Este hecho, grave desde el punto de vista de la protección de datos personales, ha puesto en jaque el desarrollo del proyecto de Justicia digital y ha demostrado que quienes denunciábamos la obsolescencia e insuficiencia de los programas de gestión procesal del Ministerio de Justicia no íbamos muy desencaminados.
Para contextualizar lo que ha sucedido debemos tener en cuenta tres cuestiones: LexNET no es obra de un sólo Gobierno por lo que utilizarlo políticamente puede ser legítimo pero también puede restar credibilidad a algunas de las posiciones, LexNET es un programa obsoleto y viejo que no sirve para lo que se exige en una Administración pública moderna y LexNET se ha impuesto sin transparencia alguna y sin analizar las alternativas.
