sábado, 14 de diciembre de 2013

¿De verdad, con la que está cayendo, se puede perder el tiempo en estos chascarillos?.

Ya lo decían los griegos:

"Mataiotes, mataiotetos kai panta mataitotes"
"Vanidad de vanidades y todo vanidad" 

Navegando por internet me he encontrado con ésto.  Una asociación de Secretarios patrocina una encuesta- referendum sobre el nombre que debe recogerse en la LOPJ para definir a los que hoy conocemos como Secretarios Judiciales. Hace unos días, otra asociación incluso ha elevado una queja porque los Secretarios no están recogidos en una ley de tratamientos. En algunos foros de internet se propone que se llamen magistrados y también se ha impulsado una encuesta sobre nombres...   

Esta cuestión, y la trascendencia que se le está dando con estas encuestas nacionales, desde el más absurdo de los corporativismos, no hace sino demostrar que la Administración de Justicia no tiene remedio. Al menos mientras haya quien piense que los problemas que aquejan a la Administración de Justicia se resuelven con un cambio de nombre. Quien confunde sus intereses y perspectivas personales o corporativas con la Administración de Justicia. O todos tenemos claro que el trabajo en una oficina judicial es el resultado del perfecto engranaje de un trabajo en equipo realizado por personal preparado y comprometido o no tenemos nada que hacer. Ya podemos implantar el mejor modelo organizativo (que por cierto, no es la NOJ tal y como está implantándose en estos momentos ni tampoco lo son esas "reformas" que se impulsan desde el Ministerio) que si no se tiene claro lo anterior, de nada servirá. Lo cambiaremos todo para que nada cambie. Esto no impide reclamar el reconocimiento laboral y retributivo del trabajo propio pero exige el reconocimiento del trabajo ajeno.  

Reza el refrán castellano que "el hábito no hace al monje" pero, por lo que se ve, a algunos les priva vestir la toga y que todo el mundo se incline a su paso aunque luego el juzgado sea un desastre o no sepa hacer la "o" con un canuto 

La dignidad, la autoridad, el mérito y el reconocimiento del Cuerpo de Secretarios como la del resto de Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia no es una cuestión nominal. La dignidad, la autoridad y el reconocimiento se obtienen con el ejercicio responsable de las funciones encomendadas, el ejemplo (especialmente quien tiene funciones directivas) y la dedicación y entrega a su oficio. 

Sí, oficio, una palabra que, hoy en día se utiliza para referirse a los trabajos de menor cualificación pero que encierra una etimología tan brillante como ilustrativa. Otra prueba de que lo importante es el contenido y no el continente aparente. Officium que decían los romanos y que estaba ligado a los conceptos de servicio, sentido del deber e incluso en época posterior al ejercicio del poder. Oficio del que deriva el adjetivo oficial que da valor de auténtico al sustantivo que acompaña revelando la condición de autoridad de quien emana. 

La dignidad, el reconocimiento, la autoridad o el mérito nada tienen que ver con la denominación profesional que no deja de ser un cuestión descriptiva claramente secundaria o con la mera superación de pruebas que son condición necesaria pero no suficiente para obtener aquéllas. Todas esas cualidades son fruto del trabajo eficiente y eficaz, constante y serio. Son el resultado de la capacidad para ver más allá del ombligo y de reconocer el trabajo de los demás; del fomento del trabajo en equipo, del compromiso y de la motivación ; y, en el caso de funcionarios públicos, con una clara vocación de servicio a los demás, de servicio público. 

¿De verdad que, con la que está cayendo, se puede perder el tiempo en esta, con perdón, gilipollez?. 


martes, 1 de octubre de 2013

El presupuesto de Justicia se reducirá un 2,7%

El Ministro Gallardón no ha dejado de repetir que la crisis no va a ser obstáculo para hacer las reformas que la Justicia necesita. Se entiende que las que el cree que la Justicia necesita porque a veces, cuando hablamos, tendemos a asumir que todo el mundo piensa como uno, y no es así. No obstante, esa manifestación de voluntad realizada por el Ministro no se puede sostener en nuestra maltratada Administración de Justicia si no va respaldada por inversiones.

Que la Administración de Justicia necesita un cambio radical no lo niega casi nadie y uno de los puntos sobre los que debe girar el proceso de modernización es sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Más allá de que estemos o no de acuerdo con las reformas organizativas planteadas por el Ministro de Justicia, sin la existencia previa de una herramienta homogénea, fiable, rápida y eficiente de gestión procesal cualquier reforma esta abocada al fracaso. 

En estos momentos el galimatías informático de la Administración de Justicia se resume en la existencia de hasta ocho plataformas distintas de gestión procesal al calor de los traspasos de gestión de los medios materiales. Esta torre de babel supone un despilfarro inaceptable en los tiempos que corren y en los que corrieron hace unos años pero ya se sabe que como había dinero nadie se preocupaba de si se gastaba bien o no. Alguna de las aplicaciones informáticas de gestión procesal, como la del Ministerio tienen un funcionamiento, digamos, manifiestamente mejorable y la deseada y deseable interconexión entre los Juzgados y Tribunales españoles es una quimera. 

¿Qué se han hecho avances en materia de nuevas tecnologías?. Si pero la cuestión es si se han hecho los suficientes y si se han realizado en la buena dirección. Ahí ya hay más dudas. 

En resumen, la situación tecnológica de la Administración de Justicia dista mucho de lo ideal. Hace falta menos protagonismos territoriales y más sentido común para que, luego, las necesarias inversiones puedan surtir el efecto deseado. Lamentablemente, no será en 2014 cuando ocurra todo esto. El lío territorial no permite buscar puntos de encuentro y que el sentido común se abra paso en la conferencia sectorial de Justicia. Por otro lado, en los presupuestos  una de las partidas afectadas por los recortes de este año es precisamente la partida dedicada a las nuevas tecnologías. 

miércoles, 3 de abril de 2013

Lo que hay detrás de la reforma del Registro civil

Detrás de la reforma del Registro civil y con independencia de la opinión que tengamos sobre el proyecto hay tres hechos objetivos que no se pueden olvidar cuando se analiza todo el proceso.

1º  Según ha confesado, el propio Ministerio en la elaboración de la reforma están participando de forma regular los Registradores de la propiedad a través de una serie de reuniones periódicas con los representantes del Ministerio.

¿Qué pensaríamos si a la hora de confeccionar un contrato público participara la empresa a la que finalmente se le va a otorgar el trabajo?. Una cosa parecida está ocurriendo con la futura reforma del Registro civil que pasará a ser competencia de los Registradores de la Propiedad.

2º La UE tiene en el punto de mira a la profesión de Registrador de la Propiedad a trávés de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios, vigente desde diciembre de 2009.

Una directiva cuya no transposición a la normativa española ha dejado a los Registradores de la Propiedad como una especie casi única en Europa. En Francia, desaparecerán durante este año.

3º El Presidente del Gobierno, un hermano y el Director General de Registros y Notariado son Registradores de la Propiedad.

La figura del Procurador tiene los días contados... o no. El siguiente paso hacia la privatización de la Justicia

Un abogado ha presentado una cuestión prejudicial ante la Audiencia de Tarragona pidiendo que se pronuncie sobre la incompatibilidad de la normativa española en materia de representación procesal (Procuradores de los Tribunales) y la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios, vigente desde diciembre de 2009, y que el Estado español debió transponer hace varios años.


Vamos que el abogado quiere que la Audiencia de Tarragona consulte a la UE si se debe aplicar la normativa española en esta cuestión o debe aplicarse la directiva europea que supone la liberalización de las profesiones de abogado y procurador y el fin del monopolío en la representación legal en favor de los Procuradores y que cifra en más de 3000 millones de euros al año que salen del bolsillo de los ciudadanos que se ven inmersos en juicios varios.


Los notarios también están en contra de la privatización del Registro civil

 
El presidente del Consejo General del Notariado ha arremetido contra la reforma de los registros públicos que pretenden Gallardón y ha manifestado que las competencias que se han atribuido a su colectivo en materia de matrimonios y nacionalidades no sirven más que para distraer la atención ante la "nefasta" ley con la que el Ministerio de Justicia quiere reformar los registros y que incluye la "privatización" del Registro Civil.


La gran chapuza de la ley de tasas

Desde el lunes pasado ya se puede acceder a los formularios para pagar el tasazo de Gallardón tras la reforma cosmética que el Gobierno a realizado de la ley inicialmente aprobada en noviembre del año pasado. La noticia no tendría mayor interés sino fuera porque el mismo Gobierno que impone las tasas haya sido incapaz de proveer a los contribuyentes del documento necesario para abonarlas durante mes y medio. Pero más llamativo, hasta llegar al ridículo es que este hecho se haya repetido por segunda vez. Y es que, en el mes de noviembre del año pasado, cuando se aprobó el primer texto inicial, tampoco tenían preparados los modelos de autoliquidación de la tasa.

Esta chapuza es el colofón a una cadena de despropósitos de una ley mal planteada, mal concebida que sólo apoya el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Justicia.