Aragón abandona Minerva... pero se queda con LexNET

El Ministerio de Justicia se va quedando más sólo mientras guarda bajo cuatro llaves (vaya ejemplo de transparencia) el Informe elaborado por la consultora Gartner y sobre el que sustenta su propuesta de programa de gestión procesal único para toda la Administración de Justicia. 

Esta semana que estamos terminando, el Gobierno de Aragón ha comunicado, a CSIF y al resto de organizaciones sindicales entre otros, que ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa pública navarra TRACASA para incorporar el sistema de gestión procesal AVANTIUS a la Administración de Justicia aragonesa. 

Según ha informado la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, el próximo día 21 de septiembre se celebrará una reunión con presencia de todos los afectados por el cambio de sistema, fundamentalmente empleados públicos, sindicatos, asociaciones y profesionales, para informar sobre las fases de implantación y los plazos tal y como hizo en su día Cantabria que en el año 2009 llegó a un acuerdo similar con esa empresa pública. 

Con esta decisión Aragón, pondrá en marcha un sistema de gestión procesal integrado (que puede incluir Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, módulo de actos de comunicación etc...) que ya funciona con bastante éxito en Navarra, Canarias y Cantabria bajo distintas denominaciones y desarrollos pero que comparten una misma base y estructura. Unos sistemas de gestión procesal que cumplen con todos los requisitos del llamado Test de Compatibilidad del CGPJ (ahora conocido con otro nombre pero que, en realidad, sirve para lo mismo: asegurar la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal en la Administración de Justicia). 

Por el valle de la muerte cabalgaron los 600...

“Media legua, media legua,

Media legua ante ellos.

Por el valle de la Muerte

Cabalgaron los seiscientos."

El día 3 de julio compareció la Secretaria de Estado de Justicia ante la Comisión del ramo en el Senado. Una comparecencia interesante en la que no se salió ni una coma del guión y que revela muchos datos sobre la línea de actuación de este Ministerio de Justicia.

No obstante, hoy, sólo me voy a referir a una de las frases que me llamó la atención. En un momento determinado de su comparecencia, que se recoge en la página 27 del acta recogida en el diario de sesiones de aquella jornada, la Secretaria de Estado dice de forma solemne: "A nosotros nos recordarán por haber tenido el coraje, la valentía y la decisión de haber dado un impulso definitivo a las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la justicia...".

Recientemente, mientras leía esta manifestación de la Secretaria de Estado, vino a mi memoria el poema épico de Lord Alfred Tennyson, la "Carga de la Brigada ligera", al que el título de este post hace referencia. El 25 de octubre de 1854 durante la batalla de Balaklava en la guerra de Crimea poco más de 650 efectivos, de cinco regimientos de lanceros, húsares y dragones británicos al mando de Lord Cardigan, cargaron al galope contra posiciones rusas situadas al fondo de un valle protegidas por artillería pesada bien pertrechada y parapetada por lo que la suerte de la Brigada estaba ya decidida.

Cortinas de humo y caza al "hacker"

Ha pasado más de una semana desde que supimos que LexNET no era seguro. Hasta esa fecha sabíamos que no servía para mejorar ni para agilizar la Administración de Justicia; después supimos que, lejos de cumplir ese objetivo, este programa la hace más vulnerable.  Una semana que se salda sin una sola respuesta plausible por parte del Ministerio de Justicia sobre lo sucedido y con una denuncia en la policía para perseguir al "hacker" que comunicó al propio Ministerio el agujero de seguridad en su sistema informático con el que se había encontrado.  (otro artículo sobre este tema y otro)

De entre las variadas estrategias que podrían haber adoptado, desde el Ministerio se ha decidido por la estrategia del silencio, eso sí, tras unos primeros comunicados para olvidar mientras se busca  una cabeza de turco sobre la que descargar la responsabilidad desviando la atención de lo esencial que no es otra cosa sino responder: ¿cómo es posible que uno de los programas clave del sistema de gestión procesal del ámbito tecnológico del Ministerio podía, por un lado, facilitar accesos no autorizados y, por otro, permitía el acceso directo a documentación sobre la arquitectura y código fuente de los programas clave del sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia?. 

El informe Gartner y el futuro tecnológico de la Justicia en España

En las últimas semanas el Ministerio parece haberse decantado por la implantación de un sistema de gestión procesal único. Según parece esa es la conclusión a la que ha llegado tras recibir el informe elaborado por una consultora tecnológica (Gartner) y que fue encargado por el Ministerio para realizar un estudio comparativo de los diferentes sistemas de gestión procesal existentes con el objetivo de encontrar una solución a la diversidad de sistemas y, especialmente, su falta de interoperabilidad.

La decisión ha causado gran sorpresa en algunas CCAA que han sido muy críticas con el contenido del llamado Informe Gartner y así lo han hecho constar en las alegaciones que han remitido al Ministerio de Justicia. En la última Conferencia sectorial, órgano que reúne al Ministerio de Justicia con todas las CCAA que han recibido traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia, no se pudo llegar a ningún acuerdo y quedaron muy claras dos posiciones antagónicas sobre este asunto. Por un lado están quienes, junto con el Ministerio de Justicia, defienden la existencia de un sólo programa en la Administración de Justicia y, por otro lado, quienes apuestan por permitir la existencia de diferentes sistemas de gestión procesal siempre y cuando sean interoperables. 

Brecha de seguridad en LexNET

El viernes pasado, a través del Decano del Colegio de Abogados de Murcia, tuvimos conocimiento de la existencia de una brecha de seguridad en el sistema de comunicación procesal LexNET por la que cualquier usuario del programa podía, cambiando su ID por la de otro usuario, acceder a cualquier expediente judicial. Este fallo de seguridad se produce, además, a las puertas del inicio del mes de agosto que sigue siendo inhábil desde el punto de vista procesal afectando, precisamente, a la realización de la mayoría de actos de comunicación y a la presentación de escritos, demandas y documentación

Este hecho, grave desde el punto de vista de la protección de datos personales, ha puesto en jaque el desarrollo del proyecto de Justicia digital y ha demostrado que quienes denunciábamos la obsolescencia e insuficiencia de los programas de gestión procesal del Ministerio de Justicia no íbamos muy desencaminados.

Para contextualizar lo que ha sucedido debemos tener en cuenta tres cuestiones: LexNET no es obra de un sólo Gobierno por lo que utilizarlo políticamente puede ser legítimo pero también puede restar credibilidad a algunas de las posiciones, LexNET es un programa obsoleto y viejo que no sirve para lo que se exige en una Administración pública moderna y LexNET se ha impuesto sin transparencia alguna y sin analizar las alternativas.

El babel informático en la Administración de Justicia

Muchas veces la verdad se encuentra en la simplicidad y el abogado José Muelas (@Josemuelas) describe de forma concisa  y clara la situación que vive la Administración de Justicia electrónica en un artículo publicado en el diario Confilegal titulado "España: la pesadilla de 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, ni se hablan". Se trata de una denuncia que el sindicato CSIF ya hizo hace dos años en rueda de prensa y que sigue vigente, lamentablemente.

El babel informático en la Administración de Justicia tiene su pecado original en el momento en que se decidió iniciar el proceso de traspasos (que no transferencias) de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Un error inicial al que le han sucedido otros más recientes y que explican la situación actual. 

Nuevo registro concursal

A propósito del artículo anterior sobre las nuevas tecnologías, ayer el Colegio de Registradores anunciaba la puesta en marcha del Registro concursal y del portal web por el que se accederá a la información en él contenida, todo ello de conformidad con el RD 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público concursal.

No se porqué pero creo que, a partir de ahora, todos los registros van  a incluir la coletilla de público como si el hábito hiciera al monje. También dice que su acceso será gratuito y libre salvo en el caso de las inhabilitaciones contenidas en las sentencias de calificación no firmes a las que sólo accederá el órgano judicial previamente acreditado electrónicamente. 

En relación con la Administración de Justicia en este Registro concursal (público claro está) se insertarán todas las decisiones judiciales correspondientes al proceso concursal cuya publicidad esté prevista en la Ley concursal y aquéllas resoluciones acordadas por Tribunales de Estados miembros de la Unión Europea. La forma de remisión según el artículos 8 y 9 del RD 892/2013  será electrónica a cargo del personal del Juzgado bajo la dirección del Secretario Judicial y a través de la aplicación que el Registro pondrá a disposición del Juzgado.

La pregunta surge de forma inmediata, ¿esta aplicación cumple con el test de compatibilidad?. ¿Estará integrada en el aplicativo de gestión procesal que tengan los Juzgados o habrá que salirse e introducir los datos a mano en el programa del Registro?. ¿Se ha previsto la existencia de ocho programas de gestión procesal en la Administración de Justicia en España?. ¿Por qué el Ministerio de Justicia renuncia una vez más a ejercer sus competencias y establecer la aplicación informática que deberá utilizarse y a velar porque esté plenamente integrada dentro del sistema de gestión procesal del Juzgado. Y siguiendo el razonamiento del Secretario General del Ministerio (ver artículo anterior), ¿hay alguna empresa detrás que esté ganando dinero con este nuevo programa?, porque alguien pagará todo ésto. 

Por otro lado, para el caso que no sea posible el traslado electrónico de resoluciones judiciales se entregarán al procurador del solicitante que de inmediato los remitirá al Registro Público Concursal y la pregunta desde el punto de vista de la economía procesal y personal del solicitante es si el Juzgado por alguna razón que desconozcamos no puede comunicar con mayor premura y sin intermediarios, la citada resolución al Registro, bien sea por correo; bien sea a través del personal funcionario que tiene encomendada dicha función por la LOPJ. 

pd.- como dato curioso adjunto un enlace al único TSJ que hasta la fecha daba información cumplida sobre los procesos concursales que se estaban tramitando en la comunidad autónoma de su jurisdicción. Una buena iniciativa dentro de la Administración de Justicia que el propio Ministerio de Justicia no ha considerado explorar. 

Sobre las nuevas tecnologías y la Administración de Justicia

Rescato unas manifestaciones del Secretario General del Ministerio de Justicia en julio de 2012 en la que denunciaba el caos informático en la Administración de Justicia acusando a las empresas de vender programas incorrectos y además añadía que debía ser el Ministerio de Justicia quien liderara y supervisara lo que estas empresas vendían. 

Pues bien, el problema no es de las empresas sino del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades autónomas que los compran sin exigir esa compatibilidad por desconocimiento o incluso por conveniencia..

En su día, hace muchos años, alguien decidió traspasar la gestión de los medios personales y materiales a las Comunidades autónomas por aquéllo de los pactos políticos y las cesiones a los nacionalistas con el beneplácito del Tribunal Constitucional.

El caso es que entre esos medios materiales traspasó la competencia sobre los programas de gestión procesal. Hubiera sido mucho más sencillo para todos que, el Estado representado en esta cuestión por el Ministerio de Justicia, hubiera guardado para sí esta competencia sobre los programas de gestión con un argumento bastante sencillo. El Estado tiene competencia exclusiva para dictar normas de contenido procesal; pues bien, los programas de gestión procesal son la cara informática de esas normas procesales y están íntimamente ligados a ellas. No se vio así y el resultado es que, Comunidad autónoma que conseguía los traspasos en materia de Justicia se ponía a contratar una empresa para comprarle un programa de gestión procesal propio y, por supuesto, el mejor de todos los programas de gestión procesal, no faltaba más. 

Así, pasaron los años. Algunas CCAA, las menos decidieron no gastarse el dinero en nuevos programas y siguieron con el del Ministerio hasta llegar a la situación actual de ocho plataformas distintas para hacer una misma cosa. Así, que a la hora de repartir culpas que cada palo aguante su vela. El Ministerio de Justicia perdió la ocasión de oro de liderar la introducción de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia  hace muchos años y, ahora, seguimos pagando ese error.  

El presupuesto de Justicia se reducirá un 2,7%

El Ministro Gallardón no ha dejado de repetir que la crisis no va a ser obstáculo para hacer las reformas que la Justicia necesita. Se entiende que las que el cree que la Justicia necesita porque a veces, cuando hablamos, tendemos a asumir que todo el mundo piensa como uno, y no es así. No obstante, esa manifestación de voluntad realizada por el Ministro no se puede sostener en nuestra maltratada Administración de Justicia si no va respaldada por inversiones.

Que la Administración de Justicia necesita un cambio radical no lo niega casi nadie y uno de los puntos sobre los que debe girar el proceso de modernización es sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Más allá de que estemos o no de acuerdo con las reformas organizativas planteadas por el Ministro de Justicia, sin la existencia previa de una herramienta homogénea, fiable, rápida y eficiente de gestión procesal cualquier reforma esta abocada al fracaso. 

En estos momentos el galimatías informático de la Administración de Justicia se resume en la existencia de hasta ocho plataformas distintas de gestión procesal al calor de los traspasos de gestión de los medios materiales. Esta torre de babel supone un despilfarro inaceptable en los tiempos que corren y en los que corrieron hace unos años pero ya se sabe que como había dinero nadie se preocupaba de si se gastaba bien o no. Alguna de las aplicaciones informáticas de gestión procesal, como la del Ministerio tienen un funcionamiento, digamos, manifiestamente mejorable y la deseada y deseable interconexión entre los Juzgados y Tribunales españoles es una quimera. 

¿Qué se han hecho avances en materia de nuevas tecnologías?. Si pero la cuestión es si se han hecho los suficientes y si se han realizado en la buena dirección. Ahí ya hay más dudas. 

En resumen, la situación tecnológica de la Administración de Justicia dista mucho de lo ideal. Hace falta menos protagonismos territoriales y más sentido común para que, luego, las necesarias inversiones puedan surtir el efecto deseado. Lamentablemente, no será en 2014 cuando ocurra todo esto. El lío territorial no permite buscar puntos de encuentro y que el sentido común se abra paso en la conferencia sectorial de Justicia. Por otro lado, en los presupuestos  una de las partidas afectadas por los recortes de este año es precisamente la partida dedicada a las nuevas tecnologías.