miércoles, 3 de abril de 2013

La figura del Procurador tiene los días contados... o no. El siguiente paso hacia la privatización de la Justicia

Un abogado ha presentado una cuestión prejudicial ante la Audiencia de Tarragona pidiendo que se pronuncie sobre la incompatibilidad de la normativa española en materia de representación procesal (Procuradores de los Tribunales) y la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios, vigente desde diciembre de 2009, y que el Estado español debió transponer hace varios años.


Vamos que el abogado quiere que la Audiencia de Tarragona consulte a la UE si se debe aplicar la normativa española en esta cuestión o debe aplicarse la directiva europea que supone la liberalización de las profesiones de abogado y procurador y el fin del monopolío en la representación legal en favor de los Procuradores y que cifra en más de 3000 millones de euros al año que salen del bolsillo de los ciudadanos que se ven inmersos en juicios varios.




 ¿Es razonable que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos sigan pagando a una persona para que les presente papeles o les represente en juicio cuando ya existen los Abogados o cuando la mayor parte de escritos se pueden presentar telemáticamente o eso se pretende?. Esa es la pregunta de fondo que la UE ya ha contestado de forma negativa pero que, en España aún no se ha aplicado.
 
No obstante, la aplicación de la directiva europea tiene más consecuencias. El gobierno, está preparando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía las funciones de los Procuradores en materia de actos de comunicación, y extiende su intervención al procedimiento de ejecución además de dejar la puerta abierta a que asuman más funciones de "auxilio Judicial". 
 
Todo ello bajo la supervisión del Secretario Judicial (en el futuro Letrado de la Administración de Justicia) y de acuerdo con lo mandado por el Juez. Es decir, los convierte en una especie de pseudo-funcionarios sin haber pasado por proceso selectivo alguno. Por último, para rematar la faena, no tiene ningún reparo en darles la cualidad de agentes de la autoridad, es decir, en la nueva LOPJ se convierte a los representantes de las partes en policías.
 
Toda esta red de seguridad se tiende a costa del ciudadano que va a seguir pagando a los Procuradores burlando así el espíritu de la Directiva europea que quiere acabar con determinados monopolios profesionales.
 
Pero es que, además, supone una nueva vuelta de tuerca en la privatización de la Justicia ya que en la actualidad, estas funciones se vienen realizando funcionarios públicos de los Cuerpos de Gestión y Auxilio Judicial. Un ejemplo de este cambio lo encontramos en los lanzamientos de vivienda tan desgraciamente de moda en estos tiempos. Con la nueva LOPJ serán practicados por el Procurador (representante) del banco al que se le debe la hipoteca y no, como hasta ahora, por un funcionario público ajeno al acreedor.
 
Y como no, esta privatización, sigue el modelo diseñado por este Gobierno que ya se ha aplicado para privatizar los Registros civiles: en primer lugar, se asfixia a la Administración de Justicia negándole los medios suficientes tanto legales como materiales para ser eficaz. El problema de la ejecución son unas leyes ineficientes, una organización poco eficaz y la falta de medios materiales y personales en los órganos encargados de la ejecución. En segundo lugar, se desprestigia el trabajo realizado con mucho esfuerzo por parte de los funcionarios diciendo que hay un atasco en la ejecución y, por fin, se entrega a un gremio que aparece como el salvador del servicio

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