Que la Administración de Justicia necesita un cambio radical no lo niega casi nadie y uno de los puntos sobre los que debe girar el proceso de modernización es sin lugar a dudas las nuevas tecnologías. Más allá de que estemos o no de acuerdo con las reformas organizativas planteadas por el Ministro de Justicia, sin la existencia previa de una herramienta homogénea, fiable, rápida y eficiente de gestión procesal cualquier reforma esta abocada al fracaso.
En estos momentos el galimatías informático de la Administración de Justicia se resume en la existencia de hasta ocho plataformas distintas de gestión procesal al calor de los traspasos de gestión de los medios materiales. Esta torre de babel supone un despilfarro inaceptable en los tiempos que corren y en los que corrieron hace unos años pero ya se sabe que como había dinero nadie se preocupaba de si se gastaba bien o no. Alguna de las aplicaciones informáticas de gestión procesal, como la del Ministerio tienen un funcionamiento, digamos, manifiestamente mejorable y la deseada y deseable interconexión entre los Juzgados y Tribunales españoles es una quimera.
¿Qué se han hecho avances en materia de nuevas tecnologías?. Si pero la cuestión es si se han hecho los suficientes y si se han realizado en la buena dirección. Ahí ya hay más dudas.
En resumen, la situación tecnológica de la Administración de Justicia dista mucho de lo ideal. Hace falta menos protagonismos territoriales y más sentido común para que, luego, las necesarias inversiones puedan surtir el efecto deseado. Lamentablemente, no será en 2014 cuando ocurra todo esto. El lío territorial no permite buscar puntos de encuentro y que el sentido común se abra paso en la conferencia sectorial de Justicia. Por otro lado, en los presupuestos una de las partidas afectadas por los recortes de este año es precisamente la partida dedicada a las nuevas tecnologías.
