Reflexiones sobre el acceso al empleo público en la administración de Justicia. Aplicación de la Directiva 99/70.

Dada la trascendencia de este asunto, las dudas que se están generando, el gran número de consultas que se han trasladado a CSIF y la utilización interesada que se pretende hacer de ello por determinados colectivos y algún sindicato o asociación de nuevo cuño que promete la consolidación al personal interino, quisiera aclarar lo siguiente:

La Directiva 99/70 CE incorpora al Derecho de la Unión un acuerdo que ha servido de base para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores temporales en todos los sectores de actividad.

En el sector público, CSIF ha recurrido a ella para conseguir en los tribunales el reconocimiento de trienios o de la carrera profesional entre otras cuestiones al personal interino.No obstante, en el propio acuerdo se reconoce la importancia de la existencia de contratos temporales ya que “responden a necesidades de los propios empresarios y trabajadores bajo determinadas circunstancias”. Es decir, no toda situación de temporalidad puede calificarse de abusiva, a la luz de esta directiva, por el mero hecho de tener una duración determinada.

Bajo estos principios, la Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español, entre otras leyes en el RD Ley 2/2015 TRET, RD Ley 5/2015 TREBEP, Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario y, más recientemente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ha establecido medidas para evitar y sancionar el abuso en la contratación temporal a través de medidas distintas proporcionadas a los distintos regímenes jurídicos laborales (social o administrativo).

A pesar de todo lo que se ha dicho al calor de las conocidas resoluciones del 14 de septiembre de 2016, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la resolución de las cuestiones prejudiciales (consultas) que le plantean los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sobre la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, éstas no otorgan derechos individuales a ningún ciudadano europeo en particular.  

El síndrome del carro y los bueyes en la Administración de Justicia

Nota.- Artículo publicado en confilegal.es el pasado 28 de octubre de 2018. Antes de la reforma de la LOPJ. Afortunadamente, la citada reforma que se publicó en el BOE del 29 de diciembre recogió la reforma del artículo 521 e introdujo medidas interesantes como la carrera profesional o las encaminadas a prevenir el abuso en la contratación temporal.

Dice el refranero popular que no se puede poner el carro delante de los bueyes. Los procesos de reforma, como el que afronta la Administración de Justicia, tienen sus pasos y su orden natural, que no puede ser alterado so pena de hace descarrilar el proyecto.

Por su parte, el diccionario de la RAE define síndrome, como conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa.

 

En la Administración de Justicia este síndrome del carro y los bueyes está caracterizado por la inexistencia de participación, por la incapacidad de sacar a la Justicia del debate político, mientras todo el mundo está obsesionado con una falsa independencia que muy pocos quieren de verdad, por la ausencia de voluntad por sacar adelante un acuerdo global sobre la Justicia, para anotarse cada uno el tanto del gran reformador de nuestra Administración sobre la base de un falso liderazgo que no es tal.

Todo ello deriva en el continuo parcheo, en la urgente y precipitada toma de decisiones muchas veces inútiles o innecesarias y en el abuso de la imposición de medidas o “grandes” ideas.

Este síndrome afecta gravemente al proceso de modernización de la Justicia en todos sus ámbitos: tecnológico, organizativo y profesional.

Aragón abandona Minerva... pero se queda con LexNET

El Ministerio de Justicia se va quedando más sólo mientras guarda bajo cuatro llaves (vaya ejemplo de transparencia) el Informe elaborado por la consultora Gartner y sobre el que sustenta su propuesta de programa de gestión procesal único para toda la Administración de Justicia. 

Esta semana que estamos terminando, el Gobierno de Aragón ha comunicado, a CSIF y al resto de organizaciones sindicales entre otros, que ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa pública navarra TRACASA para incorporar el sistema de gestión procesal AVANTIUS a la Administración de Justicia aragonesa. 

Según ha informado la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, el próximo día 21 de septiembre se celebrará una reunión con presencia de todos los afectados por el cambio de sistema, fundamentalmente empleados públicos, sindicatos, asociaciones y profesionales, para informar sobre las fases de implantación y los plazos tal y como hizo en su día Cantabria que en el año 2009 llegó a un acuerdo similar con esa empresa pública. 

Con esta decisión Aragón, pondrá en marcha un sistema de gestión procesal integrado (que puede incluir Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, módulo de actos de comunicación etc...) que ya funciona con bastante éxito en Navarra, Canarias y Cantabria bajo distintas denominaciones y desarrollos pero que comparten una misma base y estructura. Unos sistemas de gestión procesal que cumplen con todos los requisitos del llamado Test de Compatibilidad del CGPJ (ahora conocido con otro nombre pero que, en realidad, sirve para lo mismo: asegurar la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal en la Administración de Justicia). 

Por el valle de la muerte cabalgaron los 600...

“Media legua, media legua,

Media legua ante ellos.

Por el valle de la Muerte

Cabalgaron los seiscientos."

El día 3 de julio compareció la Secretaria de Estado de Justicia ante la Comisión del ramo en el Senado. Una comparecencia interesante en la que no se salió ni una coma del guión y que revela muchos datos sobre la línea de actuación de este Ministerio de Justicia.

No obstante, hoy, sólo me voy a referir a una de las frases que me llamó la atención. En un momento determinado de su comparecencia, que se recoge en la página 27 del acta recogida en el diario de sesiones de aquella jornada, la Secretaria de Estado dice de forma solemne: "A nosotros nos recordarán por haber tenido el coraje, la valentía y la decisión de haber dado un impulso definitivo a las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la justicia...".

Recientemente, mientras leía esta manifestación de la Secretaria de Estado, vino a mi memoria el poema épico de Lord Alfred Tennyson, la "Carga de la Brigada ligera", al que el título de este post hace referencia. El 25 de octubre de 1854 durante la batalla de Balaklava en la guerra de Crimea poco más de 650 efectivos, de cinco regimientos de lanceros, húsares y dragones británicos al mando de Lord Cardigan, cargaron al galope contra posiciones rusas situadas al fondo de un valle protegidas por artillería pesada bien pertrechada y parapetada por lo que la suerte de la Brigada estaba ya decidida.

Cortinas de humo y caza al "hacker"

Ha pasado más de una semana desde que supimos que LexNET no era seguro. Hasta esa fecha sabíamos que no servía para mejorar ni para agilizar la Administración de Justicia; después supimos que, lejos de cumplir ese objetivo, este programa la hace más vulnerable.  Una semana que se salda sin una sola respuesta plausible por parte del Ministerio de Justicia sobre lo sucedido y con una denuncia en la policía para perseguir al "hacker" que comunicó al propio Ministerio el agujero de seguridad en su sistema informático con el que se había encontrado.  (otro artículo sobre este tema y otro)

De entre las variadas estrategias que podrían haber adoptado, desde el Ministerio se ha decidido por la estrategia del silencio, eso sí, tras unos primeros comunicados para olvidar mientras se busca  una cabeza de turco sobre la que descargar la responsabilidad desviando la atención de lo esencial que no es otra cosa sino responder: ¿cómo es posible que uno de los programas clave del sistema de gestión procesal del ámbito tecnológico del Ministerio podía, por un lado, facilitar accesos no autorizados y, por otro, permitía el acceso directo a documentación sobre la arquitectura y código fuente de los programas clave del sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia?. 

El informe Gartner y el futuro tecnológico de la Justicia en España

En las últimas semanas el Ministerio parece haberse decantado por la implantación de un sistema de gestión procesal único. Según parece esa es la conclusión a la que ha llegado tras recibir el informe elaborado por una consultora tecnológica (Gartner) y que fue encargado por el Ministerio para realizar un estudio comparativo de los diferentes sistemas de gestión procesal existentes con el objetivo de encontrar una solución a la diversidad de sistemas y, especialmente, su falta de interoperabilidad.

La decisión ha causado gran sorpresa en algunas CCAA que han sido muy críticas con el contenido del llamado Informe Gartner y así lo han hecho constar en las alegaciones que han remitido al Ministerio de Justicia. En la última Conferencia sectorial, órgano que reúne al Ministerio de Justicia con todas las CCAA que han recibido traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia, no se pudo llegar a ningún acuerdo y quedaron muy claras dos posiciones antagónicas sobre este asunto. Por un lado están quienes, junto con el Ministerio de Justicia, defienden la existencia de un sólo programa en la Administración de Justicia y, por otro lado, quienes apuestan por permitir la existencia de diferentes sistemas de gestión procesal siempre y cuando sean interoperables. 

Brecha de seguridad en LexNET

El viernes pasado, a través del Decano del Colegio de Abogados de Murcia, tuvimos conocimiento de la existencia de una brecha de seguridad en el sistema de comunicación procesal LexNET por la que cualquier usuario del programa podía, cambiando su ID por la de otro usuario, acceder a cualquier expediente judicial. Este fallo de seguridad se produce, además, a las puertas del inicio del mes de agosto que sigue siendo inhábil desde el punto de vista procesal afectando, precisamente, a la realización de la mayoría de actos de comunicación y a la presentación de escritos, demandas y documentación

Este hecho, grave desde el punto de vista de la protección de datos personales, ha puesto en jaque el desarrollo del proyecto de Justicia digital y ha demostrado que quienes denunciábamos la obsolescencia e insuficiencia de los programas de gestión procesal del Ministerio de Justicia no íbamos muy desencaminados.

Para contextualizar lo que ha sucedido debemos tener en cuenta tres cuestiones: LexNET no es obra de un sólo Gobierno por lo que utilizarlo políticamente puede ser legítimo pero también puede restar credibilidad a algunas de las posiciones, LexNET es un programa obsoleto y viejo que no sirve para lo que se exige en una Administración pública moderna y LexNET se ha impuesto sin transparencia alguna y sin analizar las alternativas.

El babel informático en la Administración de Justicia

Muchas veces la verdad se encuentra en la simplicidad y el abogado José Muelas (@Josemuelas) describe de forma concisa  y clara la situación que vive la Administración de Justicia electrónica en un artículo publicado en el diario Confilegal titulado "España: la pesadilla de 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, ni se hablan". Se trata de una denuncia que el sindicato CSIF ya hizo hace dos años en rueda de prensa y que sigue vigente, lamentablemente.

El babel informático en la Administración de Justicia tiene su pecado original en el momento en que se decidió iniciar el proceso de traspasos (que no transferencias) de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Un error inicial al que le han sucedido otros más recientes y que explican la situación actual. 

Y después del referendum, ¿qué?

El brexit deja un Reino Unido más desunido que nunca. El ajustado resultado del referendum invita a reflexionar si un cambio tan trascendental del "statu quo" de un país puede ser decidido por unos cuantos votos. 

En este sentido la petición de repetición de referendum que supera ya, claramente, los 3 millones de firmas, plantea una solución más lógica. Un porcentaje de votos de al menos el 60% con una participación de un 75% como mínimo. Es decir, como ocurre en otras materias, algunos acuerdos trascendentales exigen un quorum mínimo de votantes y una mayoría cualificada. De no hacerse así, se corre el riesgo de fracturar la sociedad por mitad como así ha ocurrido. Del mismo modo, no deja de ser revelador que el 7% de los votantes del brexit y el 4% de los que votaron permanecer en la UE estén ahora arrepentidos tan sólo 48 horas después de haber votado y tras una campaña de varios días donde, se supone, se les dio toda la información. Los datos no alteran el resultado del referendum pero ajustan aún más las posiciones.

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El brexit

Las encuestas fallaron, daban un resultado igual en porcentaje (52% y 48%) pero invertido en la asignación a una opción u otra. Es la noticia del día, quizá del año o de la década, y ciertamente estamos ante un hecho histórico porque el Reino Unido será el primer país en dejar la Unión Europea desde su fundación (en forma de comunidad económica) hace unos 70 años. En mi opinión este referendum ha sido un enorme error político pues en la campaña, el populismo y demagogia de Farage y Boris Johnson, incluso con mentiras, se ha encontrado como pez en el agua frente al problema de defender la pertenencia a una organización abstracta y compleja como es la UE.

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Catalá felicita a Jueces, Fiscales y Letrados por la revisión de las causas penales... ¿y al resto de la oficina?

Aunque no haya cifras oficiales y se manejen estimaciones del año 2014, a pesar de la polémica suscitada en los últimos días con peticiones de dimisión incluidas entre el Ministerio y la Fiscalía con asociaciones profesionales de ariete, ahora lo importante es cerrar filas y calmar los ánimos. Así, que enhorabuena a todos por el "magnífico" trabajo. 

Un momento, ¿a todos?.... No, a todos no. A los funcionarios de los Cuerpos generales que han intervenido en la recuperación, clasificación y remisión de estos expedientes a esos no. Una vez más sale a relucir uno de los principales handicaps de la modernización de la Justicia: el de no reconocer que el trabajo en las oficinas judiciales sale adelante con el esfuerzo y el trabajo de toda la oficina judicial. Esa idea de trabajo en equipo que está en el espíritu y en la letra de la NOJ-NOF y que se pierde en una idea corporativa de Justicia más propia del siglo XIX que del XXI. 

Y no sólo eso, es preciso reordenar las funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de todos sus componentes, haciendo legal lo que ya es una realidad y es que no pocas veces los actos procesales se realizan de facto por personal que no tiene esa competencia reservándose tan solo la ficción de la firma lo que ralentiza sobremanera la tramitación de expedientes. Una reordenación de funciones unida a una reforma legal coherente que agilizaría la tramitación de los procedimientos y que permitiría mantener en la esfera de lo público todo el servicio de la Administración de Justicia en beneficio del ciudadano y de los propios funcionarios que verían reconocido su trabajo.   

El rocambolesco asunto de las tasas judiciales y otros gastos del Ministerio

Parece de chiste pero no lo es, el Ministro de Justicia, a preguntas de un diputado dice que no sabe dónde están esos 512 millones recaudados por su Ministerio en concepto de tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional pero que no tiene por qué saberlo y que tampoco en la Agencia Tributaria tienen que dar razón de su destino.  

Si, ya sé que existen dudas sobre la afectación de los ingresos por tasas pero no cabe duda de que existe una relación directa entre la tasa y su importe y el coste de servicio que se presta a cambio de ella. Incluso se habla de que la tasa financia el servicio que se presta. Y digo yo, que si la Administración de Justicia se molesta y emplea recursos en recaudar la tasa algo tendría que ver del pastel más cuando a los políticos, Ministro incluido, se les llena la boca con eso de modernizar la Administración de Justicia y dotarla de medios. 

El problema de la ley de Gallardón era la cuantía de las tasas y su generalización. Las tasas judiciales son constitucionales siempre y cuando sean proporcionadas y no impidan el ejercicio del derecho al libre acceso a la Justicia. Gallardón ya tuvo que modificar su propio texto dos meses después de entrar en vigor porque le sacaron los colores hasta la Defensora del Pueblo que es de su propio partido. Pero el texto actual sigue manteniendo tasas abusivas. 

Catalá lleva cinco meses anunciando que va a modificar la ley de tasas bajando la cuantía y estableciendo algunas excepciones. De momento, ayer ya adelantó que iba a suprimir la tasa de Pymes y autónomos. Muy bien,  pero los ciudadanos de a pié siguen esperando por lo suyo. Porque una casación se les puede ir por encima de los 3000 euros en tasas sumando la cuantía fija y la variable o una apelación a 2.800 euros sólo en tasas. Luego hay que sumar Abogado, Procurador y otros gastos. 

Todos hemos hecho ese ejercicio de imaginarnos que haríamos si nos tocara una cantidad importante en la lotería y, en este caso, podríamos trasladar este ejercicio a qué se podría hacer en Justicia con 512 millones suplementarios. Ahí van algunas ideas:

• Abortar la privatización del Registro civil, profundizar en la renovación tecnológica y organizativa confiando en el potencial de los funcionarios de Justicia para modernizarlo. 
• Cambiar el obsoleto programa de gestión procesal del Ministerio en vez de impulsar parches como el SIJ. 
• Interconectar los Juzgados y Tribunales de todo el país y éstos con bases de datos externas sobre todo en materia penal. 
• Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia con una formación adecuada y no una mera repetición de cursos de un plan de formación anodino y poco adaptado en la forma y en el contenido a las necesidades de una Administración de Justicia moderna, implantar la carrera administrativa para introducir la retribución por méritos en vez de potenciar los cargos de libre designación como se hace en la NOJ o mejorar las condiciones de las sedes judiciales para cumplir como mínimo las normas de prevención, seguridad e higiene... o dotar de mas medios materiales y personales y, en este caso, planificar los recursos humanos necesarios a medio plazo convocando plazas decentes todos los años. 

512 millones de euros que pueden dar para mucho... o no si seguimos empeñados en gastarnos 114.000 euros al año en abonar parking a coches particulares en el Tribunal Supremo. 

Catalá se queda sin argumentos para defender al privatización del Registro civil

Después de leer el resultado de la mesa informativa del pasado 4 de noviembre entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector, ésta parece ser la conclusión más acertada. Cuando se recurre al argumento de autoridad es que no se tiene ningún otro y, en materia de Registro civil ha quedado acreditado que a este servicio público no le hacen falta intereses particulares de unos profesionales liberales como son los Registradores. 

Y digo que son profesionales liberales porque el Ministro Catalá sigue empeñado en agarrarse a la definición de la ley hipotecaria sin atender a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE determinó que los Registradores no son funcionarios públicos sino otra profesionales que tienen atribuida una función residual de gestión de impuestos. 

Ahora, según Europa press, dice el Ministro que le llama la atención que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)  propuso hace tres años, cuando el PSOE aprobó la su ley, que el Registro civil fuera gestionado por los Registradores de la Propiedad y que nadie dijera nada.

Pues bien, para el Sr. Ministro que parece que tiene flaca memoria o que, como estaba en la empresa privada, no se enteró del asunto:

1.- Desconozco si hubo o no hubo reacción pero no es lo mismo que una enmienda así la defienda un partido local como ERC a que la defienda un partido de Gobierno como ocurre ahora.

2.- De todos modos, la enmienda de ERC no decía exactamente lo que el Ministro manifiesta con tanta alegría. Por cierto, copiando lo peor de su antecesor que también utilizó este argumento.  

ERC presentó la enmienda número 39 al Proyecto de Ley de Registro Civil, en la proponía que se añadiera a la Ley una nueva Disposición Adicional Novena, con el siguiente texto «Cuando las necesidades del servicio lo exigieren podrán demarcarse oficinas del Registro Civil a cargo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España anexas a los respectivos registros y en las localidades que se determinare en régimen de comisión de servicios o por Real Decreto en que se establecerá el contenido y régimen jurídico de la encomienda de gestión.». 

Lo que no decía Gallardón y ahora no dice Catalá es que la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley del Registro Civil, integrada entre representantes de todos los Grupos parlamentarios incluidos el PP y ERC propuso el rechazo de dicha enmienda (BOCG de 03.05.2011), y que ni siquiera se sometió a debate o votación en la Comisión de Justicia del Congreso, en que se ratificó la ponencia (Diario del Congreso de los Diputados de 4 de mayo de 2011). 

2.- Esa enmienda fue rechazada por los dos partidos que, entonces, se turnaban en el poder. Rechazada pues tanto por PP como por PSOE porque la ley de Registro civil de 2011 fue aprobada con los votos de los dos partidos. Por cierto, una ley que al menos dejaba el Registro civil en manos de una Administración pública en el concepto que el Tribunal de Justicia de la UE ha determinado y que no contó con la unanimidad sindical que se pretende.  

3.-  Lo que sorprende de verdad es que el PP, pensando lo que piensa ahora, no se apuntara a la enmienda de ERC y votara a favor de la ley del PSOE. ¿Es a esto a lo que se le llama coherencia ideológica o quizá que en ese momento no convenía pues no se podía controlar el proyecto en la línea deseada?. 

4.- Respecto a que se  ha retomado la negociación con el Colegio de Registradores no nos engañemos y nos haga trampas. ¡Como si eso fuera una novedad!. La realidad es que este Gobierno nunca ha dejado de negociar con los Registradores y siempre lo ha hecho como ahora, en secreto, de forma opaca y sin considerar ni querer negociar alternativas reales que ya podrían estar en funcionamiento. Porque al Registro civil no le hacen falta los Registradores sino más bien al contrario y ese es el problema fundamental: los intereses de casta de un lobby profesional. 

El Registro civil funciona a satisfacción del ciudadano (ver informe AEVAL 2012) y podría hacerlo mucho mejor sin necesidad de privatizarlo si de verdad se velara por el interés general y se aprobaran las reformas legislativas necesarias, por ejemplo, en cualquiera de los casi 90 Reales Decretos Leyes que este gobierno ha aprobado en esta legislatura. 

4.- Que, lo que llama la atención y mucho es que, para justificar y defender lo indefendible, el Ministro de Justicia tenga que traer a colación una enmienda de un partido político independentista como ERC y que ese sea su principal argumento para defender la privatización.

Pues llevando la argumentación a otro terreno, ERC también propone la independencia de Cataluña y el Gobierno se opone a ella... al menos de momento porque visto lo visto, y de como cambia de opinión igual hay más sintonía de la que parece.  En ERC deben estar ojipláticos y esperanzados a la vez porque sus deseos igual están más cerca que nunca. 

Lesmes sigue preocupado con la idea de politización del CGPJ e insiste en la concentración de partidos judiciales

Parecen temas diversos pero tienen el mismo denominador se trata de las dos grandes reformas de Gallardón e materia judicial.

Por un lado, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo. A este respecto hace bien el Presidente del Consejo en estar preocupado pues la reforma operada en el sistema de elección de vocales, además de estar en las antípodas de lo que el PP prometió en su programa electoral, no favorece, precisamente, que los ciudadanos tengamos una mejor opinión del Consejo General del Poder Judicial. 

En segundo lugar, Lesmes se muestra firme partidario de los Tribunales de Instancia algo que está detrás de esa concentración de partidos. Pero, el problema es que nadie ha argumentado porqué la justicia colegiada es mejor que la unipersonal. Los defensores de esta idea se limitan a decir que sería mejor pero no explican el porqué y un cambio tan radical de la Administración de Justicia en nuestro país exigiría un poco más de pedagogía y debate porque no se trata de imponer una organización judicial sino de ver si es o no apropiado y razonar porqué. Además, el proyecto de Gallardón de Justicia colegiada no es el único que existe. Basta con echar un vistazo a la doble primera instancia del tipo francés que sugirió, en 2011, la comisión de expertos para la reforma de la demarcación y planta.

Por otro lado, la reducción de partidos judiciales siempre ha estado en la mente del CGPJ con independencia de su composición. Recordemos la propuesta del año 2012 que suponía la eliminación de 232 partidos judiciales de un golpe. Una reforma bastante discutible aunque, todo hay que decirlo, estaba bastante más razonada que la que ahora se pretende. 

Además, ¿es sensato tener a la Administración de Justicia en una contínua convulsión reformista?. Reformar es bueno y a la Justicia de nuestro país le hace falta un buen cambio, pero cuando la NOJ y la NOF están como quien dice "en mantillas", cuando el expediente digital es una quimera y cuando los recursos siempre escasos, lo son ahora mucho más, exigen priorizar los objetivos; creo que es hora de ir a paso a paso y por su orden. 

Y una cuestión más, el Sr. Lesmes debería también preocuparse por el cambio en el régimen de imposición de costas en el orden contencioso administrativo que impide a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos en defensa de sus derechos laborales tan diezmados en los últimos años, acceder a la Justicia en condiciones de igualdad frente a la Administración pública que, además, cuenta con los privilegios de la presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.

Las disminución de pleitos en este orden jurisdiccional tiene mucho que ver con este lamentable cambio legal y no tanto con la ley de tasas y, alguien tendrá que poner el interés general y el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia sobre el interés estadístico poniendo, entre otras cosas, los medios necesarios y removiendo obstáculos en vez de ponerlos en el camino de los sufridos ciudadanos. 

La CNMC rechaza la queja de los Registradores sobre la licitación del contrato de la plataforma digital del Registro civil

En realidad si unos lee la noticia, lo que ha dicho la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) es que no es competente para resolverla, vamos que se quita de en medio declinando el asunto a los Juzgados de lo contencioso administrativo. 

Veremos qué pasa tras esta decisión, si es que se confirma pues el diario cita fuentes conocedoras de la tramitación de la denuncia, pues la decisión de los Registradores de recurrir judicialmente el decreto del Gobierno o no dependerá de de si el proyecto sigue adelante o no y en qué condiciones. El lunes parece que saldremos de dudas sobre las intenciones del nuevo Ministro al respecto aunque es cierto que el Dictamen del Consejo de Estado no habrá dejado indiferente al Colegio de Registradores que sale reforzado. 

De todos modos, sigue llamando la atención que quienes rechazaron públicamente hacerse cargo del Registro civil en las condiciones impuestas por Gallardón; ahora estén interesados en participar del proyecto. ¿Será que han cambiado las condiciones o que ya se ha visto donde está el dinero?.

Por otro lado, os enlazo una circular del sindicato CSIF que fija posición sobre el Registro civil a la espera de conocer los planes del Ministro Catalá. Esto no ha terminado. 

Perspectivas sobre el Registro civil: hacia un nuevo modelo

Tras los tres últimos post, algo más largos de lo deseable, creo que se puede tener una visión de conjunto sobre lo que está sucediendo en el Registro civil. El futuro más inmediato del Registro civil pasa por la decisión del nuevo Ministro sobre el proceso posterior al RDL 8/2014 y por el nuevo organigrama que se vaya concretando en la estructura del Ministerio. De momento, uno de los impulsores de la privatización, el subsecretario, ya ha sido sustituido; y es de esperar que a más tardar en una semana se complete la transición. 

Si algo queda claro de este relato es que los ciudadanos se pierden entre disputas, dinero, contratos, empresas e intereses corporativo. Nadie se ha preocupado de explicar en qué iban a mejorar las cosas para el ciudadano en materia de Registro civil. Nadie se ha preocupado de investigar las causas de los problemas en el Registro civil presupuesto básico para poder remediarlos. Nadie se ha preocupado de analizar alternativas. Y todo ello porque la decisión se tomó "a priori" con fundamento a lugares comunes y prejuicios. 

Mi opinión es que debería paralizarse todo y aprovechar la nueva "vacatio legis" para plantear la reforma del Registro civil sobre la base del diálogo y la negociación con la participación de todos aquéllos que están involucrados en el funcionamiento del Registro civil y pueden aportar su experiencia para mejorar el funcionamiento incluidos los Magistrados porque frente a lo que se nos ha querido transmitir, que los jueces no querían el Registro civil, he podido leer un comentario al post de "hay derecho" de un Magistrado en el que queda claro que hay Jueces que no están de acuerdo con la desjudicialización.  

No obstante, creo que el Registro civil estaría perfectamente gestionado por funcionarios de Justicia pero si queremos que se nos escuche y se nos dé voz y voto en este asunto, no podemos negárselo a los demás.

El dato de satisfacción de los ciudadanos sobre el Registro civil, del que me hice eco en un post anterior, refuta las tésis del anterior equipo ministerial sobre el funcionamiento del Registro civil pero no quiere decir que las quejas no existan ni que no se deba reformar el Registro civil en su conjunto.

Bajo la premisa de un Registro, centro de destino de los funcionarios de Justicia y servido por éstos. 

Al Registro civil le hace falta un cambio empezando por su estructura pasando de ser un Registro civil de hechos a uno de personas. Esto ya estaba en la reforma de 2011 y es una de las cosas que me parecían bien de ese proyecto.

Al Registro civil le hacen falta medios personales suficientes y con una formación inicial y continua adecuada. Unas plantillas ordenadas a través de unas relaciones de puestos de trabajo claras que delimiten responsabilidades y reconocimientos.

Al Registro civil le hacen falta medios materiales, sobre todo, medios informáticos. Un Registro civil informatizado y, a la vez interconectado para poder gestionarlo como Registro único electrónico. Otra de las ideas de la ley de 2011 que también son válidas a mi juicio.  

En esta cuestión sería urgente que se habilitara el registro civil electrónico para asegurar la certificación de cualquier inscripción digitalizada con independencia del lugar de inscripción o incluso inscribir fuera de los límites territoriales que ahora existen. Luego sería necesario analizar los costes de adaptación de lo que ya se tiene INFOREG para que pueda utilizarse en un registro personal pues ahora, sigue la estructura de hechos registrales. 

Al Registro civil le hace falta una normativa nueva, adaptada a la realidad social del siglo XXI y coherente, es decir, que recoja toda la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado. Asimismo, es necesario mejorar la comunicación entre la Dirección General y cada Registro (yo diría con cada funcionario) a la hora de transmitir las instrucciones, circulares etc... y que estas se puedan consultar en un reservorio normativo, doctrinal y jurisprudencial gestionado y actualizado por la Dirección General.

Al Registro civil le hace falta un estudio de su demarcación aprovechando la actual y modificando lo que haya que modificar o, porqué no, comarcalizando en algunos casos los Registros civiles pero sin olvidar la necesaria cercanía al ciudadano. En este sentido se debería potenciar la función de Registro civil de los Juzgados y Agrupaciones de Paz servidos por funcionarios de Justicia. 

Al Registro civil le hace falta menos imposiciones y más acuerdo social, politico y profesional-sindical. Un acuerdo necesario en un proyecto a medio y largo plazo que precisa continuidad.

Registro civil: recapitulemos (III)

Tras la aprobación del RDL 8/2014, un mes más tarde se cambió la norma de delegación de competencias dentro del Ministerio porque por mucho que lo dijera el RDL el Director General de Registros y del Notariado no podía adjudicar el contrato de la plataforma digital ni supervisar la licitación.

Además, dos cuestiones se planteaban sobre el nuevo Registro civil:

1º La legalidad de esa nueva Corporación de Derecho Público y, más aún la intrincada solución para financiar el Registro civil a través de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil.

2º ¿Cómo es posible que unos profesionales que cobran por sus servicios renuncien a parte de sus ingresos y asuman más trabajo?

Sobre la primera cuestión, el Colegio de Registradores ya anunció acciones legales en contra. Sin duda, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio y el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto de 14 de septiembre de 2014 que desarrolla las previsiones de las Disposiciones del RDL en relación con la Corporación de Derecho Público habrán agradado al citado colegio pues suponen la demolición de esa Corporación de Derecho Público. Es cierto que el dictamen no es vinculante y habrá que esperar a ver que hace el nuevo Ministro al respecto pero parece que los argumentos jurídicos están bastante bien asentados como para fundamentar acciones legales y garantizar, dentro de lo que se puede garantizar en un proceso judicial, el éxito de la pretensión del Colegio de defender sus derechos y competencias reconocidas en la Constitución sobre el dominio de las aplicaciones de registro que usan en su trabajo. 

Sobre la financiación recomiendo la lectura de este artículo del blog "Hay derecho" y hay una cosa que me llama la atención ¿porqué el mismo Colegio que rechaza el Registro civil antes del RDL 8/2014 y que incluso lo rechaza en la primera nota de prensa después de conocer la decisión del Gobierno; ahora, quiere estar dentro del concurso y optar al contrato de la plataforma digital. Sólo se me ocurre una respuesta: detrás de esta operación hay dinero. 

Creo que en este mismo blog ya dejamos sentado el principio de que de algún sitio debía salir el dinero para pagar la fiesta al descartar que los Registradores sean una especie de millonarios altruistas dispuestos a sacrificarse por la sociedad. Y, ojo, que no creo que haya que exigirles este sacrificio porque podremos opinar sobre si cobran mucho o poco pero no que si su sistema retributivo se basa en cobrar por prestar un servicio deban renunciar a ello. De hecho, tal y como se señala en el artículo antes citado, si de verdad la financiación del Registro civil sale de las cuotas de los usuarios del Registro mercantil tal y como se dice en el RDL 8/2014 y, dejando a un lado, la dificultad legal de que un usuario de un servicio pague otro distinto y teniendo en cuenta que, al menos que sepamos no habrá subida de aranceles, podríamos pensar que estos funcionarios estaban pagados en exceso por sus servicios. 

Desde que llevo analizando este problema he llegado a la conclusión que, en materia de financiación las fuentes podrían ser varias sin perder de vista que, al tratarse de una función pública siempre se podría contar con el colchón de papa Estado al rescate, es decir, de todos nosotros pagando el error de entregar un servicio sin financiación suficiente. Al final, el Registro civil que se pagaba con impuestos acabaría volviendo a ser financiado con los impuestos. Vamos que no necesitábamos estas alforjas para este viaje. 

De entre las otras opciones se me ocurrió la financiación por otros hechos registrales que se inventen y tenemos el ejemplo de la inscripción del domicilio, de los poderes (más de 3 millones anuales) etc... que podrían ser una fuente de financiación estable. O como se sugiere en el artículo de "hay derecho" por crear un nuevo concepto por el uso de la aplicación informática creando además, la obligación de usarla a terceros profesionales antes de realizar cualquier operación mercantil o hipotecaria. Al final éstos terceros acabarían trasladando este coste al ciudadano que requiere sus servicios. Es decir, no pagarían los usuarios del registro mercantil sino además un número cambiante de ciudadanos que realicen estas operaciones con obligación de consulta previa y uso de la aplicación informática. 

El problema como se dice en el mismo artículo es la opacidad. Seguimos sin saber algunos datos que permitirían despejar esta duda. Una opacidad que viene de la mano de la consideración de este contrato como de seguridad nacional. Una exageración a todas luces injustificada salvo porque se quiera utilizar con la finalidad de que el concurso se realice por el procedimiento negociado, con unas empresas invitadas y bien avenidas donde los criterios subjetivos priman sobre los objetivos. Esta opacidad podría estar dirigida a la protección de un polizón o "free rider"  que o bien no asume los riesgos o bien disfruta de unos beneficios que no puede compartir. Y aquí vuelve a aparecer FUTUVER.

Esto explica la sorprendente manifestación del Decano de los Registradores que en carta a sus compañeros les dice que el propio Ministro le recomendó unirse en una UTE con una empresa tecnológica  (¿en concepto de qué recomendó el Ministro esa unión?). Sin esa UTE no se podía participar en el concurso y, probablemente, no se podría participar en los beneficios que se pudieran obtener por la concesión del contrato.Y probablemente, de todo lo expuesto, también se entiende la preocupación del Ministro cuando el Decano le comunica que las tres empresas con capacidad tecnológica para estar en el concurso tenían "compromisos previos" ya que, si el Colegio se hacía con el contrato gran parte de los reparos del Consejo de Estado decaían puesto que el Colegio recuperaba su posición y sus competencias. Era una forma de solucionar el problema sin tener que retroceder. 

Y hasta aquí el relato de lo que ha acontecido en torno al Registro civil. Creo que no omití ningún dato, en todo caso, lo enmendaré en sucesivos post y en cuanto a las opiniones, son todas ellas susceptibles de ser rebatidas por cualquier mejor fundada. 

Sólo una cosa. Creo que todo este asunto ha llegado demasiado lejos. Creo que debería retirarse este proyecto. Creo que la solución del Registro civil pasa por los funcionarios de Justicia por ser la solución más sencilla, transparente y más beneficiosa para el ciudadano. Creo que el nuevo Ministro debería considerar las propuestas que le han lanzado los sindicatos y asociaciones y creo que debería consensuar el nuevo modelo con quienes dentro de un tiempo pueden acceder al Gobierno ya que el Registro civil como la Administración de Justicia necesitan un gran y continuado impulso con la dotación de medios personales y materiales a corto, medio y largo plazo. 

Registro civil: recapitulemos (II)

Tras la derrota de Zaragoza, el Ministerio de Justicia manifestó que renunciaba a su proyecto. La realidad nos ha demostrado que esa renuncia era impostada y que se siguió negociando con los Registradores hasta la abrupta ruptura tras la publicación de una carta del Decano Presidente a sus compañeros en la que se desvelaba que el Ministerio había decidido imponer la llevanza del Registro civil a los Registradores.

Esa ruptura provocó un segundo anuncio de ruptura de las negociaciones por parte del Ministerio y de que se  iba a buscar otras fórmulas que, en todo caso, pasaban por la atribución del Registro civil a varios cuerpos de funcionarios. , el segundo que tampoco fue tal, como anunció un sindicato días después. 

El 22 de julio pendía como espada de damocles sobre el Registro civil y debía tomarse una decisión antes de esa fecha en la que debía entrar en vigor la ley 20/2011. Una ley que estaba claro que no podía entrar en vigor porque encomendaba la función de Registro civil a Comunidades autónomas y Ayuntamientos que ya habían dicho que, con la crisis, no podían hacerse cargo del mismo. 

El Ministerio de Justicia, aparentemente estaba buscando esas alternativas, pero un buen día los funcionarios de los Registros civiles se encontraron con un formulario remitido por El Corte Inglés a quien el Ministerio había encomendado hacer un inventario. La pregunta inmediata era para qué se hacía este inventario y porqué se contenían preguntas como si se contaba con muelle de carga y descarga o cuanto medían los libros del archivo registral.  si como se decía se había renunciado al proyecto de los Registradores y cobraba fuerza la idea, oficiosamente confirmada desde el Ministerio, de una vacatio de dos o tres años. Es decir, como se dice en rugby, una patada a seguir, una huida hacia adelante trasladando la decisión hasta después de las elecciones de 2015. 

Esta posibilidad de la vacatio se fomentó desde el propio Ministerio mientras seguía negociando, esta vez discretamente, con una parte de los Registradores: con los derrotados de Zaragoza donde los Registradores con Registro mercantil a cargo. colegas del Director General de Registros y del Notariado, tenían mucha fuerza. 

Y esta es la vía que, al final triunfó. Hasta el último momento, el Ministerio de Justicia parecía barajar la vacatio legis como la solución ante el atasco que se había producido en la negociación con los Registradores, fundamentalmente por la gratuidad y la presión social y política creciente. Pero el 4 de julio (día de la Independencia en los USA) se publicó la decisión de entregar el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y mercantiles a cargo de oficinas de Registro mercantil que pasarían a denominarse Registradores civiles y mercantiles.

Además este RDL, el número 82 de la legislatura, creaba una Corporación de Derecho Público en la que se incluirían a todos los Registradores civiles y mercantiles cuyas cuotas serían las que financiarían el Registro civil (plataforma informática, oficinas salvo los archivos centrales a cargo del Ministerio y las CCAA y personal). Por último, el Registro civil sería gratuito para todos los ciudadanos.

Hasta aquí la segunda parte de este relato comentado sobre el proceso de lo que se ha venido en llamar privatización del Registro civil. Pero antes de terminar quisiera decir que, bajo mi punto de vista, el Ministerio de Justicia siempre tuvo clara su decisión y nunca barajó alternativa alguna. Este hecho llama la atención sobre todo por como se van a forzar las cosas a partir de la publicación del Real Decreto Ley y, porque entiendo que un responsable sea de una empresa o de una administración tiene la obligación de analizar las alternativas aunque sólo sea para justificar su decisión.

La decisión estaba tomada porque:

1º Se justificó inicialmente en una verdad a medias, es decir, una mentira, manipulando las quejas de los ciudadanos y poniendo a los pies de los caballos a los funcionarios de Justicia.
2º Se siguió manipulando cuando se identificaba la desjudicialización con la salida del Registro civil de la esfera de la Administración de Justicia habiendo otras alternativas.
3º Y es que siempre se ha negociado con una parte de esta historia, con unos funcionarios públicos , los Registradores primero a través del Colegio y luego, con algunos de ellos, despreciando las propuestas y el derecho a opinar y a participar de otros funcionarios públicos como son los de Justicia.
4º Aunque en público se anunciaron dos renuncias al proyecto, la realidad ha demostrado que se siguió negociando.
5º Por lo que veremos en la tercera parte de este relato se forzó la legalidad para conseguir el objetivo. 

Registro civil: recapitulemos (i)

En los últimos días han surgido varias noticias y artículos sobre la cesión del Registro civil a los Registradores mercantiles que confirman lo que algunos sospechábamos desde el principio: hay gato encerrado y además tiene la bolsa llena de dinero. 

Uno tiene la sensación de que las piezas empiezan a encajar y más si hacemos un ejercicio de memoria de como comenzó esta historia. 

Hace poco más de dos años el Sr. Ruiz Gallardón anunció la posibilidad de que el Gobierno de encomendara el Registro civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. De entre todos los argumentos, uno de ellos aparecía repetido como un mantra: el Registro civil funciona mal y las quejas de los ciudadanos demuestran que hace falta cambiar. Para justificar esa impresión acudían a los informes del Defensor del Pueblo y otros parecidos pero el escenario estrella fueron las nacionalidades. 

Desde el principio muchos rebatimos la manipulación de los datos que ofrecía el Ministerio porque no se podía generalizar. Las quejas se referían a la nacionalidad casi en exclusiva y aquí entraban en acción otros factores como la falta secular y grave de medios ,materiales y personales, responsabilidad exclusiva de los sucesivos Gobiernos, unido al crecimiento de la población española sobre todo de inmigrantes que con el paso del tiempo solicitaban la nacionalidad española lo que no sólo afecta a la cantidad de expedientes sino también a su complejidad. Estos factores, ajenos al servicio y a quienes lo prestan, son la causa directa de los males del Registro y un gobierno diligente y defensor de los derechos de los ciudadanos lo hubiera solventado. 

Hace unos días, sin embargo, leí un informe de AEVAL fechado el año 2013 (la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos dependiente del Ministerio del todopoderoso Montoro) que desmentía claramente al Ministerio dejándolo al aire en su manipulación. El informe en sus páginas 11 y 67 decía que el 84% de los ciudadanos estaban o satisfechos o muy satisfechos con el Registro civil. Este porcentaje situaba al Registro civil como el mejor valorado de entre los servicios administrativos analizados. Es decir, que el argumento de las quejas del ciudadano no sirve salvo que se manipule para un fin concreto como así ha sido. 

El Ministerio de Justicia, con la decisión tomada desde el principio de ceder a los Registradores el Registro civil por mucho que se esforzaran en desmentirlo, para reforzar su mantra, en connivencia, con el entonces afín, Decano de los Registradores pergeñaron un plan de digitalización de nacionalidades en el que también participaron los Notarios para el que se creó una Comisión en el seno de la Dirección General de Registros y del Notariado (cuyo titular es un Registrador mercantil) presidida por un Registrador que recomendó al Colegio de Registradores la adquisición de un programa a FUTUVER, una empresa muy ligada al mundo del Registro de la Propiedad como dice en su web corporativa. Un programa que costó algo más de cinco millones de euros y que una auditoría posterior determinó que se trataba de un precio 10 veces superior al de mercado. 

Paralelamente, el Gobierno ante la presión de la sociedad se compromete a que el Registro civil seguiría siendo gratuito para los ciudadanos pero sin concretar cómo lo iba a hacer. Así, la tensión dentro del Colegio de Registradores iba creciendo entre quienes defendían la tésis del Ministerio y dominaban la Junta del Colegio y quienes no veían clara la sostenibilidad de la propuesta y como se dice en este post del blog "Hay derecho"lo consideraban un caramelo envenenado que podía llevarse por delante a todo el cuerpo de Registradores. 

Así se llegó a la Asamblea General de Zaragoza en abril de 2013. Una Asamblea histórica porque hacía muchos años que no se reunía este órgano superior en materia corporativa cuyas decisiones son vinculantes para la Junta y porque la Junta rectora recibió un duro correctivo al ver rechazada su moción de apoyo al proyecto del Ministerio por un 60% de los asistentes. La consecuencia fue la dimisión de la Junta derrotada en Zaragoza  y su sustitución por otra que se comprometió a respetar el mandato de sus compañeros, en unas elecciones que evidenciaron las tensiones y la división en el Cuerpo de Registradores que le vino bien al Gobierno en su estrategia como veremos más adelante.  

Una mentira más o al menos una media verdad que viene a ser lo mismo

Uno de los datos que el Ministerio, el saliente que de este sólo sabemos que quiere modernizar el Registro civil, siempre agitaba para justificar la privatización era que el Registro civil era el que más quejas recibía de toda la Administración de Justicia. Ya he dicho en este blog que ni el dato se podía generalizar a todo el Registro civil y que tampoco se podía citar aislado, fuera del contexto, penoso contexto de la precariedad de medios con la que siempre nos han obsequiado nuestros políticos. Por otro lado, lanzar ese dato y repetirlo como mantra sólo tenía una consecuencia: poner a los funcionarios públicos al pie de los caballos de la opinión pública. 

Pues bien, ha caído en mis manos un informe de AEVAL (la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios públicos) dependiente del todopoderoso Ministro de Hacienda que parece contradecir ese "dato".

Según este informe de 2013, (págs. 11 y 67)  el Registro civil es el servicio administrativo del que los ciudadanos se sienten más satisfechos muy por encima de la media con un 84% de ellos que lo están muy satisfechos o satisfechos. Muy mal no lo harán los miles de funcionarios de Justicia que abren los Registros civiles de toda España. 

Por eso me voy a permitir romper una lanza por mis compañeros del Registro civil y denunciar, una vez más, el maltrato recibido por un Gobierno que se lanza a privatizar sin contar antes con el excepcional capital humano con el que cuenta. Una vergüenza. 

El nuevo Ministro mencionó el Registro civil de pasada, habló de modernizarlo sin concretar como hacerlo. Haría bien, muy bien, en tomar buena nota de este informe y confiar en sus funcionarios de Justicia como expertos que son en Registro civil retirando el proyecto de privatización que como comentaré más adelante, cada día huele peor.