miércoles, 18 de febrero de 2015

El rocambolesco asunto de las tasas judiciales y otros gastos del Ministerio

Parece de chiste pero no lo es, el Ministro de Justicia, a preguntas de un diputado dice que no sabe dónde están esos 512 millones recaudados por su Ministerio en concepto de tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional pero que no tiene por qué saberlo y que tampoco en la Agencia Tributaria tienen que dar razón de su destino.  

Si, ya sé que existen dudas sobre la afectación de los ingresos por tasas pero no cabe duda de que existe una relación directa entre la tasa y su importe y el coste de servicio que se presta a cambio de ella. Incluso se habla de que la tasa financia el servicio que se presta. Y digo yo, que si la Administración de Justicia se molesta y emplea recursos en recaudar la tasa algo tendría que ver del pastel más cuando a los políticos, Ministro incluido, se les llena la boca con eso de modernizar la Administración de Justicia y dotarla de medios. 

El problema de la ley de Gallardón era la cuantía de las tasas y su generalización. Las tasas judiciales son constitucionales siempre y cuando sean proporcionadas y no impidan el ejercicio del derecho al libre acceso a la Justicia. Gallardón ya tuvo que modificar su propio texto dos meses después de entrar en vigor porque le sacaron los colores hasta la Defensora del Pueblo que es de su propio partido. Pero el texto actual sigue manteniendo tasas abusivas. 

Catalá lleva cinco meses anunciando que va a modificar la ley de tasas bajando la cuantía y estableciendo algunas excepciones. De momento, ayer ya adelantó que iba a suprimir la tasa de Pymes y autónomos. Muy bien,  pero los ciudadanos de a pié siguen esperando por lo suyo. Porque una casación se les puede ir por encima de los 3000 euros en tasas sumando la cuantía fija y la variable o una apelación a 2.800 euros sólo en tasas. Luego hay que sumar Abogado, Procurador y otros gastos. 

Todos hemos hecho ese ejercicio de imaginarnos que haríamos si nos tocara una cantidad importante en la lotería y, en este caso, podríamos trasladar este ejercicio a qué se podría hacer en Justicia con 512 millones suplementarios. Ahí van algunas ideas:

  • Abortar la privatización del Registro civil, profundizar en la renovación tecnológica y organizativa confiando en el potencial de los funcionarios de Justicia para modernizarlo. 
  • Cambiar el obsoleto programa de gestión procesal del Ministerio en vez de impulsar parches como el SIJ. 
  • Interconectar los Juzgados y Tribunales de todo el país y éstos con bases de datos externas sobre todo en materia penal. 
  • Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia con una formación adecuada y no una mera repetición de cursos de un plan de formación anodino y poco adaptado en la forma y en el contenido a las necesidades de una Administración de Justicia moderna, implantar la carrera administrativa para introducir la retribución por méritos en vez de potenciar los cargos de libre designación como se hace en la NOJ o mejorar las condiciones de las sedes judiciales para cumplir como mínimo las normas de prevención, seguridad e higiene... o dotar de mas medios materiales y personales y, en este caso, planificar los recursos humanos necesarios a medio plazo convocando plazas decentes todos los años. 

512 millones de euros que pueden dar para mucho... o no si seguimos empeñados en gastarnos 114.000 euros al año en abonar parking a coches particulares en el Tribunal Supremo. 

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