Sobre la ley de transparencia y la privatización del Registro civil

Hace pocos meses el Gobierno presentó y el Parlamento aprobó una ley de transparencia que pretendía ser el enésimo comienzo de la regeneración política en nuestro país. Algún día, después de tanto insistir, igual por casualidad resulta que lo conseguimos pero si dependen de la voluntad de los políticos mal camino llevamos porque a la hora de aplicar estos principios a al práctica cotidiana surgen las excepciones, los matices o directamente, los incumplimientos.

Dice en su preámbulo la ley 13/2013 que:

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”

La privatización del Registro civil es una decisión que sin duda afecta a los ciudadanos y también al manejo de fondos públicos por lo que, si el Sr. Gallardón y el Sr. Rajoy se creyeran lo que aprobaron en Consejo de Ministros, la decisión del Registro civil debería someterse al escrutinio público, analizarse todas las alternativas y no hurtar a la sociedad que es crítica y exigente la posibilidad de participar en los poderes públicos. 

Hasta la fecha sabemos de la existencia de una negociación en toda regla sobre el Registro civil por el reconocimiento expreso del Decano del Colegio de Registradores en una carta a sus compañeros. Existen reuniones donde se está negociando el arancel, la demarcación etc... conocemos quienes son los interlocutores de los Registradores en el lado del Ministerio. 

El Ministerio a fecha de hoy desmiente que  haya tomado una decisión pero no ha desmentido la existencia de una decisión tomada pero en ningún momento ha desmentido esas reuniones. ¿es esta la forma en la que los ciudadanos podemos conocer cómo se toman las decisiones?. ¿Es ésto transparencia?