecha daba información cumplida sobre los procesos concursales que se estaban tramitando en la comunidad autónoma de su jurisdicción. Una buena iniciativa dentro de la Administración de Justicia que el propio Ministerio de Justicia no ha considerado explorar. 

¿De verdad, con la que está cayendo, se puede perder el tiempo en estos chascarillos?.

Ya lo decían los griegos:

"Mataiotes, mataiotetos kai panta mataitotes"
"Vanidad de vanidades y todo vanidad" 

Navegando por internet me he encontrado con ésto.  Una asociación de Secretarios patrocina una encuesta- referendum sobre el nombre que debe recogerse en la LOPJ para definir a los que hoy conocemos como Secretarios Judiciales. Hace unos días, otra asociación incluso ha elevado una queja porque los Secretarios no están recogidos en una ley de tratamientos. En algunos foros de internet se propone que se llamen magistrados y también se ha impulsado una encuesta sobre nombres...   

Esta cuestión, y la trascendencia que se le está dando con estas encuestas nacionales, desde el más absurdo de los corporativismos, no hace sino demostrar que la Administración de Justicia no tiene remedio. Al menos mientras haya quien piense que los problemas que aquejan a la Administración de Justicia se resuelven con un cambio de nombre. Quien confunde sus intereses y perspectivas personales o corporativas con la Administración de Justicia. O todos tenemos claro que el trabajo en una oficina judicial es el resultado del perfecto engranaje de un trabajo en equipo realizado por personal preparado y comprometido o no tenemos nada que hacer. Ya podemos implantar el mejor modelo organizativo (que por cierto, no es la NOJ tal y como está implantándose en estos momentos ni tampoco lo son esas "reformas" que se impulsan desde el Ministerio) que si no se tiene claro lo anterior, de nada servirá. Lo cambiaremos todo para que nada cambie. Esto no impide reclamar el reconocimiento laboral y retributivo del trabajo propio pero exige el reconocimiento del trabajo ajeno.  

Reza el refrán castellano que "el hábito no hace al monje" pero, por lo que se ve, a algunos les priva vestir la toga y que todo el mundo se incline a su paso aunque luego el juzgado sea un desastre o no sepa hacer la "o" con un canuto 

La dignidad, la autoridad, el mérito y el reconocimiento del Cuerpo de Secretarios como la del resto de Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia no es una cuestión nominal. La dignidad, la autoridad y el reconocimiento se obtienen con el ejercicio responsable de las funciones encomendadas, el ejemplo (especialmente quien tiene funciones directivas) y la dedicación y entrega a su oficio. 

Sí, oficio, una palabra que, hoy en día se utiliza para referirse a los trabajos de menor cualificación pero que encierra una etimología tan brillante como ilustrativa. Otra prueba de que lo importante es el contenido y no el continente aparente. Officium que decían los romanos y que estaba ligado a los conceptos de servicio, sentido del deber e incluso en época posterior al ejercicio del poder. Oficio del que deriva el adjetivo oficial que da valor de auténtico al sustantivo que acompaña revelando la condición de autoridad de quien emana. 

La dignidad, el reconocimiento, la autoridad o el mérito nada tienen que ver con la denominación profesional que no deja de ser un cuestión descriptiva claramente secundaria o con la mera superación de pruebas que son condición necesaria pero no suficiente para obtener aquéllas. Todas esas cualidades son fruto del trabajo eficiente y eficaz, constante y serio. Son el resultado de la capacidad para ver más allá del ombligo y de reconocer el trabajo de los demás; del fomento del trabajo en equipo, del compromiso y de la motivación ; y, en el caso de funcionarios públicos, con una clara vocación de servicio a los demás, de servicio público. 

¿De verdad que, con la que está cayendo, se puede perder el tiempo en esta, con perdón, gilipollez?.